El grupo parlamentario de Vox en el Parlament de Catalunya ha presentado varias preguntas por escrito dirigidas al Govern de la Generalitat relacionadas con el desarrollo y contenido de la convocatoria ordinaria de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de 2025. En total, los documentos registrados recogen más de 40 cuestiones que apuntan a una triple preocupación: la penalización de faltas ortográficas, el trato al castellano como lengua de examen y el sesgo ideológico del examen de Historia.

La diputada Júlia Calvet, en representación de Vox, ha denunciado que el Govern provocó “inseguridad” entre más de 44.000 estudiantes al cambiar dos veces, en apenas 24 horas, los criterios sobre la penalización de faltas de ortografía. Según Calvet, la rectificación del Departament de Universitats i Recerca, que primero anunció que no se descontarían puntos por errores ortográficos y luego lo desmintió, generó una “falta de claridad” que debería haberse evitado desde el mes de octubre anterior.

Además, Vox reclama explicaciones sobre la justificación de que algunas asignaturas con redacción, como Historia o Filosofía, no penalicen errores ortográficos, a pesar de que la normativa estatal permite hacerlo hasta un 10%. La diputada pregunta si esta disparidad no supone una rebaja del nivel de exigencia en materias clave.

El castellano, tratado como "incidencia"

Otro bloque de preguntas se centra en el uso del castellano como lengua vehicular en los exámenes. Vox considera discriminatorio que, en la hoja de incidencias de la PAU, la elección del castellano aparezca junto a conceptos como “alumnos no presentados” o “incidencias horarias”. Según Calvet, este hecho no sólo transmite un trato desigual hacia esta lengua, sino que además “dificulta que los alumnos ejerzan su derecho a examinarse en castellano libremente y sin presiones”.

El grupo también exige datos concretos sobre cuántos alumnos han solicitado hacer los exámenes en castellano en cada una de las más de 30 asignaturas ofertadas, desde Historia hasta Matemáticas, pasando por Dibujo Técnico, Latín o Química.

Acusaciones de adoctrinamiento en el examen de Historia

Uno de los puntos más críticos del paquete de preguntas tiene como objetivo el examen de Historia. Vox acusa al Govern de convertir una prueba académica en una herramienta de “adoctrinamiento separatista, sectario y anticatólico”. Según el grupo parlamentario, varias preguntas del ejercicio 3 utilizan un lenguaje tendencioso, al hablar, por ejemplo, de “avances durante la Segunda República” frente a un “retroceso durante el franquismo”, lo que en su opinión introduce un sesgo ideológico que desvirtúa el rigor académico.

En la misma línea, critican que los criterios de corrección penalicen respuestas que no repitan el “marco interpretativo oficial” propuesto por los correctores, y que valoren positivamente afirmaciones como “el papel represivo de la Iglesia católica” o que califiquen como “inmenso” el retroceso de la mujer bajo el régimen franquista, sin dejar espacio a otras perspectivas históricas.

Asimismo, cuestionan que se incentive la mención al catalanismo político como legítimo, mientras se penaliza cualquier enfoque más integrador sobre la organización territorial de España. Para Vox, esta orientación de las preguntas “coarta el pensamiento crítico del alumnado y transforma la prueba en un vehículo ideológico”.

A raíz de estas denuncias, Vox pide al Govern que aclare si tiene previsto revisar el examen de Historia y corregir los criterios actuales para garantizar una evaluación “objetiva, académica y plural”. También exige saber si en futuras convocatorias se mantendrán las actuales medidas respecto al tratamiento del castellano y las faltas ortográficas, o si, como ocurrió este año, volverán a modificarse a última hora.