La cárcel más conflictiva de España registra más de cien incidentes al mes

El sindicato de prisiones Acaip, en colaboración con la UGT, ha elaborado el informe sobre incidentes ocurridos en el centro penitenciario de Picassent durante el primer semestre de 2019. En el mismo se deja constancia de que dicha prisión es una de las conflictivas del sistema penitenciario español, debido, entre otras cosas, a que alberga una mezcla muy diversa de internos: jóvenes, adultos, mujeres y hombres en régimen de primer grado (el más peligroso).

De hecho, del 1 de enero al 30 de junio de 2019 se registraron 690 incidentes que incluyeron diez agresiones o intentos de agresión a los funcionarios de prisiones con lesiones de diversa gravedad, a consecuencia de los cuales, incluso, alguno de los trabajadores agredidos tuvo que permanecer de baja médica. Puñetazos en la cara, patadas, mordiscos, arañazos son algunos de los métodos utilizados por los internos para agredir a los trabajadores. Además, se han producido hechos que no han llegado a la agresión, por suerte, o por intervención de otros internos, que sujetan al que intenta agredir, según el informe.

Además, se ha producido un intento de plante en el que algunos internos intentaban que otros protagonizaran incidentes graves o no entraran en sus celdas. También se ha consumado una evasión del centro penitenciario. Concretamente, el 2 de junio un interno que realizaba tareas de mantenimiento en la zona del aparcamiento del centro salió corriendo hacia el exterior y logró fugarse. Y además, también se ha producido un suicidio.

Relata el sindicato que la Administración penitenciaria sólo considera que hay agresión a un trabajador si hay un daño. Así, por ejemplo, en el caso de que un interno le ponga un cuchillo en el cuello a un trabajador, sólo sería reflejado como agresión si se lo llegar a clavar. Denuncian que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se sigue negando a que los funcionarios penitenciarios tengan la condición de agente de la autoridad en el desempeño de sus funciones (algo que si tienen por ejemplo los maestros y los médicos) y que les ofrecería una mayor protección jurídica y de prevención general.

Añade el informe que este semestre se han producido 78 casos de amenazas graves y coacciones. En muchos de los casos se trata de amenazas de muerte y también de actuar contra ellos una vez que salgan en libertad. Hasta en ocho ocasiones los internos se han resistido de forma activa y violenta al cumplimiento de órdenes o de la normativa interior del Centro. Estos episodios no terminan en agresiones a trabajadores u otros internos por la profesionalidad de los funcionarios penitenciarios y, en algunas ocasiones, "sólo por suerte". La mayoría de estos hechos se producen en el departamento de Enfermería o en el que aloja a los internos clasificados como de primer grado, el más peligroso. El centro en la actualidad aloja cuarenta y un internos de este tipo, cuando el máximo asignado es de 30. Ello supone que tengan que estar repartidos entre varios departamentos. Siempre según el sindicato, el módulo que alberga a la mayoría tiene gran cantidad de deficiencias estructurales en materia de seguridad, y supone un riesgo añadido para los trabajadores que prestan servicio en el mismo.

Desde Acaip se recuerda que hay un déficit endémico en materia de personal, "debido al maltrato desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que lo considera como un centro normal a la hora de dotación de personal (algo que no es cierto debido a su tamaño y a su estructura arquitectónica)". Añaden que "esta situación se agrava especialmente en cada período vacacional ya que un sólo funcionario tiene que hacerse cargo de más de 140 internos prácticamente todos los días, estando por debajo de los servicios mínimos que se imponen por la Administración en caso de huelga". Ha quedado demostrado en numerosas ocasiones que cuando el número de funcionarios prestando servicio se reduce, se incrementa la conflictividad, ya que los trabajadores no pueden llevar a cabo una adecuada vigilancia y control de lo que sucede en el Centro, y es imposible el poder cumplir con los objetivos constitucionales de reinserción de los internos.

Acaip hace hincapié en que el propio Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación de cierre del departamento que aloja a internos de primer grado por su falta de condiciones. Esta recomendación ha sido rechazada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Paradas las obras de la cárcel de Siete Aguas

Mientras tanto el nuevo centro penitenciario de Siete Aguas sigue con las obras paradas, a la intemperie. Para Acaip este nuevo centro sería fundamental para descongestionar Picassent, tanto numéricamente, como en cuanto a que podría albergar a los internos muy peligrosos.

Por último, subrayan que el déficit en materia de personal del centro continúa aumentando porque en los últimos cuatro años se ha perdido más de un 25 por ciento de la plantilla, y que el centro ha podido seguir funcionando gracias a que ha habido varios módulos cerrados. En la actualidad faltan más de cien trabajadores sobre el número mínimo que debería haber según la Relación de Puestos de Trabajo del Centro, concluye el sindicato.