Las cooperativas de viviendas, una solución para acceder a un hogar

La Federación de Cooperativas de Viviendas (Fecovi) está convencida de que la solución al Plan de Vivienda de la Generalitat pasa por la cesión de suelo público para la construcción de edificios en régimen de cooperativa. Vicent Diego, presidente de la entidad, tiene claras las condiciones que han de cumplirse para que sea una realidad.

Cuando el suelo es una cesión de uso y para viviendas de alquiler es fundamental que la cooperativa venga apoyada por la Administración de alguna forma, porque el gran problema en este caso es conseguir el crédito para construirlo. «Cuando la vivienda es social los inquilinos tienen unos ingresos económicos limitados, por lo que es muy difícil conseguirlo en el mercado libre, salvo que tenga un respaldo sólido».

En su proyecto, lo que defienden es que se establezca una línea de avales desde la Generalitat a través de Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). «No nos sirve un crédito ICO, porque estos al final los sentencian los bancos que son entidades que miran todas las condiciones por lo que difícilmente los concederán».

Aseguran que ni siquiera los promotores privados podrían hacerlo así en el caso de edificios para el alquiler a ciudadanos de pocos recursos. Piden un paso adelante del Consell para que el IVF, una vez adjudicado el suelo público a una cooperativa, la avale y así obtener un crédito destinado a construir las viviendas. También una responsabilidad solidaria de la Administración con los que alquilan las viviendas, para que en el caso de que no cumplan con los pagos, la Generalitat los cubra. «Tiene que haber una responsabilidad mancomunada con el vecino. No hay que olvidar -señala Diego- que las cooperativas siempre tienen un capital social que proviene de las cuotas para cubrir los fallos».

Por su parte, José Luis Santa Isabel, director general de ADU Mediterráneo, gestora de cooperativas, considera que si la Generalitat, como se establece en el Plan de la Vivienda, quiere destinarlas a un colectivo que tiene limitaciones de la renta, es decir, marcan ellos el cliente, han de ser consecuentes con sus capacidades de pago, y no dejar a la cooperativa abandonada».

En el Plan hay ayudas para el destinatario final del piso, pero no hay ninguna para el que promueve los edificios, lo que consideran ambos directivos que supone «un agujero de la ley que hay que enmedar, porque antes de adjudicar hay que construir».

Vicent Diego incide en que las cooperativas no hacen viviendas, sino que agrupan a las personas para que puedan hacérselas. «Los ciudadanos que no tienen recursos han de ir a la vivienda que ha de hacer la Administración. Pero un cooperativista tiene que pagársela si es en propiedad. Si es en alquiler nosotros nos referimos al derecho de alojamiento. Es decir, una cooperativa promueve y los socios han de pagar una parte de la construcción con un derecho de por vida».

Se trata de un cambio de mentalidad para conseguir una vivienda a precio de coste sin especulación y sin intermediarios. Es el caso de la que promociona ADU en Mestalla. Pero también se da la colaboración público-privada, en el que las instituciones aportan el suelo y las cooperativas se encargan de construirlas, equiparando el suelo con un canon simbólico y que entren solo aquellas personas que puedan pagar.

En la actualidad Fecovi tiene un convenio con la Generalitat, que ha sacado a licitación nueve solares públicos de los que cuatro, situados en San Juan, Rabasa en Alicante, Torrente y Gandía, les han sido adjudicados. El resto no reunían las condiciones porque se establecía que, al menos, una vivienda o más debían ser cedidas a la Administración. «Así el coste sube mucho para los cooperativas que han de correr con los gastos».

Tampoco cuadraban los precios, que se ajustaban a los que tenían las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en el año 2013. Algo irreal hoy.