Tribunales
El juzgado abre juicio oral contra un concejal de Compromís por homicidio imprudente
A Pere Fuset se le acusa de la muerte de un trabajador durante el montaje de las gradas de los conciertos de Viveros en 2017
El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra el concejal de Cultura Festiva en el Ayuntamiento de Valencia, Pere Fuset otros cuatro acusados y dos empresas por un presunto delito de homicidio imprudente por la muerte de un trabajador durante el montaje de las gradas de los conciertos de Viveros en el año 2017.
En este caso, la Fiscalía pide una indemnización de 255.000 euros para la familia del trabajador fallecido, una cantidad de la que considera responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Valencia.
El juez acuerda asimismo en esta resolución deducir testimonio por un posible delito de prevaricación (artículo 404 del Código Penal) contra el edil en relación a la adjudicación de la explotación de un establecimiento hostelero en las inmediaciones del lugar de celebración de los conciertos.
Esta misma semana, Fuset (Compromís) fue citado a declarar de nuevo en calidad de investigado por el juzgado que investiga una denuncia por supuesto fraccionamiento de contratos para Expojove y la Batalla de las Flores.
Fuset, que en su día se postuló como “delfín” de Joan Ribó, será el primer concejal del Gobierno de izquierdas que se siente en el banquillo.
“Negando la evidencia”
Tras conocerse la noticia, la portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha señalado que la apertura de juicio oral a Fuset, “aboca al gobierno de Ribó y el PSPV a una situación insostenible, que deberá afrontar sin seguir negando la evidencia”.
“Ribó no puede seguir negando la mayor, tiene que tomar cartas en el asunto, y no negar una situación anómala, porque hay un concejal del Ayuntamiento de Valencia a punto de sentarse en el banquillo por un homicidio imprudente que se derivó de una posible prevaricación administrativa previa. Ribó no puede decir que no es corrupción, cuando lo cierto es que hubo una mala praxis administrativa, hubo una irregularidad, una ilegalidad, y, tristemente, un presunto homicidio imprudente que costó la vida de un trabajador”.
Asimismo, ha destacado que el PP quiere saber quién va a pagar la fianza, porque temen "que al igual que la estafa de la EMT la acabaran pagando los valencianos de sus bolsillos”.
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