Tribunales

Fiscalía denuncia al portavoz del PSOE de Almàssera por prevaricación y malversación

Varios camiones de una chatarrería retiraron bancos, farolas y gradas de un almacén municipal sin expediente

Colapso en la Ciudad de la Justicia de Valencia
Fiscalía ha pedido al juzgado que se investigue la decisión del alcalde de AlmàsseraRober SolsonaEuropa Press

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almàssera, Emilio Belencoso, ha adelantado hoy que la gestión del equipo de gobierno de la localidad “está en manos de la Justicia” después de que la Fiscalía provincial de Valencia haya solicitado que se abra un procedimiento judicial contra el portavoz socialista del municipio de Almàssera para instruir la comisión de posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Belencoso, que ha anunciado que el PP se personará en la causa, ha explicado que el ayuntamiento de Almàssera utilizaba unos solares junto a la estación del metro donde depositaba farolas, gradas, bancos y demás material de metal. El pasado 13 de julio de 2020 varios camiones de chatarrería procedieron a desalojar los materiales y el equipo de Gobierno local se ha negado en varias ocasiones a facilitar el nombre de la empresa encargada.

Es más, ha añadido, “fue el propio portavoz socialista quien confirmó en la comisión de Urbanismo tales hechos”. Ante esta afirmación, el PP presentó un escrito solicitando que se procediera a devolver dichos materiales a su lugar de origen o se indemnizara por parte de la empresa que los retiró para no generar así un perjuicio a las arcas municipales.

Sin embargo, ha añadido, en el Ayuntamiento no se había tramitado expediente alguno, como exige la Ley, ya que “habían sido órdenes verbales por parte del alcalde”. La ley solo permite enajenación de determinados bienes de titularidad municipal siempre y cuando previamente sean declarados efectos no utilizables y para ello se requiere de informes de un técnico competente que “no existen”.

Así mismo, en el escrito denuncia de la Fiscalía se detalla que “no resulta necesario abundar en la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos, dado el palmario perjuicio económico causado al Ayuntamiento. Se han omitido tramites esenciales en el procedimiento”.