Ribó reprocha al Gobierno que deje en manos del Puerto si se hace una nueva declaración de impacto

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha recriminado que “sin una comunicación previa al Ayuntamiento y sin una mínima documentación” el Gobierno haya dejado en manos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la decisión de hacer o no una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto de ampliación del puerto.

“Sin duda, un lavado de manos del Gobierno de España. En términos bíblicos es una decisión a lo Poncio Pilatos”, ha sostenido en un comunicado el alcalde, quien ha manifestado su “clara oposición” al proyecto en sus términos actuales.

Ha argumentado que desconoce el proyecto completo “con todas las modificaciones” y ha criticado que “no se ha contado con los valencianos, sino que el interés empresarial prima en las decisiones tomadas a cientos de kilómetros de Valencia”.

Ribó ha explicado que eliminado el dragado hasta 22′5 metros del canal de entrada de la ampliación “que perjudicaba seriamente las playas del sur, habrá que concretar de dónde vendrán los materiales para llenar la futura ampliación”.

“No es cualquier cosa. Son millones de metros cúbicos de materiales que habrá que meter en la ampliación. ¿Estamos ante un nuevo ataque al litoral de València, ahora por parte de quienes tenían la obligación de protegerlo?”, se ha preguntado.

Igualmente, ha cuestionado qué planes de movilidad tiene el Puerto de València para no saturar de camiones la ciudad y el área metropolitana y le ha instado a decir “de una vez por todas si piensa llevar a cabo la salida norte y, en caso afirmativo, cómo piensa hacerla”.

También le pide explicaciones sobre “cómo piensa compaginar este crecimiento de movilidad con el proyecto de ley de cambio climático que precisamente acaba de aprobarse en el Congreso hace pocos días y que supone un descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero muy considerable”.

“Gobernar con valentía implica ser consecuente y aplicar los hechos a los discursos, ha apuntado y ha defendido que la movilidad es un “eje determinante y decisivo que definirá los impactos futuros de esta ampliación sobre la ciudad de València y su Área Metropolitana”.

“Sin tener esto perfectamente acotado y delimitado, la aceptación de esta ampliación es infumable para cualquier persona con un mínimo de sentido y voluntad sostenible”, ha asegurado.

A su juicio, “resolver la complejidad de la movilidad no es imposible pero sí exige compromisos que a día de hoy no se cumplen, ni tampoco parece que haya voluntad de hacerlos cumplir; con lo que nuestra desconfianza es absoluta”.

Ha abogado por “una apuesta decidida por el tren, precisamente para hacer un Puerto puntero y acorde con Europa” y ha recordado que el de Hamburgo, por ejemplo, mueve sus mercancías en tren en una proporción del 55 %, mientras el de València está por debajo del 5 por ciento.

“Y esto tiene que ver con la situación del Corredor Mediterráneo a su paso por el nodo de la ciudad de València que, como todo el mundo sabe, está muy retrasada, en pañales”, ha resaltado, a la par que ha considerado “la necesidad de articular una estación intermodal en Sagunt que conecte vía tren con el puerto.

“En definitiva todo un conjunto de grandes proyectos con unos costes de centenares de millones que no se pueden arreglar con buenas palabras mientras se aprueba la ampliación Norte del Puerto”, ha considerado.

“Así no. El Ayuntamiento de València debe velar por el bienestar de su ciudad, por el económico, por supuesto, pero también por el de todos sus barrios y su ciudadanía. Si no es así, conmigo que no cuenten”, ha concluido.

Peligros para la salud

Por su parte, la Intersindical Valenciana ha mostrado su rechazo a la ampliación del puerto de Valencia y ha sostenido que incidirá “negativamente en la salud, el medio ambiente, el territorio y nuestro futuro”.

Intersindical Valenciana ha considerado “prioritario” proteger el territorio, el impacto ambiental sobre los ecosistemas de las playas del sur, el parque natural de L’Albufera y la huerta y ha abogado por “frenar la pérdida de biodiversidad y contaminación”.

A su juicio, el deterioro ambiental que provocan las actividades del puerto se pueden apreciar en los barrios marítimos, donde “existe una diferencia de 6 años de esperanza de vida a favor de la población residente en Pont de Fusta respecto a la que vive en Serrería”, según la Comisión Puerto-Ciudad. ”Los niveles de contaminación atmosférica y acústica en la V3 sobrepasan diariamente los límites nocivos que establece la OMS por el paso de camiones transnacionales de manera continua”, han añadido. La ampliación supondrá “el exterminio de recursos naturales, el despilfarro de dinero público y un gran prejuicio para la salud pública”, han advertido.

Según han apuntado, la Devesa y l’Albufera “se verán amenazadas de muerte, reducirán su biodiversidad y afectará negativamente los ecosistemas”.

”La obra lleva unos coste elevadísimos de 300 millones de euros, en un momento de pandèmia de la COVID-19 y en el que la emergencia sanitaria, unida a la crisis climática, social y económica exige grandes inversiones en asistencia sanitaria y social y un cambio del modelo económico y ecosocial en el que se incentiva la producción y el consumo de proximidad, que generará más puestos de trabajo y con un menor impacto ambiental”, han añadido.

Intersindical se adhirió al manifiesto contra la ampliación, junto un gran número de entidades de la sociedad civil valenciana contra una obra que afectaría a la huerta y supondría avanzar con el proyecto de la ZAL, al cual se oponen.

El sindicato exige la inmediata retirada de los planes de ampliación y reversión de las infraestructuras, reasignar las inversiones para paliar los daños ya causados por el puerto y atender a la economía, el medio ambiente y la cohesión social.

También exigen proteger la salud de las personas, con controles y reducción efectiva de las emisiones de contaminación atmosférica y acústica, acompañados del impulso de modelos de producción y consumo de proximidad, para minimizar la huella de carbono.

Además, piden implantar un nuevo modelo de gobernanza de los puertos, que dé más voz a los territorios y la ciudadanía afectada, “que ha de participar en la toma de decisiones sobre su situacion ecoclimática, económica y social”.

También insisten en la paralización del proyecto de ampliación del puerto de València “hasta que no se produzca un debate informado sobre sus efectos reales”.