El PP denuncia que Ribó no recuperará los 92.000 euros pagados de más a una contrata

El grupo municipal popular del Ayuntamiento de València ha criticado que el alcalde Joan Ribó no recuperará los 92.000 euros que se cobraron de más por una adjudicación irregular ni buscará a los responsables del perjuicio económico.

El gobierno no ha aceptado las recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude para investigar a los responsables de la adjudicación irregular grave del comedor de los tres centros ocupacionales municipales, por 534.605 euros, “por encima del mercado”, lo que supuso un coste en más de 91.908 euros del surgido de una licitación en concurrencia competitiva.

Según ha informado el PP en un comunicado, Antifraude ha dictado ahora el cierre de la investigación y ha destacado que el gobierno municipal ha dado carpetazo y no ha hecho caso a ninguna de las recomendaciones realizadas por Agencia, por lo que ni buscará responsabilidades ni pedirá el resarcimiento de lo cobrado de más.

Compromís adjudicó “a dedo” el catering de los centros ocupacionales a un precio por menú a 8,03 euros, casi 5 euros más por menú de lo que se pagaba a la empresa adjudicada legalmente y que tenía contrato en vigor. También era superior al que se licitó la nueva contratación, 6,72, y adjudicado por 6,65 euros el menú.

Esta es la diferencia del precio del menú de la adjudicación a dedo y la nueva adjudicación es la que utiliza Antifraude para calcular el sobrecoste que se pagó cifrado en 91.900 euros.

Antifraude recomendó la “depuración de responsabilidades” y “cuantificarse los perjuicios producidos por el procedimiento de revisión de oficio (perjuicio determinado de manera objetiva en el informe inicial de la investigación) y que deben ser objeto de resarcimiento al erario municipal para evitar el menoscabo de caudales o efectos públicos y las posibles responsabilidades que de ello se pudieran derivar”.

En su documento de conclusión, dice que el gobierno de Ribó y PSOE “no acepta la aplicación de las recomendaciones propuestas dando cuenta de su incumplimiento”.

La concejala popular Marta Torrado ha mostrado su “sorpresa” de que, a pesar de las conclusiones y las recomendaciones, el gobierno “haya decidido dar carpetazo al asunto y no velar por los intereses del Ayuntamiento pidiendo el resarcimiento de lo cobrado de más”.

Torrado ha indicado que fue una decisión política y como mínimo el gobierno municipal “debería haber investigado quien fue responsable de esta adjudicación irregular una vez conocida la investigación de Antifraude”.

“Esto demuestra lo poco que les importa el dinero de los valencianos al no buscar responsables que devuelvan el dinero al erario municipal”, ha añadido.

La Agencia Valenciana Antifraude investigó la contratación “a dedo” de un servicio de comedor para centros ocupacionales por el que el Ayuntamiento de Valencia pagó, durante cerca de dos años y medio, un 117 % más de lo que abonaba anteriormente a la legítima adjudicataria.

Se adjudicó a Novaterra Catering SL, “a un precio unitario del menú (8,03 euros IVA incluido) un 117 % superior al precio al que lo estaba facturando la anterior legítima adjudicataria” y lo hizo “sin concurrencia competitiva”, según advertía el informe de Antifraude.

La Agencia considera que el Ayuntamiento y el departamento de Servicios Sociales, en la época de la exconcejala de Compromís Consol Castillo, incurrió en un supuesto enriquecimiento injusto en favor de Novaterra.

La edil adjudicó el contrato provisional de los comedores de los Centros Ocupacionales Municipales de forma directa, a un precio superior al que marcaría el mercado -según la tesis de Antifraude- y por la urgencia de que no había ninguna otra empresa que pudiera prestar el servicio.