La Ley Celaá se olvida de los profesores de la concertada

La nueva Ley de Educación, la Lomloe, ya ha sido aprobada por el Senado. A partir de hora, buena parte de sus efectos dependerá de la aplicación que realicen las comunidades autónomas. De ahí que FSIE, el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, solicite a la Conselleria de Educación que proteja a los profesionales que trabajan en la red de centros concertados y que cubra las necesidades que quedan fuera de la Lomloe relacionadas con la Educación Especial.

FSIE denuncia que, la también conocida como Ley Celaá, no contempla ninguna mejora para los profesionales del sector, docentes y el Personal de Administración y Servicios (PAS).

En la norma no se fija plazo para la equiparación salarial ni posibilita el pago delegado para el PAS ni permite mejoras en cuanto a la jubilación parcial.

Este sindicato reclama además la necesidad de articular un marco autonómico que proteja a los profesionales de la concertada ante los efectos que tendrá la entrada en vigor, ya que tampoco incluye a los docentes en el desarrollo de la carrera profesional ni posibilita la reducción de la carga lectiva.

En esta línea, FSIE reclama negociar el arreglo escolar de manera conjunta, un incremento en los presupuestos de la Generalitat Valenciana del 2021 (PGV21), que garanticen la homologación salarial, que incluya los sexenios, la reducción de la carga lectiva y el incremento de recursos de manera proporcional.

Así mismo, insiste en la implantación de la figura del orientador para Infantil y Primaria y la presencia de personal sanitario en los centros educativos, también el pago delegado para los maestros de Audición y Lenguaje (AL), fisioterapeutas y psicopedagogos.

Centros de cero a 3 años

FSIE pone el acento en la incertidumbre provocada en los centros de educación del primer ciclo de infantil, de cero a 3 años. Explican que la ley prevé la universalización de la educación gratuita a través de la red pública.Es decir, no se contempla un sistema de conciertos como el que sí hay a partir de los tres años.

«Hay muchas dudas sobre qué va a pasar con la oferta privada y concertada que ofrecen las escuelas infantiles que ya están prestando ese servicio. Se excluye la oferta existente, ya que pone en jaque 5.000 empleos. Las escuelas infantiles de iniciativa social en la Comunitat Valenciana están en una situación crítica».

Respecto a los centros de Educación Especial, reclama a la Conselleria que «se adelante a lo que está por venir, y supla las carencias de la ley en cuanto a personal y medios».

La ley propone un modelo integrador para que el alumnado con discapacidad sea escolarizado en centros ordinarios. Sin embargo, este sindicato, con representación también en este sector, advierte de que a día de hoy, «no se dispone ni de los medios humanos ni materiales para la plena inclusión».

Solicitan, por tanto, un Plan de financiación para la Educación Especial valenciano, para unos profesionales que tienen que asumir con demasiada frecuencia retrasos en los pagos, ya que la norma deja en borrador cómo afectará a los centros y, por tanto a sus profesionales.

FSIE concluye sus demandas reclamando a la Conselleria de Educación que siga apostando por un modelo educativo «plural, heterogéneo e inclusivo» de manera que no se genere inseguridad e inestabilidad laboral.