Admiten una demanda contra el Ayuntamiento de Valencia por contratación irregular

El Juzgado de lo Contencioso número 10 de València ha admitido a trámite la demanda interpuesta por siete funcionarios contra el Ayuntamiento de la capital en la que pedían la nulidad de las bolsas de trabajo municipales, y ha citado a las partes el 18 de febrero de 2022, según ha informado Vox.

Este grupo municipal señala este viernes que la estimación de esa demanda podría desencadenar la acreditación de hechos probados que serían constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa cometido por el vicealcalde, Sergi Campillo, y por la concejala de Personal, Luisa Notario, por la contratación, en fraude de ley, de 300 interinos.

Ambos aparecen, en representación del Ayuntamiento, como firmantes de las actas de la mesa de negociación con los sindicatos que, según la demanda, se salta las bases legales para la convocatoria de bolsas de trabajo.

Vox señala que los denunciantes basaron su acusación en un oficio del Ayuntamiento remitido al Juzgado de Instrucción número 20, en el que se afirmaba que “al haberse agotado la bolsa de trabajo de auxiliar administrativo” acordada por la Junta de Gobierno Local en 2017, se acordó constituir una nueva para futuros nombramientos interinos con aquellos aspirantes que habían superado el primer ejercicio.

En ese oficio se afirmaba que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local ratificaba lo acordado posteriormente, algo que los funcionarios califican de “disparate”, pues, a su juicio, la ratificación de las bolsas de trabajo de auxiliares administrativos no existe y en la Junta de Gobierno no consta mención alguna a ellas.

Por ello, los empleados públicos piden la nulidad de los acuerdos de convocatoria de las bolsas de interinos que no hayan superado la segunda prueba y, en particular, las bolsas y nombramientos creadas y efectuados, respectivamente, basados en los acuerdos de la Mesa General de Negociación de 9 y 29 de mayo de 2018.

Según Vox, esto supondría que más de 300 interinos perderían su trabajo y podría haberse cometido una presunta prevaricación administrativa por parte de Sergi Campillo y Luisa Notario, entonces responsable de Personal del Ayuntamiento y su asesora en materia de personal.

El juzgado da al Ayuntamiento de València un plazo máximo de cinco días, a contar desde el día siguiente al de su notificación, para interponer un recurso de reposición, indica la formación en el comunicado.

Asimismo, ha recordado que su portavoz en el Ayuntamiento, Pepe Gosálbez, exigió hace unas semanas al alcalde, Joan Ribó, el cese “fulminante” de Campillo y Notario si llegaban a ser imputados, y ha considerado que la decisión del juzgado “los sitúa un paso más cerca de la calle, que es donde deberían estar desde hace tiempo”.

”No podemos consentir que el Ayuntamiento siga siendo el cortijo de Compromís, con la colocación a dedo de personal afín al partido pancatalanista, y la supresión de derechos de los funcionarios de carrera”, ha denunciado.