El número 2 del PSPV, Manolo Mata, defenderá a uno de los principales imputados del caso Azud, “es ético y estético”

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts y abogado, Manolo Mata, ha anunciado este miércoles que ha decidido asumir la codefensa de uno de los principales imputados en el caso Azud, el empresario Jaime Febrer, y ha defendido la “ética y la estética” de esta decisión frente a los portavoces parlamentarios de la oposición, que le han pedido explicaciones por los posibles vínculos entre la citada trama supuestamente corrupta y una supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE.

En la rueda de prensa posterior a la junta de síndics de Les Corts, Mata ha sido preguntado por su visita a la prisión de Picassent (Valencia) para entrevistarse con Febrer y ha afirmado: “llevo 40 años como socialista y abogado, no sé muy bien en qué orden. He defendido a mucha gente y se me propuso la codefensa de Febrer”.

En este sentido, ha recordado que se está investigando el periodo 2006-2011, cuando el PP gobernaba tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat. “Por lo que se ha publicado, es una trama vinculada a actitudes personales, no a la financiación de partidos. Me puede más a veces la faceta de abogado”.

En el caso Azud se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.

Manolo Mata, también vicesecretario general del PSPV-PSOE, ha manifestado que puede parecer “flipante” que asuma la defensa de Febrer, pero ha defendido que se trata de un empresario, no de un militante del PSOE.

Sobre la entrevista con Febrer en la cárcel, Mata considera “perverso” pensar que acudiese para recabar posible información comprometida porque en el centro penitenciario “es prácticamente inviable la comunicación”, y ha recordado que ya defendió al alcalde de Zarra (Valencia) tras formar parte de la ejecutiva que le expulsó del partido.

”Si hubiese algún momento en que la defensa de esta persona -Febrer- perjudicase a otra persona que quiero mucho -Rafael Rubio-, ya veríamos lo que haría. Creo que es saludable que los profesionales estén en el parlamento, y veo absurdas las teorías conspiranoicas”.Mata ha insistido en varias ocasiones en que “es imposible que obtenga información sobre un supuesto caso de financiación ilegal porque en la época en que se investiga ese delito no existía”.

Al ser informado de que varios medios de comunicación han publicado que podrían existir vínculos de la supuesta trama del caso Azud con pago de sobornos a cargos socialistas, Mata ha insistido en que “en el año 2006 se admitían donaciones; otra cosa son los cohechos”.

El portavoz socialista ha señalado que no ha consultado su decisión de ejercer la defensa en el caso Azud con el partido porque no consulta “la inmensa mayoría” de sus “cosas cotidianas, y no es una decisión de partido”, y ha negado que su papel como letrado en este asunto pueda erosionar al Pacto del Botànic porque “esto pasó 10 años antes” de que se constituyese este pacto.

Por el contrario, la síndica del PP, Eva Ortiz, ha insistido en que, en el marco del caso Azud, “hay cargos socialistas detenidos y en prisión, se habla de posible financiación irregular del PSPV y el portavoz socialista se entrevista con el supuesto cabecilla. Queremos explicaciones, queremos saber si la información que Mata recabó en prisión ha terminado en oídos de Ximo Puig o de alguien del partido”.

”Las lecciones de moral y de ética, como ya vimos con el tema de los hermanos del presidente, que se las apliquen ellos, que den explicaciones. A mi no me parece ni ético ni estético, hay que predicar con el ejemplo, porque no es normal. Seguro que hay un montón de abogados que pueden hacer esa labor sin dejar tantas dudas en el ambiente”, ha señalado Ortiz, quien ha anunciado que pedirá la comparecencia de Mata en la comisión de investigación parlamentaria que se acordó abrir en cuanto se levante el secreto del sumario.

Al respecto, ha agregado que “cuando un presidente de la Generalitat y su entorno más cercano piensa que es intocable y sigue levitando, puede ser el principio del fin del ese presidente y su entorno. Yo tomaría nota y bajaría el grado de prepotencia y soberbia”.

Igualmente, la portavoz de Vox, Ana Vega, ha considerado que Mata “deberá comparecer en la comisión de investigación” porque “evidentemente, lo que hizo no es ilegal, pero es reprobable desde el punto de vista moral, ya que es el síndico del PSPV y fue a visitar al cabecilla de una trama que pudo favorecer a su partido económicamente. Parece sospechoso y deberá dar explicaciones”.

La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha asegurado que en la comisión parlamentaria tendrán “respuestas a muchas cosas, independientemente del recorrido judicial del caso. Creo que Mata es inteligente, no tiene un pelo de tonto, pero me parece una torpeza esa visita, deberá explicar por qué lo hizo, pero desde luego no es estético”, ha agregado.

Para el portavoz de Compromís, Fran Ferri, Mata acudió a la entrevista con Febrer “como abogado, está en su derecho de hacerlo”, y ha lamentado que el PP intente echar basura “sobre un portavoz parlamentario y sobre el resto de grupos en un caso de comisiones y pagos a políticos en el que el principal responsable es el PP, y de eso no se pueden escapar”.

La síndica de Podem, Pilar Lima, ha recordado que su formación apoyó la creación de la comisión de investigación parlamentaria del caso Azud y ha opinado que, pese a que “puede parecer algo confuso, debe ser comprensible, porque fue en calidad de abogado”, y ha agregado que, en cualquier caso, “en la comisión de investigación se esclarecerán las cosas”.

La instrucción nació en 2017, aunque no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, José María Corbín. Sin embargo, el proceso adquirió una nueva dimensión tras los registros practicados en las oficinas del grupo CVC Axis (Construcciones Valencia Constitución), propiedad del empresario Jaime Febrer.

Por este caso están en prisión el vicealcalde de València con Rita Barberá, Alfonso Grau (PP), y el entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Rafael Rubio, que en el momento de su detención el pasado mes de mayo era subdelegado del Gobierno en Valencia.