El ex delegado del Gobierno, Rafael Rubio, pide su plaza en el Ayuntamiento de Valencia al día siguiente de salir de la cárcel

El exsubdelegado del Gobierno Valencia y exportavoz municipal socialista, Rafael Rubio, imputado en el caso Azud, causa por la que ha permanecido dos meses en prisión preventiva, ha pedido reincorporarse a su puesto como funcionario del Ayuntamiento de Valencia a las pocas horas de salir en libertad con cargos.

La jueza del caso Azud, que investiga una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Valencia, decretó el pasado martes la puesta en libertad de Rubio, que había ingresado en prisión preventiva el 15 de mayo para evitar una posible destrucción de pruebas por su parte.

La puesta en libertad, adoptada con el informe favorable del fiscal, se produjo al día siguiente de desarrollarse un registro en el propio Ayuntamiento por parte de la Guardia Civil en funciones de policía judicial.

La magistrada le impuso medidas cautelares (comparecencias semanales en sede judicial, la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del país).

Al día siguiente de la salida de prisión Rubio ha pedido regresar a su plaza, que tiene en propiedad como funcionario, según han confirmado fuentes del caso.

La petición ya había sido formulada anteriormente, porque el reo fue cesado como subdelegado cuando se decretó su entrada en prisión. A esa primera petición el consistorio respondió negativamente por su situación de prisión preventiva, pero ahora, tras su salida de la cárcel, tiene derecho a recuperar su puesto de trabajo.

El caso Azud investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de València. La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia -que cuenta con un juez de refuerzo- sigue tramitando una instrucción que nació en 2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá (PP), José María Corbín.

En esta causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.

La investigación adquirió una nueva dimensión después de los registros practicados en las oficinas del grupo CVC Axis (Construcciones Valencia Constitución). En el despacho de esta firma, propiedad del empresario Jaime Febrer, se halló documentación que ha permitido llegar hasta el que fue “número dos” en los sucesivos gobiernos de Rita Barberá, Alfonso Grau, que permanece en prisión al igual que Febrer, y al que fuera durante muchos años figura clave de la oposición municipal, el socialista Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno en Valencia en el momento de su detención e inmediatamente cesado tras ser detenido.