El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso de casación de la Agencia Antifraude contra la sentencia del alto tribunal valenciano que reconoce el derecho del PP a obtener la documentación sobre la investigación de ese organismo a empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat.

Según un auto de la Sala especial de lo contencioso administrativo del TSJCV, contra el que no cabe recurso alguno, el recurso de casación no cumple el requisito de presentar interés para la formación de jurisprudencia y por tanto debe ser inadmitido, e impone las costas procesales al recurrente, por un máximo de 400 euros.

El origen de este recurso es una sentencia de junio de 2020 del TSJCV que reconoció, a raíz de una demanda presentada por la entonces portavoz adjunta del PP en Les Corts Eva Ortiz, el derecho de su grupo parlamentario de que Antifraude le entregara la documentación sobre la investigación llevada a cabo sobre las ayudas al valenciano a empresas de Francis Puig.

La Agencia Antifraude había denegado en octubre de 2019 la entrega de esa documentación, tras alegar el deber de confidencialidad y reserva establecidos en la ley autonómica que dispuso la creación y funcionamiento de este organismo.

No obstante, el TSJCV consideró que esa negativa vulneraba el derecho a la participación política establecido en el artículo 23.2 de la Constitución y entendía que era de aplicación preferente frente a otras normas autonómicas el Reglamento de Les Corts, e imponía unas costas procesales de 1.500 euros.

Antifraude recurrió entonces al Tribunal Supremo, que a principios de este año rechazó el recurso y estableció que la Agencia asumiera unas costas procesales de 2.000 euros por este recurso, según informó el PP el pasado mes de febrero.

El director de la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, afirmó en Les Corts el pasado mes de mayo que la sentencia del TSJCV no era firme y el asunto estaba en la Sala especial de casación del alto tribunal valenciano, pero aseguró que en cuando hubiera resolución cumpliría “aquello que ordenen los jueces, sin ninguna duda” .

Antifraude presentó recurso de casación contra la sentencia del TSJCV de 2020 por entender que el fallo judicial había incurrido en infracción de normas de la Comunitat Valenciana, algo que ha rechazado la Sala especial de lo contencioso administrativo del alto tribunal valenciano.