La Unió de Llauradors anuncia un 2022 más caliente si no hay cambios en la política europea

“Las crecientes importaciones procedentes de terceros países que hunden los precios de nuestras producciones, la amenaza y lucha contra las plagas normalmente importadas, la brutal subida de los costes de producción, la nueva PAC que nos viene y una Ley de la Cadena Alimentaria insuficiente, son algunos de los aspectos que han marcado este año a punto de concluir y que estarán también en el foco de la agenda en 2022″, según el análisis elaborado por La Unió de Llauradors i Ramaders, que anuncia “si no cambia la situación, el próximo año 2022 puede ser aún más caliente en calles y carreteras porque es necesario mantener un tejido profesional para el futuro en el sector agrario valenciano”.

Sobre las importaciones, a pesar de los avances y de la presión ejercida, no existe constancia oficial sobre la modificación del acuerdo entre Sudáfrica y la Unión Europea y la posibilidad de introducir cambios para garantizar la seguridad fitosanitaria como el tratamiento de frío, como tampoco hay certificación de que se vayan a considerar a los cítricos como producto sensible a la hora de firmar los tratados comerciales.

La Unió asegura que ya alertó hace unas semanas de la ruinosa campaña de nuestra principal variedad de naranja, la Navelina, motivada por la competencia inicial con la procedente de Sudáfrica en los lineales de tiendas y supermercados. En este sentido, las empresas importadoras no compraron naranja española hasta que se les agotó la importada desde el hemisferio sur. “Ahora, además, nuestra naranja compite de forma desleal en los mercados con las egipcias y turcas que llegan sin los mismos estándares de producción, se ofrecen a precios muy bajos distorsionando el mercado y hacen saltar las Alertas Sanitarias por detecciones de numerosas partidas con presencia de pesticidas cuyo uso no está autorizado en la Unión Europea”.

La Unió propone para el próximo año que todos los estados miembros de la Unión Europea adopten un compromiso de exigencia para la reducción de pesticidas, antibióticos y fertilizantes a todos aquellos países terceros que envíen sus producciones al ámbito comunitario, dentro del marco de las exigencias de la estrategia De la granja a la mesa y durante el periodo comprendido hasta 2030.

Imparable escalada de costes de producción

La escalada de los costes de producción durante este año ha sido imparable. El encarecimiento de la electricidad que se ha multiplicado por cinco contagió luego al gasóleo agrícola, a los piensos y los fertilizantes (con una subida del 70%); es decir, a más de las dos terceras partes de los inputs que necesitan los agricultores y ganaderos.

Como también suben los costes en la lucha contra las plagas en numerosos cultivos ante la eliminación de sustancias activas desde Bruselas que luego se permiten a los productos importados. Por ejemplo, el Cotonet importado de Sudáfrica ha elevado un 55 por ciento los costes de producción y causado pérdidas por valor de más de 200 millones de euros en los cítricos, y los Cotonets otros 50 millones en el caqui, además de los daños por la Xylella en el norte de Alicante; entre otras muchas plagas.

“Las organizaciones que formamos parte de la Unión de Uniones hemos presentado al Ministerio de Agricultura un paquete de propuestas para contribuir a aliviar el problema de los costes”. Así, apuntan a medidas fiscales, sobre todo, pero también alguna otra como la puesta en marcha del contrato de doble tarifa para el regadío, un compromiso que el Gobierno estaba obligado a desarrollar este año gracias a una enmienda nuestra en la Ley de Presupuestos “y por cuyo incumplimiento lo hemos llevado a los Tribunales, ya que la disposición adicional primera de la recientemente reformada Ley para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria no lo resuelve y simplemente enuncia que el Gobierno posibilitará esta opción, pero todavía no se ha hecho realidad y así llevamos años”.

Una Ley de la Cadena inservible

La organización agraria indica en su balance que, si la Ley de la Cadena Alimentaria se respetase y las producciones se pagasen por encima de lo que cuesta producirlas, estas crisis no tendrían por qué haber saltado. Pero la Ley de la Cadena, y sus reformas posteriores incluyendo esta más reciente, son una gran decepción. “Para paliar estas carencias, desde La Unió ha reclamado a la Generalitat la creación de una Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) autonómica, para dar mayor agilidad y proximidad y permitir un mejor control de los abusos agroalimentarios en nuestro territorio”.

“Desde La Unió hemos tenido un maratón de reuniones a lo largo de estos casi dos años con todos los grupos parlamentarios tanto en Congreso como en Senado y hemos planteado enmiendas que hubieran contribuido a dotar a la Ley de la Cadena Alimentaria de mejores herramientas para hacer que se cumpliera. Conseguimos, al menos, que los agricultores y ganaderos no se vieran obligados por ley a firmar contratos en falsos cuando no tienen capacidad de negociar sus precios”.

Pero, en nuestra opinión, la Ley ha salido con deficiencias importantes. No ha entrado en el texto ni la definición de posición de dominio en el mercado, para poder sancionar los abusos que se hagan desde ella; tampoco se ha regulado el poder de negociación de unos agentes sobre otros a lo largo de la cadena alimentaria para evitar imposiciones sin tener posición de dominio, ni la prohibición a todos los operadores de la cadena posterior a la producción de vender por debajo del precio de adquisición, que es lo que realmente traslada hacia abajo, hasta el productor, las tensiones bajistas de precios.

Una PAC ni tan mediterránea ni tan para los profesionales

El Ministerio de Agricultura ha enviado ya la propuesta inicial del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), base de lo que será la nueva PAC y sus ayudas (a partir de ahora, intervenciones) a partir del próximo 1 de enero de 2023.

“Han sido más de dos años de trabajo del sector con el Ministerio de Agricultura que habían enfocado una PAC más adecuada a las necesidades de las personas agriculturas y que se fue al traste desde el pasado 14 de julio cuando Ministerio y Comunidades acordaron las bases de la PAC en España y las luchas para evitar pérdidas de los sobres autonómicos, olvidándose que el dinero de la PAC no es ni del Ministerio ni de las diferentes comunidades autónomas. El dinero de la PAC es de las personas agriculturas y ganaderas que son las que figuran como beneficiaras de estas ayudas”.

Apuntan a que tendrán así una PAC con más exigencias por una condicionalidad reforzada de obligado cumplimiento y más estricta, una PAC que sigue la tendencia de las últimas reformas: “cambiarlo todo, para que cobren los mismos, pero con menos presupuesto. Partiendo que se contempla la pluriactividad en el sector agrario valenciano, las ayudas no se priorizan claramente ni se potencia a aquella persona profesional que su único modus vivendi es la agricultura y/o ganadería”.

En este sentido, hay administraciones que se preocupan más por una ayuda a una persona que ejerce su profesión como médico, abogado o incluso alto funcionario que aquellas personas agricultoras o ganaderas que verdaderamente necesitan un mayor nivel de apoyo por ejercer una actividad que el propio Tratado Fundacional de la Unión Europea o Constitución Española reconocen que están por debajo de la media del resto de actividades económicas.

“A pesar de las promesas del ministro Luis Planas en octubre de 2020 en Valencia donde afirmó contundentemente que la nueva PAC sería más mediterránea, la realidad es tozuda y finalmente tendremos una PAC que no beneficia a los cultivos mediterráneos y, por tanto, a sus agricultores y ganaderos”, concluyen.