La Generalitat valenciana, obligada a rehacer el decreto “ómnibus” tras las correcciones de la Abogacía

El pasado día 1 de abril el pleno del Consell valenciano aprobó el decreto ley de medidas en materia de simplificación, racionalización y agilización administrativa, también conocido como decreto “ómnibus”, con la intención de frenar la crisis generada por la guerra en Ucrania. El decreto, con una extensión de 62 páginas, incluía una elevada cantidad de modificaciones legislativas, tantas que para la Abogacía de la Generalitat ha sido como una especie de Ley de Acompañamiento “bis” y ha tumbado el texto tal y como está presentado.

Esta es la razón por la que más de dos semanas después de su paso por el pleno del Consell el texto legislativo no se haya publicado aún en el Diari Oficial de la Generalitat valenciana (DOGV), algo que habitualmente sucede a las 24 o 48 horas de su validación.

Las reticencias de la Abogacía con respecto al texto son variadas. Tal y como ha adelantado el periódico Las Provincias, el ente cuestiona en primer lugar que dichas medidas deban ser aprobadas como decreto ley, es decir, pone en entredicho la urgencia de la propuesta del Consell. Además, a lo largo de los reparos que contempla el informe jurídico se habla de la inexistencia de numerosos informes de presupuestos, de memorias económicas, de impacto de género o normativo, o de necesidad y oportunidad.

Habla también de la inconveniencia de crear nuevos organismos mediante un decreto ley, como la Agencia Valenciana de Control Alimentario, algo que debe hacerse mediante Ley y pasar por Les Corts. Advierte además la Abogacía de la Generalitat del «elevado número de disposiciones normativas (leyes, decretos ley, decretos legislativos y secretos con naturaleza reglamentaria) que se modifican».

Entre los cambios normativos que no se ajustan a derecho, el máximo órgano jurídico de la Administración incluye el de la ley de Vivienda, el decreto por el que se regulan los convenios o el cambio en la ley de publicidad institucional para poder adjudicar de manera directa las contrataciones.

Cambio en la forma pero no en el fondo

Tras este obstáculo imprevisto, el Consell deberá ahora rehacer su decreto anticrisis, y lo tendrá que hacer este semana si, tal y como se pretende desde Presidencia, tiene que pasar por el pleno del Consell del próximo viernes. Según fuentes de la Generalitat, la idea es que todas las medidas incluidas en el primer decreto puedan mantenerse, aunque deban readaptarse o justificarse de manera más extensa.

Es el caso del cambio en la normativa para adjudicar la publicidad institucional de forma directa. Esta modificación, según explican desde Presidencia, sería únicamente para permitir la llegada del canal de Euronews a Alicante.

En cualquier caso, no se cuestiona que las medidas mantengan el formato de decreto ley, un instrumento que permite a los Gobiernos aprobar las normas que consideren sin necesidad de una larga tramitación parlamentaria, eso sí, argumentando de la manera debida el carácter extraordinario y urgente de la situación.

El decreto valenciano deberá también readaptarse al paraguas del decreto estatal, que se aprobó cinco días después.