Política

José Luis Vera, investigado en Azud, defiende su puesto de trabajo en Divalterra: “Así me olvido de lo otro”

Detenido en el marco de la operación Azud mantiene el cargo de responsable de los servicios jurídicos

El presidente de la Diputación, Toni Gaspar, anunció el cierre de Divalterra
El presidente de la Diputación, Toni Gaspar, anunció el cierre de DivalterraDIPUTACIÓN DE VALENCIA -ABULAILADIPUTACIÓN DE VALENCIA -ABULAILA

El Consejo de Administración de Divalterra tuvo ayer un invitado sorpresa. El motivo de la convocatoria era volver a debatir la situación del responsable jurídico de esta empresa dependiente de la Diputación de Valencia, el imputado en el «caso Azud», José Luis Vera.

Lo que no se esperaban los consejeros era que apareciese el mismo Vera para explicar por qué debía mantenerse en su puesto de trabajo.

Fue el consejero del PP, José Morgan, el único que intervino. Según fuentes de la reunión, le preguntó cuál era su situación procesal y únicamente le respondió que estaba «investigado».

A continuación le dijo si creía que esta situación era compatible con sus funciones en Divalterra, entre las que se incluye la de «responsabilidad de prevención de riesgos penales» y le contestó que sí. «Me centro en mi trabajo y me olvido de lo otro».

Tras su declaración no se solicitó la opinión de los presentes y tampoco se llevó el asunto a votación.

El Consejo de Administración de Divalterra aprobó en su anterior reunión que Vera continuase en su puesto y únicamente se le apartó de la dirección del proceso de disolución, liquidación y extinción de la entidad.

El acuerdo se adoptó con seis votos a favor y tres abstenciones. Estos corresponden a los representantes del PP, al de Ciudadanos y al de los trabajadores.

Por su parte, el presidente de la Diputación, el socialista Toni Gaspar, ha defendido que el puesto de trabajo de Vera no depende de él, sino del Consejo de Administración e insiste en que siempre se debe respetar la presunción de inocencia.

Fundación Cical

En el apartado de ruegos y preguntas del que podría ser el último Consejo antes de la disolución de la empresa, Morgan preguntó si había justificación por la subvención de 40.000 euros concedida a la Fundación Cical.

El presidente del Consejo de Administración, Ramiro Rivera Gracia, no supo responder y el PP acudirá a los tribunales para recuperar este dinero.