Zaplana acusa a la Guardia Civil de “excederse de los límites” para “inventar un motivo para investigarle”

La defensa del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ha presentado un recurso de apelación al auto del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, por el cual se le procesa en la causa Erial. En el mismo, acusa a la Guardia Civil de no cumplir “con los ordenado por el juzgado y excederse claramente de los límites”.

Zaplana se refiere con esta afirmación a la entrada y registro en el despacho de abogados que entonces defendía a Marcos Benavent, el “yonki del dinero”, y en el que se encontraron mediante “hallazgo casual” unos documentos que muchos después dedujo la UCO de la Guardia Civil que podían incriminar a Zaplana en varios delitos.

Según el escrito del recurso “el caso era inventarse un motivo que permitiera investigar al señor Zaplana y todo valía para lograr ese fin”. Apunta que “como quiera que el nombre el nombre de mi representado ni aparecía en los documentos incautados, ni en los protocolos notariales, ni tenía relación con ninguna con las compañías citadas, su conexión con los documentos se construya mediante la rocambolesca historia de su supuesta aparición -ya desmentida- de dichos documentos en el domicilio que fuera de don Eduardo Zaplana, aunque para ello haya que olvidarse que las fechas de dichos documentos o la de su impresión son posteriores a la venta y desalojo de la vivienda por mi representado. ¿Qué más da? El caso era inventarse un motivo que permitiera investigar al Sr. Zaplana y todo valía para lograr ese fin”.

Explica el recurso de apelación del expresidente que en la entrada y registro en el despacho de abogados de Marcos Benavent “debe limitarse la incautación material a documentos y archivos directamente relacionados con los hechos que se investigan” y más aún cuando se trata de un despacho profesional de abogados.

Y hace hincapié en que en aquel momento, ninguno de los presentes fueron consciente del “hallazgo casual” de esos documentos, por lo que nadie pidió solicitar una ampliación del auto de entrada y registro, pese a que en dicha operación estaban presentes los agentes de la Guardia Civil, el letrado de la Administración de Justicia, el letrado del despacho y el decano del Colegio de Abogados que suele acudir cuando se violenta un despacho profesional. Nadie de ellos reparó en que había aparecido documentos de otra causa que anda tenía que ver con los documentos que la Guardia Civil sí podía requisar.

Sin embargo, “casi cinco meses y medio después, la Unidad Central Operativa presenta un oficio ante el Juzgado de Instrucción número 18 “informando hallazgo casual de documentos relevantes”.

El recurso de la defensa, al igual que ha hecho durante toda la instrucción, duda de la veracidad del hallazgo, porque “de haberse hallado en el curso de la práctica de la entrada y registro indicios suficientes de la comisión de otros hechos delictivos, lo que prevé la ley es la necesidad de trasladar este extremo al juez”, y recuerda que “no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”.

Y añade que “los excesos en la actuación policial tanto en la ejecución de la entrada y registro como en las gestiones realizadas con posterioridad, dieron origen a la incoación de la presente causa”.

El segundo de los argumentos que plantea el recurso de Zaplana es la invalidez de las grabaciones obtenidas en un reunión mantenida con Fernando Belhot porque la autorización de dichas grabaciones “eran tan amplias que permitían a la Guardia civil la utilización de de dispositivos electrónicos para captar y registrar cualquier reunión que pudieran tener los investigados” y apunta a que “esta amplitud de la autorización es contraria al criterio de concreción que exige la regulación legal”.

El tercer argumento en el que hace especial hincapié es el cambio sufrido en la consideración de Fernado Belhod que pasa de imputado sobre el que pesaban órdenes de detención, de entrada y registro en su domicilio así como de bloqueo de todos sus productos bancarios, a ser un “colaborador” y por lo tanto trueca de investigado a testigo por gracia de un acuerdo con la Fiscalía a partir del cual dice que los fondos inmovilizados son de Eduardo Zaplana.

Recuerda la defensa del expresidente que “no es posible en ningún caso en nuestro sistema jurídico la concesión de un beneficio punitivo consistente en garantizar la completa inmunidad de una persona que supuestamente ha participado en hechos delictivos”.

El escrito del recurso también incide en el hecho de que el juzgado instructor ha negado todas las pruebas que ha solicitado Zaplana: “el juzgado, en una suerte de ceguera voluntaria, se niega a investigar elementos esenciales de las imputaciones” y repasa las declaraciones solicitadas y no concedidas a los componentes de la mesa de adjudicación de las ITV o del plan eólico, así como del ya citado Belhot o de los destinatarios de los fondos de las compañías controladas por éste.

También desmiente la existencia de un correo entre Eduardo Zaplana y Juan Cotino hablando de las ITV y los parques eólicos: “es una invención una quimera y una obsesión fruto del afán de construir y mantener una imputación que no se sostiene con el resultado de seis años y medio de instrucción”.

El recurso también detecta contradicciones en la conversación grabada con Belhot en la que Zaplana le dice que no tiene dinero.

Por último, la defensa del expresidente hace casi una caricatura de las veces que los diversos autos de la instructora se refieren a Zaplana con imputaciones que no puede demostrar y para las que utiliza el término “velada”: “la falta de evidencias o indicios sólidos contra mi representado se excusa y justifica con la mención a que su actuación siempre era “velada”. Es decir, aunque no apareciera en las sociedades, se estima que era suya de forma “velada”; carecía de poderes, firma o autorizaciones en las cuentas en el extranjero, pero las controlaba de forma “velada”. Era propietario de inmuebles también de forma “velada”. Intervenía en las adjudicaciones de concesiones públicas, como no, “veladamente”. Resulta ridículo que, a falta de unos resultados tangibles tras 6 años de investigación, todo se soluciones aludiendo a la actuación velada, aunque dicha actuación velada no tenga ninguna lógica o sentido”.

El recurso pide la práctica de las diligencias solicitadas, entre ellas, la declaración de Eduardo Zaplana y subsidiariamente, el sobreseimiento provisional de la causa.