Jorge Rodríguez no descarta denunciar a la Policía por su detención y por los registros

La defensa del expresidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha anunciado que su defendido está planteándose denunciar a la Policía Nacional tanto por su detención, que fue innecesaria y muy larga, según la letrada, como por los registros efectuados en su casa y despachos, y que supusieron el requisado de todos sus correos electrónicos desde el año 2003. Más de diez mil de los que solo se han seleccionado siete, al parecer de la Policía, y que el resto no han sido devueltos, no pudiendo aportarse otros exculpatorios si los hubiera.

Por ello, la letrada de Rodríguez ha pedido como cuestión previa al tribunal que declare que se vulneraron sus derechos, principalmente el derecho a la libertad, para que esta declaración del tribunal pueda apuntalar un futura denuncia “a los responsables de la detención”.

Ángela Coquillat, letrada de Rodríguez ha dicho que “no era necesaria la detención. Mi defendido no opuso resistencia ni en la entrada y registro ni cuando se requisaron los aparatos electrónicos; ni había antecedentes ni policiales ni penales, ni riesgo de fuga, ni de él ni de ninguno de los acusados, y además, había arraigo. No se cumplía la excepcionalidad de la medida de la detención ni estuvo detenido el tiempo necesario. Entendemos que no. 24 horas y 30 minutos suponen una vulneración de su derecho a la libertad”.

Respecto al registro, la letrada ha explicado que tanto el fiscal como el juez pidieron que “el registro fuera selectivo. El juez dice que cabe inferir racionalmente que pueda ser hallada documentación referida al modo en que ha sido contratado el personal en Divalterra y dirimir las responsabilidades que puedan tener los acusados”. Además, “las autorizaciones para entrada y registro en despacho que también habla de las contrataciones de Divalterra”. Sin embargo, según la letrada, la medida fue desproporcionada al incautar todos los correos, incluso personales, desde 2003 a 2018. Más de 10.000 correos, y ha explciado que “la UDEF ha cogido siete. Desconocemos si había correos que beneficiaban a Rodríguez y se han descartado”.

La defensa de Rodríguez, y posteriormente se han adherido las demás, también ha reprochado, como cuestión previa, que en los interrogatorios de los denunciantes (trabajadores de Divalterra) en fase de instrucción no estuvieron presentes las defensas de los acusados, por lo que no hubo contradicción en dichas declaraciones lo que consideran también irregular y una vulneración de derechos. Por ello, piden que se devuelva la causa a instrucción.

Al comienzo de las cuestiones previas, las acusaciones populares del PP y Acción Cívica, han retirado la acusación que sostenían contra uno de los altos cargos acusados, concretamente Pau Pérez Lledó, exconcejal de Compromís en Oliva y exresponsable del área de Turismo en Divalterra, por lo que, dado que el fiscal tampoco le acusaba, la presidenta del tribunal le ha informado de que se le iba a absolver y ha podido abandonar la sala. Al parecer, Pérez Lledó no llegó a incorporarse al cargo.

Por su parte, el letrado José Luis Moreno, defensa de Ricard Gallego, se ha adherido a las cuestiones previas de Rodríguez, y ha hecho hincapié en la falta de legitimación de la acusación popular que ejerce el grupo Popular de la Diputación de Valencia. Ha explicado que el poder de representación de la procuradora no lo otorga el portavoz ni el representante de este denominado grupo, sino un grupo de personas que dicen pertenecer al grupo.

En este punto, el abogado Manuel Mata ha pedido que se dilucide esta cuestión previamente para que se pueda expulsar a la acusación popular desde el primer momento y no se “contaminen las declaraciones”. La juez se ha negado a la pretensión de Mata.