Jorge Rodríguez (PSOE) admite que los contratos de Divalterra pudieron ser irregulares

El expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha señalado esta mañana a su llegada a la Ciudad de la Justicia donde hoy comienza el juicio de la causa Alquería, que los siete contratos de alta dirección por los que la Fiscalía le acusa de malversación y pide ocho años de prisión, “estamos hablando de la posibilidad de que haya siete contratos irregulares, que acaba siendo un procedimiento penal por el sueldo que esos trabajadores cobran durante tres años que han estado ejerciendo funciones directivas y han estando yendo a su faena”.

Rodríguez considera que el caso es mucho más propio de un proceso contencioso administrativo que desgraciadamente, y después de una detención espectacular, acaba en un juicio penal”

Rodríguez ha señalado que tiene ganas de dar explicaciones “y que se haga justicia”. “Yo siempre he dado explicaciones porque el caso no es muy complejo, al final son siete contratos que pueden ser irregulares o no, y a partir de ahí, una malversación que entiende el juez instructor por los sueldos cobrados por siete directivos que fueron a hacer su faena directiva y encargarse de áreas de una empresa que cuando nosotros llegamos era un caos, en la que estaba instalada desde la UCO hasta la intervención general, en la que habían no sé cuántas piezas del caso Taula y que nosotros lo que intentamos es poner orden en el caos, restructurar la empresa con siete áreas potentes y con gente competente al frente”.

Preguntado sobre su vuelta al PSPV si saliera absuelto, Rodríguez ha dicho que “no es algo que me preocupe ahora”.

Junto a Rodríguez, exmiembro del PSPV-PSOE y actualmente en el partido independiente La Vall ens Uneix, se sientan hoy en el banquillo de los acusados otros catorce altos cargos acusados de malversación y prevaricación por una presunta simulación de contratos de alta dirección en la empresa pública provincial Divalterra, supuestamente orquestados para beneficiar a miembros y simpatizantes de Compromís y el partido socialista.

El fiscal anticorrupción pide para Rodríguez, el que fue su jefe de gabinete, Ricard Gallego, y el asesor Manuel Reguart, y los dos exgerentes de Divalterra Agustina Brines (Compromís) y José Ramón Tiller (PSPV) un total de ocho años de prisión.

Para los siete altos cargos contratados pide seis años de prisión, y otros tantos para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y el también gerente Xavier Simón; hay un procesado al que el fiscal no acusa.

Las acusaciones son por supuestos delitos de prevaricación y malversación, al parecer materializados en siete contratos para la empresa pública Divalterra, con un perjuicio estimado por el fiscal de 1,1 millones de euros para las arcas públicas -cantidad que hace referencia a los salarios de esos altos cargos-.

El magistrado instructor, de acuerdo con las tesis del fiscal anticorrupción, considera que se produjo una contratación “simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos, más otros dos, entre noviembre de 2015 y febrero de 2018″, lo que podría constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal.

Se trataba, según el auto de procesamiento, “de personas que nunca habían ejercido como altos directivos, por lo que resulta evidente que las finalidades perseguidas no eran las de beneficiar a la empresa pública, sino a unos particulares, y más aún, y presuntamente, a puros intereses de índole partidista”. Se produjo así una presunta malversación, cuantificada en 1.122.095,80 euros.