Un hombre de 34 años con parálisis cerebral ha fallecido en una vivienda de Elche (Alicante) donde se ejercía ilegalmente la actividad de cuidados a personas dependientes, a las que se cobraba entre 30 y 45 euros diarios.

Según ha informado este jueves el ayuntamiento ilicitano, la muerte de esta persona ha destapado la actividad ilícita y ha permitido que la policía local, en coordinación con la Policía de la Generalitat, cerrara la vivienda unifamiliar que acogía la actividad sin autorización legal ni las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

Los agentes investigan las causas del fallecimiento en unas dependencias donde había varias personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo y otras enfermedades neurológicas, algunas de ellas en estado de especial vulnerabilidad.

Durante la inspección, se ha constatado que el inmueble no cumplía las condiciones mínimas para el alojamiento de personas dependientes ya que había deficiencias higiénico-sanitarias evidentes, como restos orgánicos y olores de orina y excrementos, camas y colchones en estado precario, suciedad generalizada y ausencia de ventilación adecuada.

Alimentos en mal estado

En las zonas comunes, como cocina, comedor y baños, se localizaron alimentos en mal estado, electrodomésticos sin mantenimiento y un grave riesgo de contaminación cruzada. Asimismo, en las habitaciones se detectó la presencia de un elevado número de animales, perros y gatos, sin documentación ni control sanitario.

Los responsables de la vivienda, un matrimonio de 58 y 48 años, han manifestado carecer de cualquier licencia municipal o autorización administrativa para el ejercicio de la actividad y tampoco contaban con seguros de responsabilidad civil ni con la habilitación profesional necesaria.

Según confesaron a los agentes, cobraban entre 30 y 45 euros diarios a las familias por cada persona atendida, fuera de cualquier régimen legal, de Seguridad Social o de control sanitario.

Las actuaciones realizadas hasta ahora hacen sospechar que esta actividad se venía realizando desde 2016 en diferentes domicilios y que en la actualidad continuaba de manera clandestina en la vivienda inspeccionada, la cual se encuentra arrendada y cuyo propietario ha manifestado desconocer la utilidad a la que se estaba destinando.

Ante las graves irregularidades detectadas, la policía local de Elche y la Policía de la Generalitat procedieron al precinto y clausura inmediata de la actividad, realojando a las personas internadas con sus familiares, que fueron avisados de inmediato y manifestaron desconocer las condiciones de la vivienda.

Paralelamente, los hechos han sido denunciados ante la inspección de trabajo, ante la Conselleria de Sanidad por ser el organismo competente para la autorización de estas residencias y ante el ayuntamiento de Elche por carecer de licencia de actividad, y se ha alertado a los servicios sociales para la valoración inmediata sobre la necesidad de asistencia a las personas ingresadas y a sus familias.