La Asociación de Víctimas de la Dana Horta Sud reclama a la Generalitat y al CHJ 58 millones por responsabilidad patrimonial

La Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud presentó, ayer al cumplirse un año de la trágica dana de 2024, una reclamación ante la Generalitat valenciana y ante la Confederación Hidrográfica del Júcar por responsabilidad patrimonial tanto en las muertes y lesiones, como en los daños materiales y, sobre todo, por los daños morales originados por la tragedia.

El director de despacho de abogados Vilches, Manuel Hernández, que lleva la acusación de la Asociación en la causa penal, ha explicado que "428 víctimas afectadas por la dana presentaron ayer una reclamación de responsabilidad patrimonial administrativa" dentro del plazo de un año que tienen los particulares para presentar este tipo de reclamaciones ante la Administración.

Hernández ha expuesto que "debemos analizar si la administración pública ha actuado de manera diligente, es decir, si era evitable". Y por ello "cuando se entiende que pudiera ser evitable y ha habido algún funcionamiento anormal, el afectado tiene un año para poder reclamar".

Así, los miembros de la Asociación "reclaman a la Conselleria y al CHJ una serie de indemnizaciones por daños de diversa índole. Lo primero son los daños físicos donde englobamos las lesiones y la pérdida de vida. Doce familias han perdido entre todas seis personas, además hay 15 lesionados, 107 viviendas, 102 coches y doce empresas". Pero el grueso de la reclamación está fundamentada en los daños morales.

El letrado ha explicado que "el ordenamiento jurídico permite ser indemnizado cuando hay eventos que pueden repercutir en la calidad de vida después del hecho".

Bajo su punto de vista "aunque cayó una lluvia torrencial, no se establecieron medidas de alerta, y las infraestructuras estaban planeadas pero no se han ejecutado".

También consideran en la reclamación que "los afluentes de los cauces no estaban acondicionados como debían" y que la Conselleria no administró con debida diligencia y deberían haber lanzado el Es Alert con la suficiente antelación"

También consideran que "ambos organismos deberían haber realizado las obras de infraestructuras que estaban previstas".

Por todo ello reclaman más de 58 millones de euros porque "muchos de los daños se podrían haber evitado".

Según destacan los abogados "una fuerza mayor es imprevista e inevitable, pero las lluvias no se produjeron en el lugar de los hechos y como consecuencia de una mala infraestructura, de que los cauces no estaban en sus mejores condiciones y de que no se avisó, se produjeron daños que se podrían haber evitado".

La reclamación administrativa se presenta ante las administraciones pública y estas tienen seis meses para contestar positiva o negativamente. Si no contestan se inicia un procedimiento contencioso administrativo.

Los abogados han explicado que la presentación de la reclamación en el límite del plazo previsto para tal responde a que hay un proceso penal y hace que cualquier hecho beneficioso del procedimiento pueda incorporarse a la causa.

Respecto a la reclamación de los 58 millones, compete al órgano judicial el poder determinar si la cuantía es global y qué distribución se hace.

También han matizado que "aquí sucede la prejudicialidad penal que significa que el resultado de otra proceso penal afecte a la reclamación" y que "independientemente de lo que concluya la realidad penal la ilicitud penal no colapsa con la administrativa por lo que la reclamación "no se va a ver paralizado por el proceso penal".

Además de esta reclamación, al despacho de abogados les consta que hay más víctimas que ya han iniciado esta vía, y una personas, asociado en la Asociación Horta Sud, que ha presentado idéntica reclamación pero de forma particular, ajeno a la de la Asociación.

Otra de las peculiaridades explicadas es que quien no haya reclamado en plazo no puede reclamar, salvo que les acepten la prejudicialidad penal. Y que si uno de los reclamantes gana la reclamación, la ganan todos.

Por su parte, el presidente de la Asociación, Christian Lesaec ha dicho sentirse muy contento porque de los 680 personas en la asociación han presentado la reclamación más de 400 y ha considerado que "es un mensaje contundente a la Generalitat y al Gobierno de España de que estas cosas no van a quedar en saco roto".

Respecto al funeral de ayer, Lesaec ha explicado que "cuando empezamos a preparar y a preguntar solo una familia tenía intención de ir, pero a medida que se iba acercando la fecha, me pidieron desde Delegación del Gobierno que comprobara si todos habían recibido la invitación, y al hacerlo pregunté si iban a ir y todos me dijeron que sí". Y ha dicho que "les pareció muy emotivo, uno me dijo que se sentía en paz consigo mismo porque cerraba un capítulo. Creo que fue algo positivo y beneficioso para los familiares". Además, ha desvelado que "durante estos meses hemos tenido reuniones con Delegación del Gobierno y hemos ido perfilando cómo se iba a hacer", y que la Asociación de Víctimas Mortales ha sido la que más ha determinado el acto.