Vivienda
Camarero critica que el Gobierno organice la Conferencia Sectorial de Vivienda "sin diálogo, negociación ni trabajo técnico previo con las comunidades"
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda lamenta que el Ejecutivo central imponga aprobar en diciembre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha exigido "financiación, diálogo y eficacia" para el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que debe ser una herramienta “consensuada, flexible y realista” y no una “imposición ideológica unilateral como pretende el Gobierno”.
Camarero se ha pronunciado así antes de participar en la Conferencia Sectorial de Vivienda, la cual “hace un año que no se convoca, y se reúne ahora sin diálogo previo, sin negociación y sin trabajo técnico conjunto con las comunidades autónomas”, pese a que son estas las que tienen la competencia exclusiva en materia de vivienda y las que aplican las políticas directamente sobre el terreno.
En esta línea, la consellera ha criticado que “el Gobierno pretende aprobar en diciembre un plan del que ahora habla, por primera vez, con los consejeros autonómicos, cuando desde diciembre del año pasado y en julio ya tenía nuestras propuestas. Han perdido un año y llegan tarde”.
En este sentido, ha advertido que “la competencia en materia de vivienda es de las comunidades autónomas, la mayor parte de la financiación procede de ellas, y lo que exigimos es negociación, financiación adecuada, medidas fiscales realistas y un plan integral contra la ocupación e inquiocupación que no aparece en el borrador”.
Para la vicepresidenta “esta Conferencia debe ser el inicio de la negociación, no el final de un plan que pretende aprobar de espaldas a las comunidades autónomas”, ha aseverado, al tiempo que ha sostenido que “un Gobierno en minoría no puede imponer a la mayoría de los territorios una política fracasada y sectaria”. Asimismo, ha censurado que “lejos de buscar diálogo y puntos de encuentro, las comunidades autónomas hemos conocido el Plan cuando ya está en audiencia pública”.
Desprecio a los valencianos
En este punto, la consellera de Vivienda ha recriminado el “desprecio que supone plantear un plan que afecta al principal problema de los valencianos, sin los valencianos”, lo que ha definido como “el rodillo sanchista en estado puro”.
Además, ha lamentado que la ministra “intente confundir” sobre el coste que supone a las comunidades autónomas y ha advertido que la Comunitat Valenciana debería asumir casi 300 millones, “un esfuerzo cuatro veces mayor que ahora, pese a ser la autonomía peor financiada”. Pese a que el esfuerzo que el plan plantea para el Gobierno es menor, se ha preguntado “cómo pretende que se financie, si el Gobierno es incapaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado”.
Para la vicepresidenta, la propuesta del Gobierno es “inadmisible por la falta de diálogo y consenso, para el que no se ha trasladado información; por contemplar medidas ideológicas e ineficaces, al insistir en políticas fracasadas como las zonas tensionadas, el control de precios y la subvención indiscriminada; y por invadir competencias y sobre cargar financieramente a las comunidades”.
También ha recriminado que el plan prevé “más burocracia y menos eficacia, ralentizando la respuesta en plena crisis de la vivienda y olvida problemas reales, al dejar fuera medidas contra la ocupación y la inquiocupación, que es la razón por la que miles de viviendas se expulsan del mercado”.
Del mismo modo, ha recordado que la Conselleria ha remitido propuestas desde diciembre de 2024, compartidas con otras autonomías, entre las que ha destacado la generación de suelo y vivienda, con seguridad jurídica y menos trabas burocráticas; ayudas al alquiler más eficaces y flexibles para colectivos vulnerables; el impulso a la vivienda protegida en alquiler y compra, con incentivos fiscales y financieros; la reducción del IVA en vivienda protegida y exenciones fiscales a ayudas al alquiler y programas de apoyo a propietarios para aumentar la oferta de viviendas en alquiler.
Camarero ha insistido en que la política de vivienda “exige eficacia, coordinación y respeto institucional”, y ha pedido al Gobierno central que “abandone la imposición y apueste por el consenso”.
Bono alquiler y fondos europeos
En relación al bono alquiler joven, Camarero ha lamentado el retraso de las ayudas que llegan tarde debido a la “la ineficacia del Gobierno que no ha tenido tiempo en todo el año para convocarnos a la conferencia sectorial, donde deben aprobarse estas medidas, que además cuentan con el mismo reparto que el año anterior”.
“Lo traen tarde -ha reiterado- perjudicando a los jóvenes valencianos, que deberán escuchar la explicación de por qué no van a recibir el dinero del alquiler a tiempo, por culpa de la ineficacia y la incapacidad del Ministerio de traer a tiempo el bono joven, que es imprescindible”.
Asimismo, ha remarcado que “nosotros vamos a darnos toda la prisa posible, pero la convocatoria del bono joven, de nuevo, llegará tarde por culpa del Gobierno de España, a pesar de los esfuerzos de la Generalitat en ponerlo en marcha lo antes posible”.
Por otro lado, en relación a los fondos europeos, la vicepresidenta ha subrayado que la Comunitat Valenciana va a exigir al Gobierno que esos fondos tengan “una especial mirada” en cuanto a la extensión del tiempo para su aplicación, y en cuanto a las consecuencias de la dana.
“Esto ha condicionado nuestras políticas en vivienda y ha condicionado el desarrollo de determinados planes porque ha sido mucho más difícil la construcción y encontrar personal para llevar a cabo las obras que se estaban desarrollando”, ha añadido.
Por tanto, ha pedido que este “esta tragedia, por su extrema gravedad”, sea tenida en cuenta por el Gobierno a la hora de extender ese tiempo de finalización de los fondos europeos, “para que de verdad sean fondos útiles”, ha subrayado.