El Gobierno valenciano ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a presentar un recurso de inconstitucionalidad por el reparto de menores migrantes no acompañados de Canarias al considerar que se vulneran competencias exclusivas de la comunidad autónoma.

El Consell ha aprobado este martes la autorización para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

Y recurre porque considera que se vulneran las competencias exclusivas de la Comunitat Valenciana en asistencia social y menores, el principio de cooperación y lealtad y el de autonomía financiera, según ha informado tras la reunión semanal.

La norma regula la reubicación de menores extranjeros no acompañados desde zonas con recursos tensionados, como Ceuta o Canarias, a otras comunidades autónomas.

El 1 de abril el Consell ya autorizó a la Abogacía a iniciar los trámites para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley y solicitar al Consell Jurídic Consultiu la emisión del preceptivo dictamen.

El texto del acuerdo del Consell establece la fundamentación legal para la interposición del recurso, que está basada, en primer lugar, en la vulneración del Real Decreto-Ley a las competencias exclusivas de la Comunitat Valenciana en materia de asistencia social y protección de menores.

Además, el acuerdo del Consell también considera que el Real Decreto-Ley conculca los principios de cooperación, colaboración, coordinación y lealtad Constitucional.

Asimismo, el texto señala que se quebranta el principio de autonomía financiera, al obligar a la Generalitat a asumir un gasto que no ha sido previsto en sus presupuestos, ni acompañado de una dotación financiera estatal adecuada para atender a los menores trasladados.

Además, considera "injustificable" regular por decreto ley estas competencias puesto que afectan a derechos y deberes fundamentales, recogidos en el Título I de la Constitución; y también critica la falta de diálogo institucional al afirmar que el Gobierno central "impone estas decisiones de manera unilateral".