El demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el gasto sanitario del Botànic en 2022

El informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas sobre el Control Interno y de los Sistemas de Información de las compras sanitarias durante el año 2022 no puede ser más demoledor. Un total de diez deficiencias, la mayoría de ellas graves, han sido detectadas en el gasto sanitario de aquel ejercicio.

En su informe, los síndicos empiezan por señalar que la consignación presupuestaria asignada a este Departamento -que en aquel ejercicio fue superior a los 7.800 millones de euros- resultó insuficiente, y como consecuencia las compras realizadas sin partida presupuestaria -lo que antes se llamaba «facturas en los cajones»- ascendieron a los 707,3 millones de euros, lo cual supone que el défiict y la deuda se trasladan al ejercicio siguiente.

Además, señala una falta de planificación en la contratación centralizada, y afea a la Conselleria del Botànic que realizara compras de manera directa -sin pasar ningún tipo de control- por valor de 1.112 millones de euros, lo cual representa el 85,4 por ciento de las compras de medicamentos, y entre el 65,8 y el 80,2 por ciento en el caso de los medicamentos y productos sanitarios en los cinco departaentos revisados.

En tercer lugar, señala un incremento de los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto (EEI), los gastos de los cuales se realizan por medio de compras directas, sin crédito presupuestario y sin contrato.

La Sindicatura critica asimismo la falta de transparencia en la deterninación de los precios e indefinición de artículos. Señala que, en las compras directas, cada departamento acuerda un precio con el proveedor, «con escasa o nula capacidad de negociación frente a la prioridad de la atención sanitaria». El informe apunta que en medicamentos no existe un precio único y homogéneo, y los descuentos de los proveedores son distintos entre los departamentos, lo que impide conocer el precio real de los productos.

Se observa también falta de control en almacenes y procedimiento de valoración de existencias. «Los criterios de valoración no son homogéneos entre los departamentos y deberían incluirse las existencias de los almacenes intermedios. No se formaliza la conciliación del inventario físico con los sistemas de información. En algunos casos, se debe mejorar el control de accesos a los almacenes».

Entre los problemas graves se señala también el retraso en el pago a los proveedores, que provoca un aumento de los costes financieros. «Se producen sobrecostes por el devengo de intereses y costes de indemnización derivados de la demora en el pago».

En 2022, el período medio de pago de 112 días superó el plazo legal máximo de 60 días y se generaron intereses de demora y costes de indemnización por 54,1 millones de euros, con tipos legales superiores al mercado financiero. Por otra parte, cabe recordar que los intereses deben liquidarse de oficio. Por último el informe señala que es necesario reforzar los medios de la Intervención General.