La Generalitat crea una oficina antiokupas para dar seguridad jurídica: "Es un fenómeno mucho más profundo del que creemos"

La Generalitat Valenciana tendrá "en las próximas semanas" una oficina antiokupación donde personas podrán llamar a denunciar que les han okupado la vivienda, recibir asesoramiento legal y también tratamiento psicológico. "Cada persona que sufra una okupación va a tener un acompañamiento desde el primer momento", ha explicado el presidente, Carlos Mazón, que ha asegurado que se han encontrado "importantes cuadros de estrés, ansiedad y frustración" entre propietarios.

La oficina se enmarca dentro del nuevo Plan Integral contra la Okupación presentado este jueves por la mañana en el Palau de la Generalitat, un trabajo conjunto de Presidencia con la Conselleria de Emergencias e Interior y la de Justicia y Administración Pública, todas ellas coordinadas por la Conselleria de Sociales, Igualdad y Vivienda.

"Estamos humanizando el apoyo a las víctimas de la okupación", ha asegurado el presidente, que ha dicho que las denuncias se han disparado en los últimos años, pasando de ser 277 en 2010 a 1.800 en el año 2024 y superando las 2.000 en el año 2022 en la Comunitat Valenciana. "Más allá de la estadística, quedan todos los hechos en los que no se intervino, o los casos de inquiokupación, cuando un inquilino no abona el alquiler y se aprovecha de vacíos legales... que son 15.000 casos al año, según asociaciones de propietarios afectados", ha dicho Mazón.

Aún así, desde la Generalitat creen que hay muchos más casos que no se denuncian. "En esas denuncias se pudo aplicar los delitos de usurpación y allanamiento, pero muchos otros no son denunciados. Hay gente que no va a la justicia porque cree que está desprotegida a priori", ha explicado el jefe del Consell, que se ha mostrado preocupado ante la posibilidad de que el problema subyacente sea mucho mayor. "Una cosa son las que podemos intuir y otra las que pueden aflorar cuando por fin vean que estamos dando seguridad y acompañamiento. Nos podemos encontrar un fenómeno mucho más profundo del que creemos", ha asegurado.

En todo caso, desde el Consell han querido incidir que este Plan no busca proteger únicamente a "grandes fondos tenedores ni grandes propietarios", sino que obedece a una realidad mucho más extensa. "La mayoría de las veces de familias con rentas normales, medias o que a lo largo de su vida han buscado ese segundo piso y se lo encuentran okupado", ha dicho Mazón, que ha asegurado que hay casos "de personas mayores que alquilan la suya propia para pagar una residencia de mayores".

Un problema de vivienda subyacente

Mazón ha querido recalcar que desde el gobierno autonómico se puede llegar donde las competencias delimitan, por lo que ha mencionado que desde el Consell han propuesto una serie de medidas al Gobierno de España que pasan por derogar la Ley de Vivienda. "La okupación e inquiokupación son los síntomas más graves de una misma enfermedad: la escasez de vivienda. Este es el origen de este problema", ha especificado el presidente, que ha dicho que la ley actual "da más seguridad jurídica al okupa que al propietario".

Entre las medidas de competencia estatal que ha propuesto reformar se incluye la reducción de plazos en juicios verbales de desahucios para acabar con el "calvario procesal"; reforzar a los policías para las intervenciones inmediatas; introducir desgravaciones a las propiedades okupadas y en procesos judiciales y eliminar la tributación por rentas impagadas de inquiokupas.

Asimismo, se ha atacado a la falta de vivienda pública y la persecución de la okupación en el pasado. "Hace 2 años, al llegar al Consell, el 10% de viviendas del parque público estaban ocupadas, más de 1.800 viviendas okupadas de 15.000 totales", ha asegurado. Además, ha añadido que para resolver la okupación una de las medidas debe ser ofrecer más vivienda pública y social, para lo que ha dicho que es una prioridad de su gobierno que va "a buen ritmo", con "1.600 viviendas protegidas licitadas en 2024 y en 2025 la previsión de que 2.000 se ejecuten" y con el objetivo de llegar a 10.000 viviendas protegidas ofertadas en el parqué público de aquí a final de legislatura.

A ello se une como el Plan VIVE de Impulso a la Construcción de Vivienda de Protección Pública al que se han adscrito más de 300 ayuntamientos para construir vivienda social, así como el aval a más de mil jóvenes para poder acceder a su primera vivienda o la eliminación del impuesto de transmisiones patrimoniales a jóvenes.

Policías, abogados y psicólogos formados

Lo más relevante del plan es la oficina antiokupación, con un "call center" con atención inmediata llamando al 012 que activa los protocolos para poder denunciar y recibir "asesoramiento personalizado y profesional de letrados, psicólogos y trabajadores sociales". Esta nueva herramienta regional estará presente a través de más de cien puntos especializados, 37 de ellos oficinas de atención a las víctimas y 66 centros Justiprop en ayuntamientos repartidos a través de las tres provincias.

El personal tanto de servicios sociales, letrados como psicólogos ha recibido en los últimos meses formación personalizada, a la que se sumará la "formación a policías locales y autonómicos" a partir de este mes de julio a través del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe).

Dentro del nuevo Plan se incluye también la elaboración de protocolos de actuación especializados para cada sector, desde policías a ayuntamientos e incluso a administradores de fincas para saber cómo denunciar y actuar una posible okupación e inquiokupación. A ello se suma una habilitación de una línea a través del teléfono 112 para agilizar la denuncia y así que la policía pueda "acudir de inmediato para la recuperación exprés de la vivienda", conectando de manera telemática con el registro de propiedades para garantizar in situ el tenedor.

Por último, desde Servicios Sociales se valorará "la situación de vulnerabilidad" de las personas que okupan la casa para poder ofrecer asistencia. Una novedad es que si estas personas estaban inscritas en la lista para vivienda social y son descubiertas okupando una casa, perderían su puesto en la lista de espera como penalización, pero no hay prevista, en un principio, una lista única de historial de okupación para conocer el perfil e historial de las personas y poder prevenir que se repita su caso.