El Gobierno valenciano estudia alquilar o vender edificios públicos

El Consell de Carlos Mazón estudiará, mediante un análisis pormenorizado de todos y cada uno de los muebles y los inmuebles que componen el patrimonio público de la Generalitat, distintas opciones para obtener rentabilidad de estos bienes, entre las cuales se encuentran el alquiler o venta de los mismos.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, explicó durante su intervención en Les Corts para presentar las principales líneas de trabajo de su Departamento durante esta legislatura, que se llevará a cabo un análisis para optimizar el uso actual y futuro de este patrimonio, siempre teniendo en cuenta que «son propietarios del mismo todos y cada uno de los ciudadanos de esta comunidad».

No será la primera vez que un Gobierno del PP lleva a cabo este tipo de operaciones inmobiliarias con el patrimonio público para aumentar la rentabilidad del mismo.

El último Gobierno valenciano del PP, con Juan Carlos Moragues al frente de la Conselleria de Hacienda, hizo del alquiler de edificios públicos una forma de rentabilizar el patrimonio inmobiliario de la Generalitat.

Ante la inminente puesta en marcha del Complejo Administrativo 9 d’Octubre, que iba a unificar las sedes de casi todas las Consellerias, Moragues aprovechó para sacar ingresos del alquiler de algunos de los edificios que habían servido hasta el momento como sede de alguna Conselleria.

Fue el caso del edificio público ubicado en la calle Colón, 32, que había servido de ubicación de la Conselleria de Economía, y que se alquiló al grupo Inditex, donde hoy se encuentra la mayor tienda en Europa de la marca Bershka y el hotel NH Collection. El precio anual del alquiler por el que se firmó el contrato fue de más de 990.000 euros.

También se arrendaron las oficinas de la Conselleria de Infraestructuras a la Agencia Tributaria, una operación que reporta 1,2 millones de euros anuales a las arcas públicas valencianas.

Por último, se arrendó parte del edificio público ubicado en la plaza del Ayuntamiento, y que sirvió de sede para el Instituto para la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA), a la empresa Clave Denia, propietaria de la marca Ale-hop. El precio del arrendamiento fue de 204.732 euros al año. Todos estos arrendamientos siguen en vigor a día de hoy.

Para el entonces conseller, Juan Carlos Moragues, poner en movimiento los edificios de propiedad pública a los que no se les estaba dando un uso, era una prioridad. Cabe recordar que era el año 2013, en plena crisis financiera y con una Generalitat valenciana centrada en recortar gastos y aumentar los ingresos.

Otras de las operaciones quedaron en el tintero tras perder el PP valenciano las elecciones del año 2015. El Botànic, no solamente paralizó todas las operaciones que quedaban pendientes, sino que dio uso a algunos de los edificios que se encontraban disponibles para su alquiler, como el antiguo Hospital de La Cigüeña, que aunque había recibido varias ofertas, fue utilizado por el Gobierno de izquierdas como sede de la Conselleria de Transparencia.