El Gobierno valenciano suprime la obligatoriedad de la exposición pública para inversiones estratégicas

El Pleno del Consell ha aprobado este martes modificaciones de la Ley de Ordenación del Territorio, Paisaje y Urbanismo (Lotup) para agilizar y atraer inversiones nacionales e internacionales a la Comunitat Valenciana.

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha manifestado que el objetivo es "agilizar y simplificar la tramitación de los Planes Territoriales Estratégicos "para aportar más rapidez y evitar la sobreexposición de proyectos".

Pradas ha asegurado que la Comunitat "está emergiendo como uno de los territorios más atractivos para la inversión tanto nacional como internacional" y para que esas inversiones lleguen han decido eliminar la consulta pública previa.

Será el Consell, ha dicho, el que, "motivadamente y caso por caso, decida si debe llevarse a trámite el someter a consulta pública previa un proyecto de Plan Territorial Estratégico en los términos previstos", lo que permitirá "ahorrar entre uno y tres meses el plazo "evitando una posible especulación en la adquisición de terrenos y garantizando la confidencialidad para estas inversiones".

"Queremos que la Comunitat vuelva a ser atractiva para las inversiones y queremos agilizar los procedimientos para que esas inversiones vengan", ha agregado y ha asegurado que van a "poner una alfombra roja para las inversiones que vengan a crear empleo de forma sostenible".

Para Pradas, "no llevar a cabo este trámite previo no va a eximir de los trámites posteriores de información pública y audiencia a los ayuntamientos de los instrumentos de planeamiento y gestión que lleva aparejados la ley".

Además, ha explicado que la norma establece un procedimiento de regularización de actividades industriales en suelo no urbanizable mediante la tramitación de una declaración de interés comunitario de regularización y con otra modificación aprobada de la Lotup se amplía también a actividades terciarias y de servicios y se amplía el plazo.

"Los titulares de estas instalaciones podrán solicitar la regularización de las actividades desde la publicación del decreto en el DOGV hasta el 31 de diciembre de 2025", ha añadido.

Han considerado que esta reforma era "necesaria porque muchas de las actividades industriales que potencialmente podrían haberse regularizado no lo hicieron en el plazo inicialmente otorgado".

"Damos un nuevo plazo para que las actividades industriales y productivas, y ahora también las terciarias y de servicios puedan regularizarse y establecer su total legalidad urbanística y ambiental", ha concluido.