La patronal valenciana pedirá a Mazón que derogue los "impuestos verdes" del Botànic

Que el Consell de Carlos Mazón, formado por PP y Vox, suprimiera el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, no era algo complicado puesto que el popular había hecho de dicha medida uno de sus eslóganes de campaña: «No al impuesto de la muerte».

Los empresarios valencianos, representados por la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), se felicitaron rápidamente por dicha medida, y pidieron más: que en las empresas familiares la bonificación de dicho impuesto se haga extensible a los familiares de tercer grado.

Ahora bien, una vez conseguida la bonificación de este impuesto empieza la siguiente misión: conseguir que se supriman los denominados «impuestos verdes» que el Botànic incluyó en la Ley de Cambio Climático Transición Ecológica aprobada en diciembre del año 2022.

Se trata del impuesto a las grandes superficies, a los vehículos contaminantes y a las empresas contaminantes. Los tres entran en vigor en el año 2025 -el anterior Gobierno progresista no quiso abrir más frentes con los empresarios mientras estos se enfrentaban a la peor crisis inflacionista de los últimos años-. De modo que el actual Consell del PP deberá decidir si mantiene o suprime -como hizo con la tasa turistica- dichos tributos.

Fuentes de la CEV explicaron a este periódico que en el tiempo que falta hasta 2025, la misión de los empresarios será trabajar por que el Consell, presidido por Mazón, elimine unos impuestos que aumentarían los gastos de las empresas y que se suman al impuesto al plástico, ya en vigor, aprobado por el Gobierno central.

En cuanto a estos impuestos, el que hace referencia a los vehículos grabará las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica matriculados a partir del 1 de enero de 2023.

Además, en la Ley de Cambio Climático se incluye un impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades económicas, cuya finalidad es reducir la emisión de gases contaminantes incentivando la adopción de medidas que optimicen el desempeño medioambiental de los procesos, así como la mejora de la calidad del aire.

Por último, el impuesto a las grandes superficies grava la capacidad económica que concurre en determinados establecimientos con fines, comerciales, de ocio, hostelería o espectáculos a consecuencia de estar implantados en grandes superficies que, por su efecto de atracción al consumo, provoca un desplazamiento de vehículos.

En concreto, afecta a los grandes establecimientos comerciales territoriales, tanto individuales como colectivos, que dispongan de una superficie comercial igual o superior a 2.500 metros cuadrados.

Por el momento los contactos entre la patronal y el presidente de la Generalitat son frecuentes y con buena sintonía. Precisamente el pasado martes Mazón mantuvo un encuentro de trabajo con la cúpula directiva de la patronal, en el que se pusieron sobre la mesa los asuntos que más preocupan a la confederación de cara a la nueva legislatura.