Rebaja fiscal para 15.000 valencianos

En 2022, la Generalitat valenciana ingresó un total de 353,31 millones de euros en concepto de Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Este dinero ya no entrará en las arcas públicas a partir del año que viene, tras la derogación de este tributo por parte del Consell. El pleno del Gobierno valenciano que se celebró ayer en Castellón con motivo de la celebración del 772 aniversario de la ciudad, aprobó el anteproyecto de ley para que esta medida entre en vigor lo antes posible.

La supresión de esta tasa beneficiará a cerca de 15.000 valencianos que, de media, pagan cada año el «impuesto de la muerte», según lo denomina el propio presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. El jefe del Consell explicó que con esta supresión «se evitan injusticias, dobles imposiciones y se adquiere un compromiso fiscal, histórico y, sobre todo, moral».

Detalló que con esta medida, se agradece «pero no se grava» el esfuerzo de «nuestros padres y abuelos, que nos han entregado lo mejor de su historia para que lo podamos disfrutar, lo aceptemos con responsabilidad y para que esa herencia, con absoluta libertad, la hagamos más merecedora de la siguiente generación», aseveró.

Por su parte, los grupos de la oposición, PSPV-PSOE y Compromís, instaron al Consell a decir cómo va a compensar el descenso de ingresos en la Generalitat por la bonificación de este impuesto, mientras que el PP reivindicó la «menor carga fiscal para los valencianos» que supone el actual Consell.

La síndica socialista en Les Corts, Rebeca Torró, señaló que el Consell del PP y Vox «no gobierna para la mayoría», sino que trabaja «para los mismos de siempre», y destacó que van a «perdonar» a las rentas más altas 350 millones de euros con la bonificación al 99 % de este impuesto.

«Eso son 70 institutos, son 34 colegios o es pagarle el tratamiento contra la hepatitis C a 17.000 ciudadanos», manifestó, y criticó que se acuerden «beneficios para los de siempre». Además, alertó de que «finalmente habrá recortes para la mayoría».

Opinión bien distinta mostraron desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). La patronal considera que la medida aprobada ayer por el Consell «va en la dirección correcta», ya que «aligera la carga tributaria de los ciudadanos».

Lengua común en el Congreso

Por otra parte, la portavoz del Consell, Ruth Merino, leyó durante la rueda de prensa tras la reunión del Gobierno, la declaración institucional aprobada por la Generalitat para defender la igualdad del valenciano frente al resto de lenguas cooficiales españolas. Cabe recordar que la Generalitat consideró que se menoscababan los derechos de los valencianos al aprobarse en el Congreso el uso de las lenguas «gallego, euskera y catalán».

Aunque finalmente la propuesta se ha presentado sin referirse a ninguna lengua en concreto, el Gobierno valenciano consideró necesario dar lectura de dicha declaración, en que además se recuerda que es el Senado la Cámara encargada de representar a los diferentes territorios, y donde ya se permite el uso de las lenguas cooficiales, por lo que no es necesario que también se haga en el Congreso.

Nuevos nombramientos

Por otro lado, el Consell avanzó en la composición de su estructura, con el nombramiento de 14 nuevos altos cargos, liberando así de sus responsabilidades a los miembros del Botànic que seguían ostentando ciertas responsabilidad, como es el caso del secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel. Sin embargo, todavía quedan 10 altos cargos del Gobierno anterior ejerciendo sus puestos. Alguno de ellos llama especialmente la atención, como es el caso de la secretaria autonómica de Financiación, Mako Mira, quien sigue manteniendo las reuniones con Volkswagen para su implantación en Valencia.

En otro orden de cosas, la oposición en Les Corts Valencianes, PSPV-PSOE y Compromís, pidieron ayer explicaciones al vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera (Vox), por seguir administrando siete empresas pese a ocupar un alto cargo en el Gobierno valenciano, a lo que PP y Vox replicaron que «está en plazo» para solucionar la incompatibilidad.