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La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para «Caco» Senante

Se sentará en el banquillo por el supuesto desvío de fondos de la SGAE

  • El cantante Juan Carlos «Caco» Senante
    El cantante Juan Carlos «Caco» Senante / Luis Díaz
Madrid.

Tiempo de lectura 4 min.

13 de julio de 2016. 23:57h

Comentada
R. Coarasa.  Madrid. 13/7/2016

El cantante Juan Carlos «Caco» Senante y el ex presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Eduardo «Teddy» Bautista se sentarán en el banquillo –junto a los ex directivos de la entidad Ricardo Azcoaga y Enrique Gómez Piñeiro– por el supuesto desvío de 50.354 euros de los fondos de la institución entre octubre de 2010 y junio de 2011. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra los cuatro acusados, para los que la Fiscalía Anticorrupción pide penas de dos años y medio de prisión (que en el caso de Gómez Piñeiro, ex director de Comunicación Pública de la SGAE, reduce a un año y tres meses en caso de que el tribunal lo considere un mero cómplice) por administración desleal o, en su caso, por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El magistrado da tres días de plazo a los procesados para que paguen cada uno una fianza de 62.079 euros (40.472 para Gómez Piñeiro) para hacer frente a posibles responsabilidades civiles. En caso contrario, les advierte, ordenará el embargo de sus bienes.

De la Mata deja constancia en su escrito de que la SGAE ha renunciado a formular acusación contra sus cuatro ex directivos.

El magistrado advierte indicios delictivos en los 30.354 euros que cobró de la SGAE «Caco» Senante, distribuidos en nueve facturas en 2010 y 2011 por la supuesta prestación de servicios de asesoramiento para la sociedad general de autores en Canarias. Asimismo, De la Mata también sitúa bajo sospecha la operación de compra de un timple (guitarra tradicional canaria) firmado por el poeta Rafael Alberti para la SGAE en marzo de 2011 por 20.000 euros, un montante seis veces superior a su precio de mercado (lo que habría acarreado unas pérdidas a la institución de 16.370 euros), que se adquirió a una «amiga personal» del cantante.

El juez de la Audiencia Nacional reproduce el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, que reclama además la inhabilitación especial de los acusados para el ejercicio de las funciones de administrador de cualquier entidad de gestión de derechos de autor y, alternativamente, la imposición de multas de 141.252 euros para Senante, Bautista y Azcoaga y de 91.062 euros para Gómez Piñeiro.

El autor de «Mojo picón» cobró sus emolumentos «de modo supuestamente ilícito» a través de Algo Distinto S. L., una de la media docena de sociedades de las que es administrador. Y lo hizo mientras era directivo de la propia SGAE (fue miembro de su Junta Directiva y, a su vez, del Consejo de Dirección de la entidad, desde 2007). Senante, dice el juez, «urdió un plan» para promocionarse para el cargo de delegado de la SGAE en Canarias ante la posible jubilación de quien ejercía esa responsabilidad, Octavio Álvarez Hernández. Al menos desde octubre de 2010, empezó a realizar tareas de representación en Canarias «sin habilitación, encomienda ni mandato alguno» por parte de la SGAE.

«Plena conciencia»

En esas fechas, Bautista decidió, de forma unilateral, contratarle por un año, sin someter esa decisión al Consejo de Dirección, pagándole 3.540 euros mensuales, «legitimando así la indebida salida de fondos». Tanto el entonces presidente de la institución como los otros tres acusados tenían, mantiene De la Mata, «plena conciencia» de la irregularidad que cometían al pagar unos honorarios a un consejero de la SGAE omitiendo el plácet del máximo órgano de dirección. En esas fechas, además, Senante debía a la institución 52.22 euros por anticipos a cuenta de derechos de autor.

En cuanto a la compra del timple canario, se realizó «prescindiendo por completo» de la normativa de la SGAE para adquisiciones superiores a 6.000 euros, sin contrato escrito y «sin la más mínima cautela» sobre su precio real y sin someter la operación al preceptivo control del Consejo de Dirección.

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