La ciudadanía señala a las empresas tecnológicas como responsables de la devaluación de la cultura escrita

Cedro presentó este jueves en Madrid el 'Tercer Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita', un estudio que revela que la ciudadanía considera a las empresas tecnológicas como principales responsables de la devaluación creativa y editorial, al estar contribuyendo a "democratizar" el uso no autorizado de contenidos protegidos.

El estudio fue presentado por la presidenta de Cedro, Carme Riera; el director general de la entidad, Jorge Corrales; y el director de Qbo, consultora encargada de su realización, Héctor Jiménez. El informe propone avanzar hacia un "Pacto de Estado" para la protección del valor editorial, que involucre de forma transversal a los ámbitos político, jurídico, económico y tecnológico de los gobiernos de las administraciones locales, autonómicas y central.

Bien de mérito y cuestión de Estado

El análisis señala que la sociedad española considera la cultura escrita un "bien de mérito" por sus beneficios sociales. Carme Riera subrayó que su protección "debe ser entendida como una auténtica cuestión de Estado, ya que sin cultura escrita no hay democracia sólida, ni educación libre, ni desarrollo social sostenible".

El informe revela que el 83,7 % de los encuestados afirma que "respetar los derechos de propiedad intelectual constituye una buena práctica social, ya que se percibe como una fórmula de autocuidado". "La cultura escrita requiere tiempo, esfuerzo intelectual y un compromiso ético que deben ser reconocidos legal, social y económicamente. Si no hay sostenibilidad de la cultura escrita, la libertad de crear y editar dejará de ser un derecho y volverá a ser un privilegio, obligándonos a depender de un mecenas, como ocurría en el Siglo de Oro, señaló Carme Riera.

El estudio también identificó que la ciudadanía "responsabiliza a las empresas tecnológicas de la devaluación del trabajo creativo y editorial". En este sentido, el 45,7 % de las personas consultadas percibe que "los intereses de la tecnología y la cultura son contrapuestos" y el 63 % considera que las empresas tecnológicas deberían contar con el permiso del autor o editor antes de utilizar contenidos, por ejemplo, para "entrenar inteligencia artificial". Además, el 72,7 % opina que el sector público prioriza los intereses tecnológicos sobre los del sector cultural.

Oficios vocacionales

Riera explicó que "en las últimas décadas, ha provocado avanzar hacia una profesionalización del sector, la tecnología nos ha llevado a una devaluación de nuestro trabajo, y nuestros oficios dependen cada vez más de la vocación de quienes los ejercemos".

El 73 % de los usuarios utiliza contenidos preexistentes en sus prompts, lo que implica que gran parte de los materiales empleados para entrenar IA tienen derechos de autor. además, el 89,7 % cree que el Estado debe regular la IA, especialmente en el ámbito cultural, y un 64,3 % considera que esa regulación es "esencial" para garantizar que la tecnología esté al servicio de las personas, y no al revés. El 89 % vincula el progreso sostenible a la adecuada protección de autores y editores. "Se ha humanizado la IA para generar confianza, pero al hacerlo se diluye la responsabilidad de quienes la controlan. El Observatorio demuestra que la sociedad no se opone a la tecnología, pero sí exige equilibrio, transparencia y justicia", indicó Jorge Corrales.

El estudio también reveló un importante déficit de información sobre los derechos de autor, lo que dificulta que la sociedad valore adecuadamente los beneficios sociales que estos generan. Un 67,6 % de los participantes en el estudio consideró que falta información en esta materia, mientras que un 88,7 % demandó con urgencia explicar mejor tanto los factores positivos asociados a la protección de la propiedad intelectual como los efectos negativos que la tecnología puede provocar sobre la creación cultural.

El Observatorio propuso como medidas para avanzar en la sostenibilidad de la cultura escrita "impulsar una legislación clara que elimine las ambigüedades sobre el uso de contenidos editoriales en entornos digitales, garantizar transparencia institucional en su utilización y distribución, fomentar la educación y formación sobre derechos de autor en todos los niveles educativos y en la Administración pública, y desarrollar campañas de sensibilización que destaquen el valor de los contenidos, promuevan el respeto a los autores y alerten sobre las consecuencias de la piratería".