El 'Proceso 1.001': cuando pagaron justos por comunistas

Ese 15 de febrero de 1975 el centro de Madrid se quedó a oscuras durante tres horas. Un fallo de Unión Eléctrica dejó sin luz Chamberí, Tetuán y el Centro. Las salas de los cines quedaron en la penumbra que algunos buscaban, pero los comercios y los bares tuvieron que cerrar ese sábado por la tarde. Los semáforos quedaron muertos y a los guardias urbanos se les quedó corto el pito. Tampoco hubo tele, ni radio. Nadie pudo escuchar la noticia ese día. Una pena, porque esa mañana el Tribunal Supremo anuló una sentencia del temido Tribunal de Orden Público (TOP). Los jueces de la sala 2ª habían desestimado la represión que este tribunal había dictado contra unos sindicalistas en diciembre de 1973. 

Los presos eran los comunistas de CCOO, que no habían tenido otra ocurrencia que ganar las elecciones sindicales dentro de la Organización Sindical Española. El asunto produjo un conflicto dentro del Consejo de Ministros. Uno llamó a otro ingenuo, y el aludido respondió subiéndose las gafas con el dedo corazón. El caso es que los aguerridos hombres del comunista Marcelino Camacho pidieron una sala de debate en el convento de los frailes Oblatos, en Pozuelo de Alarcón, Madrid, el 24 de junio de 1972. Estaban esperanzados, y Nicolás Sartorius, descendiente del conde de San Luis pero dispuesto a poner una guillotina para la aristocracia franquista en la Puerta del Sol, presentó en esa reunión el documento: «Sobre la unidad del movimiento de masas». Era un plan de huelga general para derribar el Régimen.

El sindicalismo opositor tenía más infiltraciones que el estudio antidopaje del Tour de Francia. El ministro de la Gobernación, Carlos Arias Navarro, apretó el botón azul de la represión poniendo en marcha la captura. El tipo quiso hacer méritos ante Franco y desplegó a la Brigada Político Social, la Policía Armada y la Guardia Civil como si los sindicalistas fueran terroristas. No hubo naumaquia porque Pozuelo no tiene mar. En la «arriesgadísima» operación las fuerzas del orden detuvieron a diez personas. Fueron los «Diez de Carabanchel». Además de Camacho y Sartorius estaban Fernando Soto, Francisco García Salve, el cura Paco, Juan Muñiz Zapico, Juanín, Francisco Acosta, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santisteban y Luis Fernández Costilla. Muchos de ellos ya eran conocidos por el TOP. Ingresaron en la cárcel de Carabanchel, que era un lugar de espera a la condena. Desde la trena siguieron organizando las Comisiones Obreras, porque la conflictividad no disminuyó. Buscaron abogados de distintas ideologías para mostrar que no era una cuestión de comunistas, sino de la sociedad contra la dictadura. Allí aparecieron abogados de renombre como los democristianos Joaquín Ruiz-Giménez –ministro de Educación entre 1951 y 1956– y José María Gil Robles Quiñones, el socialista Enrique Barón, la maoísta Paca Sauquillo, la comunista Cristina Almeida, y el monárquico Alfonso de Cossío, del Consejo Privado de Don Juan, junto a otros.

ETA se mete por medio

Todo marchaba. El juicio se fijó para el 20 de diciembre de 1973. Mala suerte. Ese mismo día Carrero Blanco fue asesinado por los etarras. Al poco tiempo de iniciar la sesión llegó la noticia del asesinato de Carrero Banco. El juez detuvo el acto, reunió a los abogados y siguió por la tarde. Mientras, en el Palacio de Justicia aparecieron los Guerrilleros de Cristo Rey, matones y terroristas del búnker franquista, buscando a los acusados para «hacer justicia» por el atentado de ETA. La policía lo impidió. En el calor del momento, los Diez fueron acusados de algo cierto, ser comunistas y querer una huelga general, pero el TOP les puso unas penas desorbitadas: entre 6 y 20 años.

Empezó así el «Proceso 1.001», que tuvo una campaña de solidaridad internacional poderosa impulsada sobre todo por las mujeres de los presos, que organizaban manifestaciones al grito de «amnistía y libertad» para presionar a las instituciones franquistas a favor de la liberación de sus parejas. Las esposas de los presos enviaron cartas que humanizaban a sus defendidos y que contaban las condiciones de vida de los presos políticos. Los gobiernos francés y británico protestaron. CCOO llevó el asunto a la Organización Internacional del Trabajo, que envió observadores a España. Ante la presión, el 15 de febrero de 1975, el Tribunal Supremo anuló la sentencia del TOP. Las penas fueron reducidas, y algunos salieron en libertad, en concreto Fernández Costilla, Acosta, Zamora y Santisteban. El resto tuvo que esperar a los indultos concedidos por Juan Carlos I el 25 de noviembre de 1975. A la una de la mañana del día 30, Marcelino, con un jersey de cuello vuelto tejido por Josefina, su esposa, cruzó las puertas de la cárcel de Carabanchel.