Mató a sus hijos «por impaciencia». Así lo justificó José Bretón. Pero no lo dijo durante la investigación ni en el juicio en la Audiencia de Córdoba. Ha admitido cada uno de los hechos y sus viles detalles a Luisgé Martín. Tras tres años intercambiando cartas con el asesino y una entrevista final, el escritor ha dado forma a «El odio», un libro editado por Anagrama y que ahora se sitúa en el centro de una polémica. La madre de los niños asesinados por su padre en octubre de 2011, Ruth Ortiz, señalaba este jueves que «no podemos, de ninguna manera ni forma, dar voz a los asesinos para que puedan faltar al honor, a la intimidad y a la imagen de las víctimas, ni revictimizarlas». Solicitaba la paralización de la publicación del libro, definido por la editorial como «un ejercicio literario similar al que hace Emmanuel Carrère en ‘‘El adversario’’», una crónica ante la que el autor «se pregunta constantemente por el mecanismo cerebral que lleva a esta tragedia».

Se pone sobre la mesa un complejo y polarizado debate: ¿se debe caer en la censura si así se prioriza el derecho de las víctimas? ¿Hasta qué punto esta protección conlleva limitar la libertad de expresión? La solicitud de paralización de la publicación de «El odio» ha trascendido más allá de la petición de Ortiz. Este jueves la Fiscalía de Menores pedía suspender la publicación, solicitando una medida cautelar que recaerá en un juzgado de Primera Instancia. La Fiscalía, además, se ha puesto en contacto con la editorial, advirtiendo de que valora emprender acciones legales ante la posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los niños. Por su parte, Anagrama ha decidido paralizar tanto la publicación –estaba previsto que llegase a librerías el próximo miércoles–, como la promoción con la prensa programada para este lunes. Como ha podido saber LA RAZÓN, el sello ha puesto el libro en manos de su servicio jurídico, por lo que se infiere que este proceso no se habría llevado a cabo con anterioridad. Cabe destacar que, si bien aún no se ha distribuido y por tanto no ha llegado a los puntos de venta, sí es cierto que ya circulan ejemplares dirigidos, por ejemplo, a la crítica o a los periodistas. En plena era de internet, sería cuestión de tiempo que, en el caso de que Anagrama decidiese no continuar con la publicación de la obra de Martín, se produjesen filtraciones y la piratería entrase en escena. Ya no es posible paralizar por completo la publicación de ningún libro, y ello conllevaría a su adquisición de forma ilegal, algo que a la larga perjudicaría a todos los implicados en esta polémica.

Destaca para perfilar esta compleja situación la perspectiva de las diversas asociaciones en contra de la violencia vicaria. Andrea Cabezas, creadora de Stop Violencia Vicaria, es contundente: «Es inaceptable que se priorice la palabra de un criminal sobre el respeto y la dignidad de sus víctimas». En nombre de la asociación, considera «de vergüenza que se dé voz a un asesino que no ha reparado el daño que ha causado. José Bretón asesinó a sus dos hijos con el único propósito de infligir el mayor sufrimiento posible a su exmujer, Ruth Ortiz. Mientras él sigue teniendo la oportunidad de contar su versión y generar más dolor, el Estado sigue sin haber reparado en el daño que causó». Opinan que darle voz «no es libertad de expresión, sino complicidad», y esperan que «la Fiscalía actúe de oficio, pues esto debe tratarse como lo que es: un delito de odio y de violencia contra una víctima que aún sufre las consecuencias de la impunidad».

El fundamento

Luisgé Martín no se ha pronunciado públicamente al respecto. El escritor detalla en el libro, tal y como informó a Bretón en la primera carta que le mandó, que su interés para este libro «no era policial –o no solo policial–, sino sobre todo antropológico o humano. Casi metafísico». «Me entusiasma tu propósito», le respondió el asesino. La principal idea del autor era la de confeccionar un retrato, inmiscuirse en su mecánica cerebral. «Soy capaz de comprender a los asesinos, pero no puedo entender la violencia ejercida sobre un hijo, y esa incomprensión es el fundamento de este libro», escribe. No obstante, hasta el momento deberá ajustarse a una situación que con anterioridad han vivido otros escritores, como fue el caso de Nacho Carretero con «Fariña»: un juez de instrucción ordenó un secuestro cautelar de la obra que duró tres meses. «Es muy aventurado dar mi opinión, este caso no tiene nada que ver con el mío. La reflexión que debe estar teniendo el autor es muy diferente», explica Carretero.