La Operación Puerto o la cumbre de la desvergüenza cumple 16 años

Hubo un tiempo no muy lejano, en los albores del milenio, en el que las autoridades deportivas decidieron combatir con la máxima seriedad el dopaje que falseaba los resultados en muchas competiciones. Singularmente en el ciclismo, a raíz del estallido del escándalo Festina en 1998, pero también en otras muchas disciplinas. El caso Balco, por ejemplo, desmanteló el sector del esprint en el atletismo estadounidense. En España, convertida la meca de los tramposos, la Guardia Civil persiguió a la banda del doctor Eufemiano Fuentes en la denominada Operación Puerto. Fue, al cabo, un absoluto fiasco. Una oportunidad escapada entre los intersticios de una legislación porosa y el cinismo de quienes se negaron a empuñar la escoba.

En febrero de 2006, cuando cualquier ciclista dudoso del mundo encontraba en España un santuario para sus prácticas, la Guardia Civil comenzó los seguimientos a Fuentes, un ginecólogo canario que en los años ochenta ya había tenido algún encontronazo con los laboratorios antidoping, con los positivos de la atleta Cristina Pérez, su esposa, y de Pedro Delgado en el Tour de 1988 del que no fue desposeído por los buenos oficios diplomáticos del Gobierno de Felipe González, que implicó a tres ministros en la defensa del segoviano. Tres meses después de comenzar la investigación, los agentes de la Benemérita irrumpieron los laboratorios donde se guardaban centenares de bolsas de sangre para autotransfusiones, así como un cargamento de productos dopantes.

El trabajo policial había comenzado cuando Roberto Heras fue descalificado de la Vuelta a España de 2005 –el triunfo le fue restituido por los tribunales ordinarios en 2011 pese a las evidencias de doping– y se confirió credibilidad a la denuncia de Jesús Manzano, un «arrepentido» del Kelme que aseguraba la existencia de un recurso generalizado a las sustancias ilícitas en su equipo y en gran parte del pelotón nacional. Junto a Fuentes, fueron detenidas otras cuatro personas, entre ellas el director deportivo más famoso del momento: Manolo Saiz, que había logrado convertir al ONCE en una corte de los milagros ciclistas gracias a sus métodos, digamos con piedad, «revolucionarios».

La causa le cayó al magistrado Antonio Serrano, titular del Juzgado de Instrucción nº31 de Madrid que tenía, literalmente, las manos atadas por una legislación obsoleta que no tipificaba el dopaje como ilícito penal, a pesar de que las instancias internacionales llevaban un lustro reclamándoselo a los distintos gobiernos. No encontró pruebas el juez para condenar a los reos por un delito contra la salud pública, el único que les pudo imputar con la ley en la mano, y todos fueron absueltos, tanto en esa instancia como en las superiores. La Agencia Mundial Antidopaje y la UCI reclamaron los datos de los tramposos para sancionarlos por la vía deportiva, pero los poderes del Estado hicieron caso omiso: oficialmente, España protegía a sus dopados.

En noviembre, el Gobierno de Zapatero impulsó la Ley Orgánica 7/2006 de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte pero, obviamente, no pudo aplicarse con carácter retroactivo en las sucesivas reaperturas de la causa y los recursos. Quedó, sin embargo, la sensación de que España no se comprometía lo suficiente en la lucha contra el dopaje y ésta fue la principal falla de los detractores de las candidaturas olímpicas de Madrid para los Juegos que finalmente se concedieron a Río de Janeiro y Tokio. Cada vez que los representantes madrileños debían responder preguntas al respecto, se veían en un aprieto. Por ejemplo, una de las clientes vip de Fuentes era la atleta Marta Domínguez, pese a lo cual fue tratada como una heroína nacional hasta 2010, cuando se vio envuelta en la Operación Galgo. Se había acabado la época de mirar con cinismo hacia otra parte.