El sueño que se volvió pesadilla: la encrucijada del Club Deportivo Badajoz

Hace poco más de un lustro el Club Deportivo Badajoz se codeaba con la élite del fútbol quedándose a las puertas del ascenso a la élite con la presidencia de Joaquín Parra. En la actualidad, la situación ha cambiado de forma radical y lucha contra reloj por evitar la liquidación. Todo ello, mientras Parra busca de nuevo recuperar la titularidad de un conjunto que vio entre sus manos los momentos más importantes de su trayectoria.

Para entender esta compleja historia nos tenemos que remontar a la primavera de 2019. El empresario andaluz Joaquín Parra, a través de su empresa FEVERSTONE, S.A., se hizo con el 99,75% de las acciones del Club Deportivo Badajoz. Se inició una gloriosa etapa en la que el club pacense se quedó a las puertas del ascenso al futbol profesional cayendo derrotado en los playoffs frente a Logroñés, Barcelona B y Amorebieta.

Se realizó una gran inversión en el estadio Nuevo Vivero, se batió el récord histórico de abonados y se culminó una gesta en la Copa del Rey, eliminando a equipos como Las Palmas y Éibar. Finalmente cayeron en octavos de final frente al Granada.

Las aportaciones realizadas por el empresario de Dos Hermanas se compensaron por medio de ampliaciones de capital auditadas e inscritas en el Registro Mercantil de Badajoz, llegando al importe de 4,6 millones de euros, que es, actualmente, el capital social del club. Sin embargo, el sueño de los pacenses pronto se tornaría en pesadilla.

El primero de los problemas del club llegó el 27 de julio de 2021 cuando el presidente del club es detenido y encarcelado provisionalmente en una causa instruida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga. De forma paralela se acordó el bloqueo de las cuentas del conjunto.

Este procedimiento aún no ha terminado. Se investiga a Parra y sus empresas por un presunto delito contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Toda vez que la prisión provisional se prolongó durante meses en los que el club no tenía capacidad para afrontar las nóminas de sus empleados y los pagos asociados a su actividad, el empresario sevillano se vio obligado a vender el club por una cantidad muy inferior a los invertido. Concretamente por 1,5 millones de euros.

Los problemas llegaron cuando, en enero de 2022, se personó en las instalaciones del club el abogado y representante de la empresa LANUSPE, S.L., Diego García, quien aseguraba que había cerrado un acuerdo con la familia de Parra para la compra del equipo. Al mismo tiempo, se presentó ante el juzgado una solicitud de autorización judicial para la venta de las acciones por un importe de 1,5 millones de euros, que se abonarían en cinco plazos.

Fuentes del entorno del expresidente detalla a LA RAZÓN que, a pesar de que el contrato privado de compraventa no estaba firmado por Joaquín Parra, obtuvo el Informe favorable del Ministerio Fiscal, y de la Abogacía del Estado, el Juzgado de Instrucción Nº. 6 de Málaga, por medio de auto de 2 de marzo de 2022. Se autorizó la venta con dos condiciones.

La venta a la baja de Parra

La primera era que las cantidades recibidas por la venta debían depositarse en el juzgado para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles en las que pudiera haber incurrido la sociedad FEVERSTONE, S.A., y la segunda era que "que el impago de que cualquiera de las cantidades pactadas por el comprador suponga la resolución del contrato y que vuelva la titularidad de las acciones, representativas del 99,75% del capital social de la sociedad CLUB DEPORTIVO BADAJOZ, S.A.D., al vendedor", según los documentos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Asimismo, dentro del acuerdo de venta, se fijaban dos condiciones fundamentales que se establecían como obligaciones ineludibles para la empresa LANUSPE, S.L. Por un lado, la inscripción de unas hipotecas como garantías del precio, y por otro, la suscripción de un importante contrato de patrocinio con una empresa de criptomonedas que patrocinaba entonces a un equipo de primera división.

Muy pronto se evidenció que detrás de la mercantil que adquirió el Badajoz se encontraba Luis Oliver, viejo conocido en el mundo del futbol por gestionar clubes como el Betis, Jerez, Córdoba y Extremadura, entre otros. Tal circunstancia, generó el rechazo de la afición y de la plantilla y trabajadores del club que llegaron a concentrarse en la puerta del Ayuntamiento.

LANUSPE, S.L. es una mercantil cuya finalidad es ocultar la verdadera identidad de los administradores de hecho del Badajoz, los cuales son personas que se encuentran inhabilidades por la justicia para gestionar patrimonio ajeno. Desde el entorno de Parra se detalla que Luis Oliver, Joaquín Zulategui (recientemente fallecido) y Teodoro Brea, son las "cabezas visibles en una gestión que pone en serio riesgo la viabilidad del club y, en consecuencia, la garantía que pueda cubrir posibles responsabilidades civiles".

Cabe recordar, que todos ellos han sido inhabilitados por la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 5ª. Oliver tiene una imposibilidad de quince años sin estar al frente en un club deportivo. "En ningún momento, durante las negociaciones para la venta de las acciones de FEVERSTONE, S.A., se supo de la presencia de estas personas inhabilitadas al frente de la gestión", detallan estas fuentes.

La entrada de México

Es más, la persona que llevó las negociaciones en nombre de LANUSPE, S.L., el abogado Diego García aseguró a los hijos de Parra que el inversor tras su oferta era, ni más ni menos, que el portero internacional español David De Gea, portero del Manchester United. Este fue uno de los motivos por los que se les otorgó el consentimiento. Dicha escritura fue ratificada por el expresidente cuando estaba privado de libertad el 14 de junio de 2022.

En dichas escrituras se identificaban cuatro fincas rústicas de Alicante sobre las que se anotaría la garantía hipotecaria en favor del pago de la compraventa. Una vez obtenido el control del club, LANUSPE, S.L. procedió a solicitar el concurso de acreedores, donde el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz nombró como administrador concursal a un hombre que ya se había encargado del concurso de acreedores de otro club gestionado por Oliver.

Además, en caso de impago por parte de esta empresa lo haría de forma parcial una empresa inmobiliaria Promociones Inmobiliarias Peña Salada S.L. y una mercantil de inversiones de México Grupo Adimi S.L. que tenía que abonar 700.000 euros. El entorno de Parra investigó estas sociedades y dieron con dos personas relacionadas con el mundo del fútbol y que tenían juicios pendientes por la presunta quiebra del Castellón.

"Al actual administrador de la empresa inmobiliaria que ha realizado la consignación, se le imputaron delitos societarios y administración desleal, entre otros. Y lo que es más grave, no se han inscrito las hipotecas sobre las fincas identificadas en las escrituras siendo que, alguna de ellas ha sido vendida a tercero, lo que podría suponer un alzamiento de las garantías y, por tanto, la presunta comisión de un delito", detallan a LA RAZÓN.

Cambiar las cerraduras del estadio

Finalmente, el Club Deportivo Badajoz no suscribió ningún importante contrato de patrocinio con empresa de criptomonedas. Además, un grupo empresarial mejicano, representado por Miguel Ángel Leyva, que algunos medios dicen que está buscado por Interpol por estafas inmobiliarias, se hizo cargo de las participaciones de LANUSPE S.L.

Sin embargo, el hijo de Oliver volvió al estadio municipal Nuevo Vivero para cambiar las cerraduras a plena luz del día y tomar nuevamente el club justificando tal acción por el impago de los mejicanos del acuerdo de venta. Un espectáculo que quedó inmortalizado en las retinas de los trabajadores del Badajoz. Recientemente, los mejicanos han denunciado ante el Juzgado de Málaga que habrían abonado más de dos millones de euros a la familia Oliver y su socio Agapito Iglesias.

Uno de los principales motivos de preocupación es que, en el concurso de acreedores, se aprobó un convenio con una quita del 50% de la deuda y una espera de dos años, la cual vence en diciembre del 2025, fecha en la que, si se quiere evitar la liquidación, se deberá proceder al pago del primero de los tres plazos de la deuda concursal. Todo unido a una crisis notable de resultados. Y es que desde la llegada de Oliver y sus socios al Badajoz, el equipo ha descendido dos categorías y se encuentra en la quinta categoría del fútbol nacional