¿Es legal que una tienda le cobre por probarse ropa?

¿Estaría dispuesto a pagar por probarse una prenda de ropa? Algunos pequeños comercios ya lo hacen para recompensar el servicio ofrecido y hacer frente al “showrooming”. Pese al “refinado” término, esta práctica es de lo más sencilla. Los clientes acuden a las tiendas físicas, prueban el producto, en ocasiones lo deterioran, y de inmediato lo compran online más barato y mediante un simple clic. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha considerado que “no es legal” que un comercio cobre por probarse una prenda y va a pedir al Instituto Vasco de Consumo que lo analice y determine si resulta abusivo. La organización se ha pronunciado ante la polémica generada por una tienda de trajes de novio bilbaína que ya ha comenzado a cobrar a sus clientes 15 euros por probarse los trajes que vende.

El principal perjuicio para los pequeños comentarios que tienen que competir con las plataformas online es que, pese al tiempo y la dedicación invertida en atender al cliente, la ganancia finalmente es para otro. Este es el principal argumento con el que la tienda de trajes ha respaldado su decisión. El dinero “es simbólico”, defiende su propietaria, que pretende hacer frente a la “compra rápida, fría e impersonal de las grandes marcas”. Eso sí, el importe se descuenta del precio total de la compra. Sin embargo, para la OCU esta práctica es inaceptable y “claramente ilegal, puesto que incumple el artículo 21.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que establece que el régimen de comprobación de los productos debe permitir al consumidor que se asegure de la naturaleza, características, condiciones y utilidad o finalidad del bien que va a adquirir”. A su entender, “cobrar por probarse una prenda supone una restricción ilegal a este derecho reconocido de los consumidores”, ya que, “aunque la ley no señala de forma expresa el carácter gratuito, los usos y costumbres y las interpretaciones de diferentes tribunales así lo reconocen”.

Esta tienda de trajes no ha sido el primer comercio en aplicar la controvertida medida. Siguiendo la estela de una tienda de alimentación gourmet australiana y de una zapatería estadounidense, en Burgos, la compañía Tecnisport cobra por la prueba de unas botas de nieve, ya que este producto requiere una medición y trabajo previo a la compra. También es habitual encontrar este tipo de exigencias en restaurantes exclusivos que cobran por vivir la experiencia de su local, pese a que finalmente usted no consuma. Incluso ciertas voces de la política española se mostraron a favor de tasas como el “impuesto de probadores”. En concreto, la concejal y portavoz del Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, en 2018 se mostró a favor de que los clientes comenzasen a pagar por usar los probadores, recibiendo a cambio un aluvión de críticas.

Las transformaciones en los hábitos de consumo dispararon hasta 41.509 millones de euros el volumen total de negocio electrónico en España en 2018, un 32,4% más que en 2017, según el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI). En contraposición, España, en los últimos cuatro años, ha perdido 30.000 comerciantes que tenían un pequeño local, según los datos recabados por la Unión de Profesionales de Trabajadores Autónomos (UPTA). Sin embargo, cada ámbito ofrece servicios diferentes y, para la OCU, imponer un pago a los usuarios para probar el producto no es la solución. Para luchar contra estas tasas va a pedir, además, que en el futuro estatuto de las personas consumidoras se incluya de forma expresa la prohibición de que el consumidor tenga que pagar cantidad alguna por ejercer su derecho a comprobar las características de un producto.