El Gobierno reformará el ICO al gusto de Podemos

Pablo Iglesias siempre ha soñado con un banco público como instrumento de política económica, que también sería la puerta hacia otras políticas y hacia otros votantes. El líder de Unidas Podemos había puesto los ojos en Bankia, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri, en la que el Estado posee el 62% de las acciones y en la que existe el compromiso -no hay obligación- de privatizar cuando se den las condiciones de mercado. El acuerdo PSOE-Podemos que permitió la investidura de Pedro Sánchez no citaba expresamente de Bankia, pero sí contemplaba un impulso de la banca pública, algo que los socialistas más radicales también defienden. Bankia, por otra parte, está bajo la tutela del Banco Central Europeo (BCE) que preside Christine Lagarde, con Luis de Guindos de vicepresidente. Eso significa que, por ejemplo, los cambios en la gestión de Bankia -el presidente, el consejero delegado y el consejo de administración- deben tener el visto bueno del BCE que, con discreción, envió el mensaje que solo está dispuesto a aceptar gestores profesionales y con una trayectoria de prestigio al frente de la entidad financiera que surgió de la fusión de Caja Madrid con otras cajas de ahorros, todas ellas en problemas en su día. Eso significaba que el sueño de Iglesias de controlar Bankia y que actuara como banco público se desvanecía casi antes empezar.

La alternativa

El Gobierno, sin embargo, parece decidido a satisfacer de alguna manera los deseos del líder de Unidas Podemos y ha buscado una fórmula que puede resultarle muy atractiva y con mucha más libertad de acción. La más que posible futura banca pública española se llama ICO (Instituto de Crédito Oficial) y ya existe, aunque el equipo económico de Pedro Sánchez parece dispuesto a reformarlo para convertirlo en un híbrido con al menos dos funciones, banco público, en un sentido más o menos tradicional, que financie proyectos y de garantías, y banco de ayuda al desarrollo, sobre todo volcado hacia África. Todo quedaría bajo el control del Gobierno y estaría al margen de los controles directos del Banco Central Europeo. Por supuesto, el Ejecutivo podría elegir a los gestores que desee y desarrollar las prácticas bancarias que deseara. No obstante, para poner en marcha un proyecto más de banco público necesita alumbrar algunos cambios legales. Nadia Calviño lo avanzó el 13 de febrero en la Comisión de Economía del Congreso, aunque pasó algo inadvertido. «Estamos trabajando -dijo la ministra- en el refuerzo de la arquitectura financiera del Estado en torno al Instituto de Crédito Oficial, con el objetivo de apalancar desde el sector público la inversión necesaria para abordar con éxito nuestros objetivos en materia de transición ecológica o transformación digital». No ofreció más detalles, pero expertos relacionados con el ministerio apuntan a excepciones expresas para el ICO en la reforma de la Ley de Sociedades de Capital que prepara el departamento y que dejarían las manos libres a la entidad pública para actuar con más libertad y sobre todo con menos controles por parte de los reguladores. En definitiva, lo más parecido al banco público que desea Iglesias. No es Bankia, pero puede llegar a ser algo similar.

El ICO actual es una entidad de crédito pública que actúa como banco público de inversión y financiación a empresas, pymes y autónomos y como agencia financiera del Estado. Presidido por José Carlos García de Quevedo, tiene unos activos de algo más de 30.000 millones de euros, frente a los 200.000 millones de Bankia. En 2007, antes de la Gran Recesión, sus activos alcanzaban los 40.000 millones de euros y en solo cinco años subieron hasta los 115.000, una época -2012- en la que Bankia rondaba los 175.000. Es decir, puede aumentar su tamaño con facilidad y en unos años situarse entre los mayores bancos de España. El ICO, hasta ahora, con Gobiernos del PSOE o del PP, se ha regido por la misma normativa que la banca privada, lo que le obligaba a cumplir el principio de equilibrio financiero y a estar supervisado por el Banco de España, así como a cumplir requisitos exigentes de información y transparencia. Parte de eso es lo que cambiaría con la reforma legal sugerida por Calviño.

El ICO, históricamente, ha cumplido la función de mediar y avalar entre los clientes -empresas- y las entidades financieras comerciales, que era a través de las que canalizaba sus fondos, aunque también hacía algunas operaciones directas. En los peores años de la crisis, puso en marcha un programa crediticio llamado «ICO directo», a través del que concedía créditos de forma directa sobre todo a pymes y autónomos. Iniciado en junio de 2010, la actividad generó una morosidad espectacular y enormes pérdidas. ICO directo tenía concedidos créditos por valor de 225 millones de euros en 2012 y el resultado de esa actividad fueron unas pérdidas de 87,6 millones, es decir, casi el 40% del total. Una actividad ruinosa, puesta de ejemplo, pero que puede dar una medida de qué puede ocurrir con un banco público gestionado como un instrumento político, al margen de la reglas del negocio crediticio.

El ICO actual cumple una función e incluso arroja unos pequeños beneficios de 75 millones en 2018. El futuro ICO que ha anunciado Calviño es una incógnita pero, según los primeros indicios de relajación en los controles sugeridos por la ministra, todo indica que quizá sea ese banco público con el que sueña Pablo Iglesias desde el que aplicar una política crediticia discrecional que hace favores y genera clientelismo. Fue la fórmula que aplicaron -dirigidas por políticos- las cajas de ahorros que hubo que rescatar durante la crisis. La historia puede volver a repetirse, corregida y aumentada.