Empresas vitales de sectores críticos podrían caer en manos extranjeras

El decreto de Estado de Alarma no impedía opas de países de la UE, Noruega o Suiza

Empresas vitales para la economía española, algunas de las cuales son consideradas como “críticas” para la seguridad nacional, podrían caer en manos de intereses extranjeros, debido a que su rebajado valor en bolsa, a causa de la crisis del coronavirus, las convierten en objetivos fáciles, y baratos, de opas hostiles.

Se trata de un asunto de vital importancia para el futuro de nuestro país y expertos en la materia, consultados por LA RAZÓN, han señalado con preocupación que nuestra legislación, pese a los cambios introducidos, no ofrece un margen de seguridad suficiente. Al parecer, el Ejecutivo ya prepara las modificaciones pertinentes, en una decisión que se estima acertada y que, según los medios consultados, no deberían ser temporales sino permanentes

La incertidumbre que genera la pandemia de Covid-19 está teniendo un efecto negativo en las Bolsas. En las últimas sesiones, el Ibex 35 ha llegado a marcar mínimos inferiores a los 6.000 puntos, con caídas en torno al 40% en el último mes. Es en esta situación, añaden las mismas fuentes, empresas críticas para el proyecto estratégico de España están cotizando a la mitad de su valor previo a la crisis.

Ante ello, el Gobierno decidió incluir en el decreto de medidas para paliar el impacto económico y social del Covid-19 una cláusula de salvaguarda para frenar posibles entradas de inversores extranjeros, ajenos a la Unión Europea. Sin embargo, subrayan, la protección que ofrece la medida adoptada por el Ejecutivo es sólo parcial. El decreto permite que inversores de cualquier país comunitario, o de Noruega o Suiza, puedan adquirir empresas españolas de esos sectores críticos.

Podría darse el caso de un inversor extracomunitario que crease una filial en la UE y desde allí intentase “opar” a una empresa española. Por eso, los franceses se han dotado de instrumentos de autorización previa de inversiones extranjeras que incluyen a los inversores comunitarios. Frente a lo que se entiende como una protección no integral de nuestras empresas, países comunitarios como Francia, Alemania o Países Bajos han endurecido sus medidas antiopas para protegerse incluso de países de la UE.

Recuerdan que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa no existe actualmente un mecanismo de control de inversiones extranjeras centralizado y homogéneo entre países, sino que el mismo se confía a la capacidad de los estados miembros de aplicar las excepciones que contempla el Tratado de la Libre Circulación de Capitales.

A este respecto, subrayan que “la defensa de nuestras empresas en sectores estratégicos excede el plano económico y tiene una clara vertiente de seguridad nacional, en unos momentos de fuerte nacionalismo económico y de confrontación entre China y Estados Unidos por la hegemonía política y económica global”.

Se recuerda, a título de ejemplo, que, en 2017, Estados Unidos aprobó su primera Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Trump. Se ponía el énfasis en “no tolerar más abusos comerciales” y en defender la hegemonía geopolítica mediante el liderazgo en investigación, tecnología e innovación. En ese mismo año, China, un país absolutamente blindado ante las inversiones extranjeras, aprobaba una Ley de Servicios de Inteligencia que convertía a sus empresas dentro y fuera de sus fronteras en colaboradoras de su espionaje nacional.

Francia publicó, también a finales de 2017, su Revisión Estratégica de la Defensa, que pone todo el énfasis en la autonomía, también frente a la Unión Europea, porque reconoce que el país ya no puede depender de un multilateralismo en el que nadie cree para afrontar los desafíos y amenazas que proliferan en su alrededor.

Ese mismo año, España aprobaba su Estrategia de Seguridad Nacional (una versión revisada de la de 2013). En esta Estrategia, según los expertos, se hace poco hincapié en la seguridad económica y preocupan más los sectores energéticos y financieros que la tecnología. Sin embargo, en la actualidad, la tecnología y las comunicaciones, como el 5G, están en el centro del tablero de la lucha por el predominio Global.

Por su parte, Francia aprobó, para defender a las empresas y accionistas galos, y conferir mayor poder de decisión en las empresas participadas por su gobierno, la “Ley Florange” que entró en vigor en abril de 2014. De conformidad al nuevo marco europeo para el control de las inversiones extranjeras, ha ampliado el número de sectores que requieren de una autorización previa para las inversiones extranjeras, e incluirá a partir de ahora a las compañías de ciberseguridad, robótica, inteligencia artificial o semiconductores, entre otras. En el caso de Francia, el modelo de autorización previa incluye también a las empresas europeas.

Por lo que respecta a Alemania, en una resolución del Consejo de Ministros adoptada el 19 de diciembre de 2018, el Gobierno Federal alemán decidió endurecer aún más las normas para el control de las inversiones extranjeras en empresas alemanas. Se amplían el ámbito de las infraestructuras críticas y sectores especialmente relevantes asociados a control de seguridad para incluir los medios de comunicación y se reduce el límite en los derechos de voto a partir del cual se produce la revisión e intervención del gobierno (del 25% anterior al 10%). La razón principal de la reducción del umbral para el control de las inversiones alemanas es probablemente el creciente número de adquisiciones por parte de inversores chinos.

En Italia, las inversiones extranjeras (principalmente, aunque no exclusivamente, de entidades no pertenecientes al espacio económico europeo) en determinados sectores estratégicos de la economía están sujetas a un régimen global de control de las inversiones

Aunque no existen en Estados Unidos restricciones generales sobre la propiedad extranjera de acciones, la Enmienda Exon-Florio (modificada por la Ley de Inversión Extranjera y Seguridad Nacional de 2007) (FINSA) permite al presidente decidir caso por caso, si (por razones de seguridad nacional) bloquear, desistir o realizar, bajo ciertas condiciones, adquisiciones y fusiones con empresas estadounidenses por parte de intereses extranjeros.