Los 3.500 millones de la renta mínima abren otra brecha en el Gobierno

El Gobierno sigue ultimando el perfil y los parámetros que marcarán la concesión de la renta mínima vital, una de las medidas más esperadas y que ha sido anunciada por varios ministros –léase, José Luis Escrivá, Nadia Calviño o Pablo Iglesias– desde los primeros momentos de la crisis sanitaria. Fuentes ministeriales confirmaron a LA RAZÓN que se continúa con el proceso de configuración de los detalles técnicos y legales que, reconocen, tienen una enorme complejidad debido a que debe delimitarse al detalle quién podrá recibirla, cuándo, cómo, de qué manera y, lo que más preocupa, con qué fondos se cuenta para llevarla a cabo y sostenerla.

Además, debe contar con la aprobación definitiva de las comunidades autónomas, que son la que tendrán que implementar la medida una vez vea la luz definitiva. La mismas fuentes descartaron que esta medida sea uno de los puntos del orden del día del Consejo de Ministros de hoy. Todavía no tiene el visto bueno de Seguridad Social y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiere arriesgarse a un nuevo patinazo que ensombrezca aún más la imagen de mala gestión que lleva acumulando su Ejecutivo según ha ido avanzando esta crisis. Quiere hacer de esta medida un salvavidas, pero sin precipitación. Sólo la enorme presión que el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, está ejerciendo durante los últimos días puede forzar a Sánchez a dar un giro y adelantar su aprobación por vía extraordinaria a través de un nuevo real decreto ley, que podría aprobarse oficialmente en un Consejo de Ministros extraordinario el próximo viernes.

Fuentes cercanas al equipo de trabajo que está configurando esta nueva prestación confirmaron a LA RAZÓN que los funcionarios que se encargan de su diseño están siendo fuertemente presionados para que tengan solucionados todos los flecos legales financieros esta misma semana. Reconocen que todos los departamentos de la Seguridad Social se encuentran al límite y, alguno de ellos, al borde incluso del colapso. Pero esto parece no haber detenido a Pablo Iglesias en su exigencia de que la renta mínima sea ya aprobada.

El vicepresidente segundo mantiene su guerra particular con el núcleo duro de Sánchez y ha intentado por todos los medios no perder protagonismo mediático desde que empezó esta crisis –pese a su cuarentena domiciliaria por el contagio de Irene Montero–. Por ello, exigió al presidente estar presente en los anuncios importantes. Así, fue el encargado de presentar el paquete de medidas que aprobaban la moratoria para alquileres e hipotecas. Esto le enfrentó de nuevo al ministro del ramo, José Luis Ábalos, que decidió salir 24 horas después a «concretar» las mismas medidas.

De todos es conocido el enfrentamiento abierto que mantiene con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ha actuado de dique de contención para controlar en lo posible el gasto público ilimitado que defendía Iglesias. Ahora, su punto de mira se ha centrado en José Luis Escrivá, uno de los ministros con mejor valoración de este Ejecutivo, que ha intentado desde el primer momento de esta crisis poner límites razonables a la protección social, y que es el que tiene la última palabra para aprobar esta renta mínima.

Según fuentes cercanas al Gobierno, Iglesias ha redoblado la presión sobre él y sobre el propio presidente del Gobierno para que den luz verde a la medida sin más demora. Pero Sánchez no quiere hacerlo hasta que Escrivá le garantice que todo está listo. No quiere más sorpresas desagradables, como lo ocurrido con los autónomos, el colectivo más crítico con su gestión tras un primer real decreto fallido para este colectivo de más de 3,2 millones de trabajadores, y que tuvo que ser corregido en posteriores actualizaciones. Seguridad Social no hará presentaciones hasta que tenga «todos los cabos bien atados», dicen en el Ministerio.

La aprobación de esta nueva prestación mantiene a la patronal empresarial CEOE a la expectativa hasta conocer sus términos exactos, pero ya ha reconocido en numerosas ocasiones que estarían de acuerdo «con facilitar una renta a quienes no tengan medios para una subsistencia básica». No obstante, quiere garantías de que puede hacerse «sin poner en peligro las arcas públicas y sin aumentar el déficit que acumula el Estado por esta crisis».

De momento, lo que se sabe es que esta renta de emergencia estaría destinada a los colectivos más necesitados durante el periodo de afectación de esta pandemia y servirá como base para una renta mínima vital universal que se prolongaría más allá de que las empresas y la economía recuperen gradualmente una situación de normalidad. La propuesta se centraría en proteger a los ciudadanos que están en situación de desempleo y no reciben prestación alguna, o en las familias y colectivos más vulnerables que no pueden acogerse a ninguna de las últimas ayudas aprobadas.

Otra de las cuestiones que debe dilucidarse es saber cuál será la cuantía de esta prestación. Según ha podido saber este diario, esta ayuda tendría una asignación que no podría ser inferior a los 431 euros aprobados para el subsidio extraordinario por fin de contrato temporal.

Hasta el momento, se estaría barajando decidirse por una cuantía media entre dos indicadores: el Iprem –el de referencia para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas– y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Iprem se situó en 2019 en 548,6 euros mensuales –sigue pendiente de actualizarse este año–, mientras que el último salario mínimo aprobado por el Ejecutivo se fijó en 950 euros. La intención de la coalición de Gobierno formada por PSOE y Podemos en aquel «pacto del abrazo» antes del estallido de la crisis sanitaria era que el ingreso mínimo vital rozara los 1.100 euros para una familia con dos hijos a cargo, algo impensable en la actual situación.

Según Asuntos Sociales, esta prestación podría beneficiar hasta a cinco millones de personas que han quedado especialmente desprotegidas. La intención de este ministerio es que se pueda desahogar el atasco de la atención de dependencia y reducir sus listas de espera por debajo del 70%. En la actualidad, 1,42 millones de personas reciben algún tipo de ayuda de este tipo, pero serían más de medio millón de de ciudadanos los que se encuentran en situación total de desamparo, sin prestaciones ni ayudas sociales.

El nudo que todavía debe desatar José Luis Escrivá es saber cómo se va a financiar una medida tan gravosa para las arcas públicas. El ministro ya reconoció que será la caja de la Seguridad Social la que se hará cargo de estas nuevas prestaciones, que podrían reducir la pobreza estructural del país por encima del 50%. Pero el coste será muy elevado. Según calculó el propio ministro cuando estaba al frente de la Autoridad Fiscal (Airef), esta renta mínima provocaría un desembolso mínimo de 3.500 millones de euros, descontadas ya las cuantías que se hayan distribuido en otros programas sociales puestos en marcha.