Los autónomos podrán cambiar la fecha de cese de actividad para evitar la devolución de toda la prestación

El colectivo de autónomos ha sido uno de los más críticos y de los más castigados por las consecuencias más negativas de la pandemia. Casi 1,2 millones de estos trabajadores ha tenido que recurrir a la prestación por cese de actividad, al tener que cerrar su negocio total o parcialmente. Lo hicieron gracias al real decreto-ley 15/2020, que permitía acogerse a esta prestación a aquellos autónomos que hubieran tenido una minoración de sus ingresos por debajo del 75% o que se hubieran visto obligados a cerrar sus negocios debido al decreto del estado de alarma. Esta prestación extraordinaria ha sido tramitada por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que decidieron dar el visto bueno a la práctica totalidad de todas ellas, sin hacer comprobaciones exhaustivas, que advirtieron se haría a posteriori.

Pues bien, ese momento ha llegado. Sin que todavía se haya levantado el estado de alarma y con la mitad del país en fase 1 y la otra en fase 2, algunas mutuas han comenzado a enviar comunicaciones a miles de autónomos para requerir la documentación pertinente para que puedan justificar la petición que hicieron para acogerse al cese de actividad. Algo que muchos de ellos no podrán entregar, sobre todo los que están adscritos al sistema de módulos, al no disponer de los documentos justificativos de ello, por lo que se verán obligados a devolver el dinero concedido. En concreto, las mutuas están pidiendo que se justifiquen las ayudas correspondientes al mes de marzo, por lo que deben enviar los comprobantes de ese mes al completo y no desde el 14 de marzo, día desde el que entró en vigencia el estado de alarma, ya que la ley estipula que las pérdidas deben computarse sobre todo el mes natural anterior al que se solicita la prestación.

Fuentes de AMAT, la patronal de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, explicaron a LA RAZÓN que estos requerimientos se habían limitado a un par de mutuas y que, en concreto, “no se estaba exigiendo la presentación de esta documentación, lo que están haciendo es poniendo a disposición de los autónomos que lo soliciten un instrumento para que, ante posibles errores con respecto a la solicitud presentada en marzo, y de cara a acreditar su reducción de la facturación, comprueben los requisitos para su acceso, concediéndole la posibilidad de que en caso de que no los reúna se le permita modificar la fecha en la que acredite la reducción de la facturación, o desistir de su solicitud, sólo en el supuesto de que su facturación sea superior al 75%, procediéndose, en su caso, a la posterior regularización”. De esta forma, las mutuas pretenden “regularizar la situación del autónomo con respecto a las solicitudes reconocidas de manera provisional, tal y como se regula en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y evitar con posterioridad, que se deba de proceder a tramitar la solicitud de ingresos indebidos, en caso de no cumplir con los requisitos que le dan derecho a acceder a la prestación”, lo que les obligaría de devolver todo lo abonado y no sólo la parte proporcional correspondiente al mes de marzo. Las mutuas justifican que se esté pidiendo la minoración del mes completo “porque es lo que nos exige la ley, y tenemos que cumplirla, aunque entendamos que pueda ser injusta”, aseveraron desde AMAT.

Las asociaciones de autónomos no están en absoluto de acuerdo y han reaccionado con indignación con lo que consideran otra falta de respeto a los trabajadores por cuenta propia, no por parte de las mutuas, sino del Gobierno, que como ha sido habitual desde que comenzó esta crisis ha improvisado sus respuestas y cambiado los criterios en varias ocasiones, en algunos casos contradiciéndose a sí mismo. Este es el caso de la prestación por cese de actividad, en el que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social efectuó un cambio de criterio a finales del mes de abril que modificó “sustancialmente” la “concepción" que se había hecho en marzo, algo que desde la mutuas entienden que “deben aplicar porque es lo que se ha aprobado”.

Para Lorenzo Amor, presidente de ATA, “es lamentable que miles autónomos hayan recibido ya comunicaciones de las mutuas pidiendo documentación sobre el cese de actividad que les han concedido, ya que no podrán acreditar la caída exigida en marzo muchos autónomos y les obligarán a devolver la prestación, que se va a convertir en una ayuda trampa. Es algo penoso”.

En la misma línea se ha manifestado la secretaria general de Uatae, María José Landáburu, que cree que es “inexplicable” que la Seguridad Social y las mutuas exijan que, “para poder cobrar la prestación extraordinaria desde el 14 de marzo se tenga que justificar la caída de ingresos desde el día 1 de ese mes, cuando aún no se habían activado las medidas de confinamiento por el covid-19 y no se había parado la economía. Les pedimos un criterio flexible y justo”.

Por su parte, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, pidió al Ministerio de Seguridad Social que unifique de una vez por todas los criterios que deben aplicar las mutuas, “que no deben ni pueden aplicar a su antojo sus propias normativas, sino que deben seguir las que se hayan establecido en los decretos ley publicados en el BOE, y que se evite que cada mutua vaya por su lado y tengan criterios distintos”.

Uno de los sectores más afectados por esta medida es el sector del taxi, cuya facturación se hace por el sistema de módulos. La Federación Española del Taxi (Fedetaxi) ha advertido de que hará “lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta” si tienen que devolver a las mutuas de trabajo las prestaciones correspondientes al mes de marzo, lo que afectaría a más de 60.000 taxistas. Esta asociación advierte de que si tienen que devolver esta prestación iniciarán movilizaciones y acciones en contra de esta “injusta” obligación.

Estas prestaciones extraordinarias han sido abonadas hasta el momento en dos tramos a los autónomos para el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de abril, que supusieron 1.320 millones de euros, según los últimos datos oficiales de AMAT, cuyas asociadas con las encargadas de su abono, con un ingreso medio por persona de 730 euros, que benefició, hasta abril a 1.144.089 el número total de beneficiarios entre ambos periodos de tramitación, con lo que el porcentaje de expedientes aprobados desde el pasado 14 de marzo alcanzó el 96,94% sobre el total de solicitudes.