La fusión elevará el beneficio un 18% y ahorrará 500 millones al año

«Sinergia: acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales». Esto es precisamente lo que quieren conseguir CaixaBank y Bankia con la fusión. La suma de la tercera y cuarta entidad de España creará un gigante que se convertirá, suma de esos «efectos individuales» en el mayor banco del país, pero que dará un salto mucho mayor que lo que esos números permiten ver: ahorro de costes y concentración de clientes para afrontar con garantías de éxito la nueva recesión que sufre la economía española a causa del coronavirus. Una crisis que se ha llevado por delante el consumo y la liquidez de millones de hogares y empresas, dando una estocada en un sector financiero ya muy afectado por las bajas rentabilidades.

Ante este sombrío panorama para la banca, CaixaBank y Bankia estudian –por el momento sólo estudian, aunque con visos de una fusión acelerada– unirse para ser más fuertes juntos. Una fortaleza que se traducirá, según un informe de Barclays, en un aumento del beneficio que llegará al 18% en 2022. La entidad británica calcula que la unión conllevará una superposición de sucursales del 23% y que, suponiendo que se ajuste plantilla en un 50% por establecimiento cerrado, los costes de reestructuración podrían superar los 1.000 millones de euros, pero con un potencial de ahorro anual de casi 500 millones de euros.

Como sucedió con la absorción del Popular por parte del Santander, toda fusión lleva aparejada, evidentemente, duplicidades de puestos de trabajo y oficinas. Aunque eliminar estas redundancias supone un coste inicial humano y económico, a la larga supone un fuerte ahorro para la entidad resultante.

Ambos bancos cuentan con cuotas significativas en regiones como Madrid, Cataluña, Valencia y las islas y su complementariedad generaría sinergias de unos 700 millones de euros al año, según Citigroup. La unión controlaría el 23% del mercado, frente al 15% del cuota de su máximo perseguidor, el BBVA; en tanto que su cuota en préstamos sería del 26%, frente al 15% del Santander, y en depósitos del 24%, seis puntos más que la entidad presida por Ana Botín (18%). Para los expertos de Renta 4, los negocios de ambas entidades son complementarios, con un mayor peso de crédito hipotecario y garantía real en Bankia, y una mayor exposición a crédito a empresas y consumo de CaixaBank, y por su distribución geográfica, obtendrían sinergias sobre todo en Madrid y Cataluña.

En esa nueva entidad, se calcula que el Estado, dueño actualmente de casi el 62% de Bankia a través del FROB, reducirá su exposición a la entidad resultante al 14% o 17%, lo que facilitaría la venta de su participación. Una participación que apenas vale unos 2.500 millones de euros, casi diez veces menos que el dinero público invertido en el rescate del banco en 2012. De hecho, un informe del Tribunal de Cuentas certificó hace menos de un año que no se había recuperado ni un solo euro de esa cifra, y que los 3.000 millones de euros obtenidos por el Estado con venta de acciones y dividendos habían ido a parar en su totalidad a compensar a accionistas perjudicados por la fallida salida a bolsa de Bankia y por las preferentes. De esta forma, se esfuman casi por completo las pocas opciones que había de recuperar el dinero público invertido para salvar Bankia. La privatización del banco se ha ido retrasando sucesivas veces ante el escaso valor en bolsa de la entidad, y precisamente ahora está en su nivel más bajo. Aunque se ha recuperado ligeramente (1,38 euros al cierre de ayer), a principios de 2018 rondaba los cuatro euros, un valor que ya de por sí dificultaba una privatización rentable para el Estado.

Pese a que la fusión está aún en su fase más inicial, la operación ha arrancado con fuerza gracias al visto bueno del Gobierno (al menos del ala socialista) y se prevé que esté lista para finales de año. Ahora, ambas entidades están en plena fase de «due diligence» (auditoría legal), en la cual se intercambian información y tienen acceso a sus respectivos libros con el fin de afinar los números de la operación. Según la ecuación de canje que se baraja, la Fundación La Caixa controlaría un 30% del grupo resultante de la fusión, mientras frente al 14% del Estado.

En cuanto al organigrama, fuentes financieras señalan que el sillón de la presidencia no ejecutiva sería para José Ignacio Goirigolzarri. El actual presidente de Bankia mantendría así un cargo más institucional, alejado de las decisiones reales de la operativa del nuevo banco. Esa responsabilidad sería para el consejero delegado Gonzalo Gortázar –con el mismo cargo en CaixaBank– y que tendría casi plenos poderes. Isidro Fainé, actual presidente de la Fundación La Caixa, mantendría toda su influencia al ser la fundación el máximo accionista del nuevo banco. Respecto a la sede social, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado aún al respecto, es previsible que la entidad resultante mantenga la sede en Valencia, donde la tienen actualmente ambos bancos.

La fusión de CaixaBank y de Bankia daría origen a un grupo con activos por importe de 650.000 millones. En un primer momento contaría con unas 6.700 sucursales (4.500 de la entidad de origen catalán y más de 2.200 de la entidad nacionalizada) y una plantilla conjunta superior a los 51.000 empleados (casi 35.600 de CaixaBank y unos 16.000 de Bankia).

CaixaBank reactiva así su política de adquisiciones, pues cuenta con una larga lista de compras a sus espaldas, especialmente en la última década. En 2008 compra la división de banca privada de Morgan Stanley en España; en 2010 se hace con Caixa Girona; en 2012 integra Banca Cívica; en 2013 se fusiona con Banco de Valencia y en 2015 anuncia la compra del negocio de banca minorista, gestión de patrimonios y banca corporativa de Barclays Bank en España. Por último, en 2018 adquirió el 100% de las acciones del banco portugués BPI, su última gran compra de la última década.