España, el país que peor gestiona las ayudas de la UE: dos tercios no se gastan

Tras la agónica cumbre del pasado mes de julio, nuestro país tendrá acceso a 140.000 millones de fondos europeos, lo que supone aproximadamente el 11% del PIB a través del nuevo fondo, bautizado como «Next Generation EU», para hacer frente a los estragos ocasionados por el coronavirus. Pero ahora surge el interrogante sobre si nuestro país será capaz de ejecutar estas partidas. Se trata de gastar rápido y bien. «La oportunidad no está en la cantidad de dinero movilizada, sino en el reto que tienen muchos países para absorber estos recursos en cuatro años», manifestó el comisario europeo de Economía, Paolo Gentinoli esta pasada semana. «Hay que reconocer que la capacidad de absorción en Estados como España o Italia no está en su mejor momento», añadió el comisario italiano.

12 puntos menos que la media

Efectivamente, los datos sobre la ejecución presupuestaria española de los fondos europeos del marco plurianual 2014-2020 dejan a nuestro país como el que menos partidas ha gastado por el momento, con tan sólo un 34% de los fondos con los datos actualizados hasta el 25 de septiembre, cuando la media comunitaria se sitúa más de 10 puntos por encima, hasta el 46%. Nuestro país es superado ligeramente por Eslovaquia (37%), Grecia (38%), Rumanía (40%) e Italia, también con el (40%). En el otro extremo de la balanza se encuentra Finlandia, con el 74% de los fondos ejecutados, seguido de Luxemburgo con un 67%. Dentro de las grandes economías europeas, países como Reino Unido han conseguido absorber el 46%, Francia un 55%, y Alemania un 53%.

Dentro de los diferentes tipos de fondos, España tan sólo ha gastado el 26% de los fondos regionales, el 32% del Fondo Social Europeo, el 57% de la Garantía de Empleo juvenil, el 51% del Fondo de Desarrollo Rural (partida diferente a las ayudas directas que reciben los agricultores) y apenas el 17% del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Esta lentitud española puede deberse a varios factores que tienen que ver desde la falta de fondos disponibles en aquellas partidas cofinanciadas por las comunidades autónomas y otras entidades, a la lentitud a la hora de elegir proyectos o pasar los controles necesarios. En el caso de España, a pesar de que nos encontramos al final del periodo presupuestario, tan sólo se ha aprobado el 79% del destino de los fondos, por lo que casi el 20% sigue sin estar decidido. En el otro extremo, la cifra de Finlandia es del 111%, ya que algunos países prefieren asignar más fondos de los disponibles por si la ejecución de algunos proyectos acaba fracasando por diferentes motivos. Es la misma estrategia seguida por Irlanda (135%), Portugal y Países Bajos (107%).

Devolver el dinero

Suele ser habitual en casi todos los países europeos la baja ejecución durante los primeros años del periodo presupuestario, ya que muchos proyectos tienen una duración plurianual y las transferencias de dinero europeo suelen retrasarse en los proyectos asignados a partir del año 2015. En todo caso, la normativa europea permite que los fondos estructurales que reciben las regiones sigan fluyendo hasta tres años después del fin del periodo presupuestario para aquellos proyectos que ya han recibido la luz verde. Este solapamiento de periodos presupuestarios también dificulta que los fondos fluyan durante el primer año del nuevo marco. Tan sólo si se supera este umbral de los tres años se obliga a la devolución de los fondos a las arcas comunitarias. Este dinero de ayudas no gastadas suele ser reubicado por la Comisión Europea para partidas de emergencia y, de hecho, fue utilizado durante la primavera para gastos extraordinarios relacionados con la pandemia durante el pico de la crisis sanitaria.

En el caso de los fondos provenientes de «Next Generation EU», los 140.000 millones de euros que recibirá España entre transferencias a fondo perdido y préstamos deberán estar asignados para 2024 y el desembolso tan sólo podrá ejecutarse hasta 2026. Con el objetivo de que el dinero pueda llegar a tiempo para hacer frente a la crisis, el 70% de los fondos están presupuestados para 2021 y 2022 y tan sólo el 30% llegará a partir del año 2023.

Nuestro país puede enviar un documento con el primer esbozo del plan del reformas e inversiones antes del día 15 de octubre junto con el borrador con las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado. Pero habrá que esperar hasta el próximo 1 de enero –si no se produce ningún retraso en la tramitación europea– para enviar el documento definitivo. El plazo de presentación final termina el 31 de abril. Fuentes comunitarias calculan que el dinero podría estar disponible a finales de la primera mitad del año que viene, aunque puede llegar un anticipo durante los primeros meses de primavera. Está previsto que esta cantidad sea del 10% del primer pago y que cada año tengan lugar dos transferencias de fondos.

Dentro de las ayudas directas, España recibirá 72.0000 millones de euros en diferentes partidas. El grueso de las ayudas corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que pretende financiar proyectos para la doble transición energética y digital. Según los datos del Ejecutivo comunitario, nuestro país recibirá 43.480 millones de euros a fondo perdido entre 2021 y 2022 y otros 15.688 millones a partir de 2023. Esta última cifra puede variar, ya que para el reparto se tendrá en cuenta la recesión vivida durante 2020 y 2021, con el objetivo de que los países más beneficiados sean los más castigados por la pandemia del coronavirus. El retraso en la ejecución de los fondos, tal y como ha sucedido durante el marco presupuestario 2014-2020, puede también redundar en el agravamiento de la crisis económica. Aunque esto puede aumentar los fondos recibidos a partir del año 2023, la distribución de las partidas se ha realizado para que el grueso del dinero europeo se reciba lo antes posible.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó este pasado miércoles una visita a Bruselas. Tras entrevistarse con la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y con Gentinoli, Sánchez pidió que el fondo de recuperación económica esté ratificado antes del próximo 1 de enero. Tras el acuerdo político de la maratoniana cumbre de julio de los jefes de Estado y de Gobierno, ahora continúa el proceso legislativo, ya que el pacto político debe traducirse en reglamentos detallados. Todos los países europeos deben cumplimentar su correspondiente ratificación parlamentaria nacional para que la Comisión Europea pueda movilizar los fondos en los mercados financieros. Además, la Eurocámara debe dar también su bendición al pacto, pero se da la circunstancia de que ya ha mostrado su desacuerdo con algunos puntos acordados por los líderes.