El PNV pasa a Sánchez una factura de 12.000 millones por su apoyo

El Gobierno vasco espera el traspaso de la gestión económica de las pensiones en 2021 y otras inversiones a cambio del apoyo de sus seis diputados a las cuentas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, conversa con el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en los pasillos del CongresoEmilio NaranjoEFE

La continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa está vinculada inexorablemente a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. En plena recesión económica, Bruselas no entendería que España prorrogara por cuarta vez consecutiva las últimas cuentas públicas del mandato de Rajoy, las elaboradas por el otrora ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, por responder a otras circunstancias económicas diametralmente opuestas a las actuales. Con esos números, todos los organismos nacionales e internacionales coinciden en señalar que no se pueden afrontar los retos inmediatos que tiene por delante la economía española derivados del azote de la pandemia del coronavirus. Por tanto, una cuarta prórroga presupuestaria forzaría al presidente del Gobierno a un adelanto de las elecciones generales, en un intento de conseguir una mayoría parlamentaria más holgada que le permitiera aprobar unas nuevas cuentas. Y es que contar con un nuevo Presupuesto, que siente las bases de la recuperación, se ha convertido en una cuestión vital para el país. En este escenario, la urgencia por estrenar unos nuevos Presupuestos ha puesto más de relieve que nunca la debilidad parlamentaria del Gabinete de Sánchez, forzado a pactar “cómo, cuándo, dónde y con quien sea”, con tal de sacar adelante los que serán sus primeros Presupuestos. Las diferentes fuerzas políticas son conocedoras de esta debilidad del Ejecutivo y, por tanto, están dispuestas a aprovechar esta vulnerabilidad en beneficio propio y conseguir, así, lo máximo posible en las negociaciones que se mantienen en el Parlamento sobre los Presupuestos, que, de momento, ya han pasado su primera prueba de fuego, las enmiendas a la totalidad.

Los nacionalistas vascos han vendido su apoyo a todos los gobiernos de la democracia, pero Sánchez pagará la minuta más cara

En este terreno, el PNV está curtido en mil batallas. Los nacionalistas vascos son auténticos maestros en el arte de vender su respaldo al mejor postor. Lo hicieron con Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. No habido presidente del Gobierno que no haya caído en sus redes. Pero, en esta ocasión, a Pedro Sánchez le pasarán, casi con toda seguridad, la minuta más cara de la historia democrática a cambio de su respaldo a las cuentas de 2021. Concretamente, la factura de los nacionalistas vascos ascenderá nada más y nada menos que a unos 12.000 millones de euros, a cambio de que sus seis diputados bendigan los primeros Presupuestos de Sánchez con visos de entrar en vigor en enero próximo.

Pensiones.- El Gobierno vasco reclama el traspaso de la gestión económica de las pensiones, en cumplimiento del Estatuto de Guernica y del pacto alcanzado con los socialistas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo en 2019. El lehendakari Urkullu da por sentado que esta transferencia se producirá el próximo año. Mientras, el Departamento de Escrivá asegura que a partir de final del ejercicio próximo se abrirá un estudio sobre el traspaso de la misma. Sin embargo, otras fuentes gubernamentales confirman a LA RAZÓN que la transferencia efectivamente se producirá en 2021. Pese a no coincidir en la fecha de la cesión de esta competencia, en lo que sí coinciden ambos Gobiernos es en que la misma no rompe la caja única del sistema público de pensiones, al no ir acompañada de la capacidad normativa. Si se cumple la hoja de ruta del PNV, el Gobierno vasco comenzará a gestionar el próximo año los fondos de los 560.000 pensionistas que hay en Euskadi y que ascienden a unos 10.131 millones de euros.

Prisiones.- La transferencia de las cárceles vascas constituye, junto con el acercamiento de los presos etarras al País Vasco, una de las históricas reivindicaciones de los nacionalistas. Sin embargo, el Gobierno vasco prefirió en junio pasado posponer la asunción de esta competencia con la excusa de la campaña electoral. El Ministerio del Interior traspasará el próximo año los tres establecimientos de régimen cerrado que existen en Euskadi junto con una aportación de 77,5 millones de euros. En estos momentos, en esa autonomía hay 986 personas cumpliendo condena (627 en Álava, 160 en Bilbao y 199 en San Sebastián). Instituciones Penitenciarias calcula un coste medio de mantenimiento de un interno cercano a los 70 euros diarios, unos 25.550 euros anuales. Por tanto, de los 77,5 millones, que corresponde al 6,24% de esta competencia en el conjunto estatal, unos 25 millones de euros se dedicarán a sufragar el presupuesto directo de los internos. Los 52 millones restantes se destinarán a personal y a mantenimiento de las infraestructuras penitenciarias. Además, Interior deberá ceder al Gobierno de Euskadi unos 120 millones de euros para financiar la construcción de un nuevo centro penitenciario en San Sebastián, que sustituya al antiguo de Martutene. Sumando todas las partidas, Euskadi gestionará unos 200 millones por la competencia penitenciaria. En esta materia, fuentes del Ejecutivo vasco consultadas por LA RAZÓN se muestran satisfechas de conseguir esta competencia y los 200 millones que conllevan. “Los de Otegi” apoyan al Gobierno “más barato que nosotros”, solo por el acercamiento de presos etarras, aseguran estas mismas fuentes en tono irónico por la pactos que mantiene Unida Podemos con Bildu.

Inversiones.- Las inversiones del Estado en Euskadi ascenderán a 570 millones en 2021, lo que supone un 8,3% más que en el ejercicio de 2019. Más de la mitad, 294 millones, se destinará a alta velocidad, cuyas obras están previstas concluyan en 2023. Sin embargo, fuentes de Renfe confirman a este diario que, con toda seguridad, la culminación de estas infraestructuras, con una inversión que supera ya los 6.000 millones de euros, volverá a sufrir retrasos.

Fondos de reconstrucción.- El País Vasco recibirá el año que viene un adelanto de 194 millones de los fondos europeos para la reconstrucción en la era postcovid-19. De esta cuantía, 120 millones se dedicarán a actuaciones en transición ecológica y 26,6 millones a programas de calidad del agua, concretamente, al saneamiento y depuración del agua en la comunidad autónoma.

Fiscalidad.- Los nacionalistas vascos han conseguido, al final, llevarse el gato al agua. El Gobierno ha dado marcha atrás a su intención de subir la fiscalidad del diésel en aras a conseguir el apoyo del PNV a los Presupuestos de 2021. Hacienda preveía ingresar por este aumento fiscal 450 millones. Además, días antes de que entraran los Presupuestos en el Congreso de los Diputados, el pasado 28 de octubre, los peneuvistas lograron también que Hacienda renunciara a su intención de aumentar el IVA de sanidad y educación.

Plan Renove para la industria y la automoción.- El Gobierno dedicará 50 millones en el País Vasco a la puesta en marcha de un plan renove para la industria que da servicio a la automoción, la energía y la aeronáutica, con fuerte arraigo en esta autonomía. Se dedicará también una partida de 6 millones para el proyecto de soterramiento del tren en Zorrotza, en Bilbao. Estas partidas bendecidas ya por el Ejecutivo central se encuentran entre las 85 enmiendas que los nacionalistas han presentado a las cuentas de 2021 por importe de unos 700 millones. De esta cifra, 21 millones se dedicarán a mejorar sus Cercanías, otros 23 a los puertos de Pasajes y Bilbao, 13,5 millones a infraestructuras hidráulicas y otros 2,3 al aeropuerto de Vitoria. También se reclama una partida de tres millones para un proyecto contra inundaciones en Bilbao.

Entrada en los órganos de la Sepi.- El PNV demanda también que el País Vasco forme parte de los órganos de gestión y dirección de la Sepi, organismo clave al controlar el fondo de rescate de las empresas estratégicas. De hecho, ya ha salvado del cierre, entre otras, a Air Europa.

Paradores.- Los nacionalistas desean también gestionar los paradores de turismo ubicados en su territorio.