Una fórmula maldita: Recesión, paro y deuda

Estos días se cumple el primer año de gobierno de la coalición entre PSOE y Podemos. Se trata de un primer año marcado por la pandemia de la COVID-19, pero que en todo caso, y a pesar de ella, también es enjuiciable desde un punto de vista económico. Desde luego, no todo lo malo que ha ocurrido en la economía es atribuible al Ejecutivo, pero el Ejecutivo sí ha tomado decisiones de calado que podrían haber sido diferentes y que habrían arrojado resultados algo mejores a los que observamos en estos momentos. Así pues, analicemos la trayectoria en tres frentes: evolución del PIB, del empleo y de la deuda pública.

Producto Interior Bruto

Todavía no contamos con los datos de PIB para el conjunto de 2020, pero lo más probable es que nos ubiquemos en una caída de alrededor del 10%. Es decir, que en 2020 hemos dejado de producir el 10% de lo que produjimos en 2019: unos 120.000 millones de euros perdidos. El dato es, evidentemente, un agregado de todas las industrias, lo que significa que algunos sectores no han experimentado perjuicio alguno (como la agricultura) y otros se han hundido entre un 30% y un 40% (como la hostelería). A su vez, que el PIB haya caído un 10% no significa que se hayan generado daños irrecuperables en nuestro tejido productivo. Del mismo modo que si una persona se toma un trimestre sabático sus ingresos caerán durante de año un 25% con respecto a un ejercicio habitual, que una economía se paralice parcial y temporalmente no implica que pierda de manera definitiva su capacidad para producir bienes y servicios. Sin embargo, evidentemente el riesgo de que sufra pérdidas más profundas está ahí. Puede haber compañías muy endeudadas que, al perder sus ingresos, se vean abocadas a la quiebra; trabajadores que hayan tenido que abandonar sus estudios y hayan perdido años de formación; compañías que hayan dejado de invertir en acumular nuevos bienes de capital o en reponer los existentes tras su depreciación... Las heridas no tienen por qué ser persistentes pero podrían serlo. En este sentido, el Gobierno ha hecho bien en proporcionar líneas de liquidez durante los primeros meses de la pandemia (sobre todo, durante los meses del confinamiento domiciliario) para así evitar quiebras no relacionadas con cambios estructurales en la economía, pero la extensión de las mismas a lo largo de todo el año (y parte de 2021) también puede generar otro tipo de quebrantos. Por ejemplo, la zombificación del tejido productivo (es decir, que se estén rescatando empresas que no serán valiosas en el futuro porque su demanda desaparezca permanentemente). Por un lado y por otro, por consiguiente, la economía puede terminar sufriendo daños estructurales de cara el futuro. Tardaremos como poco varios años en recuperar el PIB perdido en 2020. No está claro cuánto tardaremos en recuperar nuestra capacidad de crecimiento potencial.

Empleo

Durante 2020 se han perdido 360.000 afiliados a la Seguridad Social. La cifra podrá parecer escasa, dada la magnitud de la caída del PIB que hemos experimentado y a la que nos hemos referido con anterioridad. A la postre, en 2009 el PIB cayó menos de la mitad y se destruyeron más del doble de los puestos de trabajo. Sin embargo, esta cifra es incorrecta por un doble motivo. Primero, si no hubiésemos experimentado crisis económica alguna, se habrían creado aproximadamente medio millón de nuevos empleos (según BBVA Research), de modo que la destrucción neta de empleo con respecto a nuestra evolución potencial se ubica en unos 850.000 empleos. Segundo, y más importante, las cifras de afiliación a la Seguridad Social están maquilladas por los ERTE y por la prestación extraordinaria de autónomos (los cuales no trabajan pero sí están cotizando a la Seguridad Social): ambas políticas afectan a 1,1 millones de personas. De esta manera, cabe decir que el empleo efectivo destruido en España durante 2020 se aproxima a los 1,5 millones de personas (casi el doble que durante el peor año de la crisis anterior) y si añadiéramos las pérdidas potenciales, tendríamos una destrucción de 2 millones.

El daño laboral, por tanto, ha sido muy intenso y se debe esencialmente de la caída del PIB. Sin embargo, no deberíamos obviar cómo la legislación de nuestro mercado de trabajo, que encarece la creación de empleos, puede haber agravado innecesariamente la pérdida de ocupaciones. Por ejemplo, la subida del SMI ha encarecido la contratación justo en un momento en el que faltaban incentivos para contratar. Tan es así que el Ejecutivo, de momento, ha optado por congelar el SMI. Pero, ¿por qué congelarlo y no recortarlo si las subidas de 2019 y 2020 se adoptaron en un contexto previo a la pandemia que nada tiene que ver con el actual? El Ejecutivo, y sus políticas ideologizadas, también son responsables de la falta de dinamismo de un mercado laboral que necesitaría de mucha más flexibilidad y de menores costes regulatorios para recuperarse.

Deuda

Las políticas presupuestarias dirigidas a compensar parcialmente el impacto de la crisis han tenido una influencia presupuestaria incuestionable. La deuda pública española habrá cerrado 2020 por encima del 120% del PIB y nuestro déficit en el entorno del 10% del PIB. Estamos, por tanto, en zona de peligro financiero. Aunque ahora mismo los tipos de interés estén bajos, esta situación no tiene por qué ser permanente, de modo que urge reconducir nuestra deuda durante los próximos años. Para ello, habrá que adoptar políticas de ajuste presupuestario que pasarán o por subidas de impuestos o por recortes del gasto. El Gobierno PSOE-Podemos parece claramente preferir la primera opción. No en vano, 2021 ha arrancado con subidas en prácticamente todas las figuras tributarias (IRPF, Sociedades, IVA, cotizaciones sociales, Patrimonio, creación de nuevos impuestos...). Aumentar impuestos es un camino preferible a avanzar inconscientemente hacia la quiebra, pero debemos darnos cuenta de que nuestra capacidad de crecimiento futuro se verá muy seriamente mermada por tales subidas fiscales. Los impuestos impactan negativamente sobre la actividad económica y, por tanto, subirlos considerablemente mermará nuestro crecimiento potencial. Teniendo en cuenta los daños que ya ha padecido la economía en 2020, no parece lo más aconsejable, pero la ideología de la coalición gobernante es incompatible con recortes profundos del gasto estatal que minimicen los daños a la actividad. Habrá, pues, más impuestos.

Conclusión

En definitiva, 2020 ha terminado con una destrucción de valor cercana a los 120.000 millones de euros, con la pérdida de 1,5 millones de empleos y con la acumulación de unos 200.000 millones de euros en deuda pública. Nos hemos vuelto más pobres y nos hemos hipotecado de cara el futuro, una combinación que no augura nada bueno, en especial si las políticas económicas que se aplican sólo sirven para profundizar en las heridas abiertas. O dicho de otro modo, si respondemos a uno de los mayores hundimientos de nuestra historia con más regulaciones, más subsidios y más impuestos, será muy complicado que levantemos pronto cabeza. Necesitamos un programa de reconstrucción que pase por la liberalización de la economía y por el ajuste del déficit desde el lado del gasto. La pandemia no ha sido responsabilidad de este gobierno (aunque sí su mala gestión sanitaria). Las políticas económicas que se apliquen durante la post-pandemia, en cambio, sí lo serán y no parece que vayan a ser las más adecuadas.