Casi tres meses después de que el Pacto de Toledo presentara en el Congreso de los Diputados el documento final con las 22 recomendaciones para reformar el sistema de pensiones y éste fuera aprobado por una contundente mayoría, el Ministerio de Seguridad Social sigue pendiente de cerrar algunos de sus puntos más polémicos. Entre ellos se encuentran la prolongación de la vida laboral más allá de la edad oficial de jubilación -un empeño personal del ministro José Luis Escrivá-, pero que todavía debe determinar el sistema de incentivos; el recorte de la estructura del régimen de jubilación anticipada -aumentando las trabas y las penalizaciones al máximo para acabar con su generalización y reducirlo al mínimo posible- y dos de los aspectos que más polémica han levantado entre los numerosos colectivos afectados: las penalizaciones sufridas por los trabajadores que se jubilaron anticipadamente con 40 o más años cotizados y los que se vieron forzados a retirarse antes de tiempo por culpa de las regulaciones forzosas de empleo con base en las sucesivas crisis económicas, que les expulsaron del mercado laboral y les obligaron a jubilarse anticipadamente con importantes reducciones en sus retribuciones por culpa de los coeficientes reductores vigentes, con recortes de hasta un 40%.

Respecto a estos últimos, el equipo de trabajo que elabora el proyecto de reforma -integrado en la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social- sigue trabajando para la realización de un informe que evalúe el impacto que sobre el sistema público de pensiones tendría la asunción del coste de la despenalización de las prejubilaciones anticipadas forzosas y ver la posibilidad de otorgar indemnizaciones a estos trabajadores, además de establecer cómo debería incluirse directamente en los Presupuestos Generales del Estado.

Respuesta inesperada

La Seguridad Social todavía no ha presentado a la comisión de seguimiento un documento con conclusiones sobre algunas de las recomendaciones, como en el caso de la número 12 -la que corresponde a las prejubilaciones-, una de las más esperadas. Por esta razón, Podemos -a la sazón látigo de Escrivá durante los últimos meses- ha exigido al ministro una reunión con esta comisión para que explique estas cuestiones y presente ya, de manera oficial, un informe afirmativo y con medidas concretas y «no vaguedades en contactos informales», de las que los representantes podemitas se han quejado abiertamente ya que solo plantean cuestiones «de forma muy dispersa y sin concreción».

Según ha podido saber este diario, en el borrador que manejan los técnicos se ha optado por rechazar que se subsane la situación de este colectivo de prejubilados. En concreto, piden que se mantenga inalterable la aplicación de los coeficientes reductores. Así, se descarta -de momento y a falta de posibles modificaciones- el carácter retroactivo, aunque se abre la posibilidad de cambiarlo en el futuro. La razón esgrimida para no suspenderlos se sustenta en que supondría un coste difícilmente asumible para las arcas públicas a corto y medio plazo, ya que la factura se elevaría por encima de los 2.200 millones de euros al año para compensar a unos 510.000 afectados. Según se reconoce, el Ministerio quiere evitar que la retirada de estos coeficientes reductores se aplique a todos los colectivos que se encuentren en una situación similar -no solo a los prejubilados por las crisis o mutualistas que lo reclamen-. Esto implicaría que casi 2.150.000 jubilados estarían en disposición de reclamar estas compensaciones, lo que provocaría que la factura presupuestaria podría multiplicarse incluso por cuatro y elevarse por encima de los 8.000 millones de euros.

También se escuda el Ministerio en su informe preliminar en que la pensión media que actualmente perciben los trabajadores con jubilación anticipada y prejubilados es superior a la de los que se jubilan a la edad ordinaria. Asimismo, recuerda que miles de estos trabajadores ya fueron compensados en 2007, durante la primera etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, que aprobó un complemento mensual de pensión de hasta 63 euros, con un mínimo de 18 euros -según el coeficiente de reducción aplicado a cada pensionista- como una compensación por la reconversión industrial y la privatización de empresas públicas de los primeros años del siglo XXI.

Fuentes ministeriales han aclarado a LA RAZÓN que se sigue trabajando en las conclusiones, que se presentarán a la comisión cuando esté completamente cerrado, por lo que “hasta ahora solo se han realizado varios estudios, informes y borradores que no se han terminado, por lo que están abiertos a cambios”, incluido el asunto de las prejubilaciones.

Escrivá no quiere precipitarse y pisa con pies de plomo tras las últimas polémicas con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Teme que vuelva a formarse una bola de nieve gigante como la que se formó con la intención de elevar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 35 años, que casi le arrastra a la dimisión, aunque finalmente el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le refrendó en el puesto. Pero Podemos no quiere dejar pasar ninguna oportunidad para desgastar al ministro que más cuestiona del equipo económico de Sánchez, y con el que ha tenido serios encontronazos. Por eso, ha pedido la comparecencia de Escrivá en la comisión del Pacto de Toledo para que explique estos extremos.

Más recelos

Sindicatos y asociaciones también han mostrado su recelo sobre esta cuestión. Los sindicatos pretenden que esta discusión se trate en la mesa del diálogo social y ya han mostrado que su postura será la de su apoyo incondicional a estos colectivos y su negativa a que no sean compensados. UGT ha defendido que los trabajadores expulsados del mercado laboral por la última crisis financiera, por ejemplo, han sufrido una doble penalización, ya que la inmensa mayoría de ellos procedía directamente del desempleo.

La semana pasada, la asociación más activa y luchadora, Asjuvi40, se sumó a Podemos y sindicatos en su petición de información al Ministerio tras registrar en el Congreso una solicitud para reunirse con la presidenta de la comisión, Magdalena Valerio. Su intención es lograr su compromiso para que se termine con lo que consideran un agravio para más de 500.000 pensionistas. Pero si no hay voluntad política, sus aspiraciones pueden quedarse en nada, después de que algunos contratiempos judiciales, como el rechazo a que se reconozca su situación como jubilación involuntaria, hayan restado fuerza a sus reivindicaciones.

De momento, el Ministerio de Escrivá prefiere declinar comentarios sobre esta cuestión “porque se sigue trabajando y no hay nada cerrado”. por lo que se mantiene lo esgrimido hasta ahora en los informes previos, cuya principal conclusión es que desaconseja la adopción de estas medidas de compensación con carácter retroactivo por su elevado coste presupuestario. De ahí que Podemos, sindicatos y prejubilados presionen a la comisión para que intente cambiar la posición ministerial en su informe definitivo.