Las 9 reformas de las pensiones enviadas a Bruselas

El aumento gradual de las bases máximas de cotización y la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de jubilación futuras serán abordados

Familiares de usuarios de residencias y pensionistas se manifiestan en defensa de los mayores en las residencias, en la Plaza Moyúa, en Bilbao
Familiares de usuarios de residencias y pensionistas se manifiestan en defensa de los mayores en las residencias, en la Plaza Moyúa, en BilbaoH.Bilbao Europa Press

El Gobierno ha remitido a Bruselas nueve propuestas de actuación para reformar el sistema de pensiones, una exigencia de la UE junto a la modernización del mercado laboral. Las medidas, a las que ha tenido acceso este diario, se enmarcan en tres objetivos. El primero es la eliminación del déficit de la Seguridad Social, trasladando los gastos ajenos al sistema a los Presupuestos Generales del Estado y modificando el sistema de cotización de los autónomos para alinearlo con los ingresos efectivos. El segundo objetivo pasa por desmontar las reformas de 2013 impulsando la elevación de la edad efectiva de jubilación con incentivos voluntarios para acercarla a la edad legal y sustituir el factor de sostenibilidad, retrasado hasta 2023, por otro mecanismo negociado con los agentes sociales. Por último, se plantea impulsar los sistemas complementarios en el ámbito empresarial y profesional. De acuerdo a estos objetivos, el Gobierno ha remitido estas nueve propuestas que se desarrollarán por la Seguridad Social y se negociarán con los agentes sociales en adelante.

1. Financiación de gastos impropios

La reforma, ya en marcha, consiste en la asunción por el Estado de partidas de gasto que son sufragadas por las cotizaciones sociales, limitando la capacidad del sistema para afrontar el creciente gasto en pensiones. El conjunto de los gastos impropios identificados es de 20.000 millones de euros, de los que, tres cuartas partes han sido ya asumidos en los PGE de 2021. El Gobierno se plantea asumirlos plenamente en los PGE en 2023.

2. Mantenimiento del poder adquisitivo

Se derogará el “actualmente vigente” Índice de Revalorización de las Pensiones introducido en 2013 que garantiza una subida mínima del 0,25% anual para las pensiones mientras el sistema se encuentre en déficit. El Gobierno considera que su aplicación supondría una pérdida de poder adquisitivo de un 37% para el pensionista medio en un periodo que no detalla. Se plantea una fórmula de vinculación al IPC que evite la necesidad de reducciones nominales en caso de IPC negativos que produjeran ganancias puntuales de poder adquisitivo para las pensiones con una “moderación” de las alzas posteriores sucesivas a esos años.

3. Acercar la edad de jubilación real a la legal

Se plantea realizar cambios en el sistema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada voluntaria “para eliminar distorsiones, incluyendo su carácter regresivo”. También se propone potenciar los incentivos de demora de la jubilación y mejorar la empleabilidad y formación de los trabajadores más mayores para asegurar la prolongación de sus carreras laborales.

4. Alargar el periodo de cálculo de la pensión

Aunque finalmente no se ha incluido la polémica ampliación a 35 años, el Gobierno ha plateado a Bruselas la «adecuación de las carreras de cotización» dentro de nueve puntos de reformas sobre el sistema de pensiones. «Se plantea ampliar y adecuar a la realidad actual (...) el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora por encima de los actuales de manera progresiva junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional».

La propuesta de ampliación del periodo de cotización permanece en el horizonte aunque sin que se detalle en cuántos años y cómo se realizará. «Estamos haciendo cálculos y todavía no sabemos lo que vamos a hacer. Nos va a llevar unos cuántos meses», dijo ayer Escrivá.

5. Sustitución del factor de sostenibilidad

Como publicó LA RAZÓN, el Gobierno estudiaba incorporar múltiples variables además de la esperanza de vida (como la evolución del PIB, del mercado laboral, de la natalidad o de los flujos migratorios ) a la creación de un nuevo mecanismo pactado con los sindicatos y los empresarios para sustituir al vigente factor de sostenibilidad, cuya aplicación se retrasó a 2023. Se trata de que los parámetros de este mecanismo sean revisados de forma periódica.

6. Los autónomos cotizarán por sus ingresos reales

Se trata de implantar gradualmente un nuevo sistema de cotización para los autónomos que se fundamente en los rendimientos por la actividad económica desempeñada. Actualmente, un 35% de los pensionistas del RETA no alcanzan la pensión mínima, por lo que necesitan complementos a mínimos.

7. Modificación del complemento de maternidad de pensiones

Se identificará cuál de los progenitores se vio más perjudicado por el nacimiento de hijos en su trayectoria de cotización o en su caso, de no existir un progenitor particularmente perjudicado, se otorgaría el complemento vigente desde 2016 a la madre.

8. Impulso a los planes de pensiones de empresa

La preferencia es en el ámbito sectorial. Se creará un fondo de promoción pública de libre adscripción. Para extender su uso, se desplazará la fiscalidad favorable actual de los planes individuales a los de empleo.

9. Destopar la base máxima de cotización

La base máxima de cotización que se aplica a los salarios más altos –y por la que cotizan alrededor del 14% de los afiliados– está congelada este año en 4.070,10 euros al mes. Se plantea la adaptación gradual de las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema.