El “hackeo” hace visibles las grietas del SEPE

Jugar con los plazos también es jugar con el pan de miles de personas. El ciberataque al SEPE ha vuelto a dejar patente el grado de colapso que sufre este organismo. Faltan manos para poner al día, no solo todo el papeleo atrasado desde el 9 de marzo, cuando comenzó el ciberataque, sino también para abonar los ERTE, paro y subsidios aún sin reconocer desde hace varios meses. Teniendo en cuenta que su carga de trabajo se ha multiplicado por siete en comparación con el periodo previo al estado de alarma, los retrasos en la gestión de centenares de miles de expedientes son inevitables. Las promesas de un plan de choque que dé solución a este problema se quedarán en agua de borrajas, sobre todo teniendo en cuenta que este plan no ha sido comunicado aún al sindicato mayoritario en el SEPE, CSIF, y que solo se reduce a horas extra voluntarias.

A las oficinas del SEPE acuden todos los días personas desesperadas que buscan ser atendidas cuanto antes. No saben si podrán mantener a su familia uno, dos o tres meses, hasta la fecha de su cita previa. Los insultos o las actitudes violentas conforman la estampa habitual. “No se puede tener a un obrero tres meses para tramitar el papeleo y otro mes más para cobrar”, denuncia el guardia de seguridad de una oficina del SEPE.

Los plazos no se cumplen desde hace meses. En cuanto a las promesas de reconocer las nuevas prestaciones por desempleo antes de que acabe marzo, Javier Damián es el claro reflejo de que esto no se cumplirá en algunos casos. El 14 de diciembre fue despedido debido a la situación económica que atraviesa el país y más concretamente la hostelería. Sin embargo, no ha comenzado a cobrar el paro hasta el 11 de marzo. “Solo he cobrado 2 meses. Las cuentas no me salen. Me reconocen 6 meses de paro, pero yo llevo trabajando 40 años. Mi paro acumulado no figura por ningún lado”, reclama a las puertas de una oficina del SEPE. “Mi mujer está en tratamiento de quimioterapia. Gracias a Dios nos vamos recuperando y me dedico a ella. Estos meses que hemos pasado sin ingresos los ahorros se han ido todos al garete. Esto te crea una incertidumbre y una inseguridad enorme”, denuncia. Afortunadamente, tras tres meses de espera, pudieron resolver su problema, aunque no todos corren la misma suerte.

Paqui y su marido trabajan en una agencia de turismo y llevan desde el inicio de la pandemia con un ERTE parcial al 30%. En agosto un cambio en la forma de gestionar los ERTE hizo que dejasen de recibir la prestación. Solo han cobrado octubre y noviembre, no obstante, les reclaman los meses de julio y agosto como cobros indebidos. “Cómo se pueden hacer las cosas tantas veces mal”, se pregunta. “Lo más desesperante es que pides cita, vienes, pones una reclamación y no hacen nada. Vine en noviembre y he vuelto ahora. La cita la pedí en enero”, explica. “Hay oficinas en las que mis compañeros han ido y sobre la marcha se lo han regularizado. Aquí nos dicen que depende de la central. Nos dicen que tengamos paciencia que esto va para largo, pero esto ya no es cuestión de paciencia, es cuestión de comer. El colchón de ahorros va bajando y no vamos a aguantar así mucho más”, denuncia.

Estos últimos días la preocupación se ha disparado ante la posibilidad de que el reconocimiento de las prestaciones se dilate aún más en el tiempo. Muchos han acudido a las puertas de las oficinas en busca de un modo para pedir cita, ya que este servicio permaneció alrededor de una semana inactivo tras el “hackeo”. Ese es el caso de Pilar y de Uribel. Él, de 62 años, es receptor del subsidio con cargas familiares. La prestación se le caduca este mismo domingo y acude a las puertas de su oficina más cercana para saber qué puede hacer para renovarla antes de que acabe el mes. “No he podido renovarla por la web, daba fallos. Si no alcanzo a renovarla hoy no sé si al siguiente mes podré cobrar. Tengo una niña de 12 añitos y pagamos renta y todo”, cuenta. “Yo iba a volver a trabajar en Uber justo cuando comenzó el confinamiento. Hemos tenido que pedir ayuda familiar y con la comida de los bancos de alimentos vamos tirando”, añade. La respuesta para todos es la misma: les dan un papel con la web y un número y les dicen que deben pedir cita de 8:00h a 9:00h, algo que días atrás no era posible. En su caso, la preocupación por no poder pagar gastos ni comida el mes que viene le llevó a insistir. Un trabajador del SEPE situado en la entrada de la oficina le dijo que debía pedir cita previa y dejar pasar un mes antes de la renovación. “Explíquele a su casero que este mes no podrá pagar”, le dijo. Una respuesta que a Uribel y a otras tantas personas que viven al día no les vale.

Pilar, por su parte, no tiene medios para pedir cita por internet. Tras acudir a un locutorio y ver que la web no se lo permitía, decidió ir presencialmente en busca de ayuda. Hace dos años se marchó de su trabajo por el mal trato que recibían los trabajadores. Aunque esperaba poder encontrar algún otro puesto, sufrió un ictus y tuvo que irse a vivir con su hermana para subsistir mientras se recuperaba. Ahora, ya en mejor estado de salud, aunque aún con secuelas, ella y su marido están viviendo en una habitación de un piso compartido. La situación de ambos es precaria. Para ella, encontrar trabajo es casi imposible. “Mi marido trabajaba en una obra y con la Covid lo despidieron. No llegó al año y estamos sobreviviendo con la ayuda de 430 euros que recibe”, explica. “Me he tirado un mes que solo comía un sándwich de jamón y queso. Ni desayuno ni cena”, cuenta. Para más inri, en su actual piso no tienen contrato, por lo que no han podido solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Por ello, Pilar acude desesperada al SEPE en busca de información, aunque se va como ha venido: “No se preocupan por la persona y por sus necesidades, te tratan como una vaga que no quiere trabajar. Yo me enteré de que hay un subsidio para mayores de 52 años por otro lado, no te informan de nada”.

Lo que se proclama desde los despachos no se asemeja ni un ápice con la realidad de la calle. La dirección general del organismo no ha informado oficialmente a CSIF de ningún plan de choque, un trámite obligatorio al tratarse del sindicato mayoritario en el SEPE. Manuel Galdeano, coordinador nacional de CSIF en el SEPE, cuenta a LA RAZÓN que ha tenido que enterarse de su contenido a través de los delegados sindicales en las distintas provincias. “Por lo que parece ese plan de choque se reduce única y exclusivamente, a que, voluntariamente, se pueden hacer horas extra este mes, hasta un máximo de 20 horas en algunas provincias y 10 horas en otras”, explica. Las lagunas de este plan son evidentes y Galdeano ve imposible que se puedan aprobar las nuevas prestaciones antes del cierre de la nómina de marzo.

Aunque durante estos días se han recuperado parte de las funciones de la web, como la cita previa, la presolicitud, el envío de los certificados de empresa y el envío de los periodos de actividad, “va a haber un impacto seguro. En algunos casos hay gente que no cobrará hasta mayo”, prevé Josetxo Gándara, representante sindical de CC OO en la Administración General del Estado (AGE). Barcelona, Madrid y las Islas Baleares son los territorios que acumulan más retrasos y serán las que sufran mayores incidencias. Se calcula que un 60% de 100.000 citas previas que se atienden al día son para prestaciones, por lo que se duda en gran medida que se pueda llegar a tiempo para el pago de las nóminas. Por otro lado, estas citas en la mayoría de casos se dan con un mes o más de plazo, por lo que los usuarios que están siendo atendidos ahora son personas que se quedaron sin trabajo hace ya uno o varios meses.

Por seguridad, “solo se permite encender los ordenadores que están dentro de la red física. En este momento no se puede teletrabajar”, añade. Esto implica que de los 1.500 empleados que están teletrabajando (un 20% de 7.200 empleados del SEPE), solo los que han podido volver a las oficinas pueden adelantar trabajo. Por otro lado, de los 6.000 PC con los que cuenta el organismo, en torno al 10% están infectados. La falta de personal y de terminales operativos es un problema añadido para volcar toda las solicitudes de desempleo que se han hecho en papel estos últimos 10 días.

Robo de datos y rescate

El nuevo “ransomware” que puso en jaque al SEPE es conocido como Ryuk. Las teorías sobre el motivo de este ciberataque han apuntado a una posible venganza de “hackers” rusos por una operación militar de unos cazas españoles que interceptaron dos aviones rusos, aunque el director del SEPE catalogó esta suposición como “esotérica”. La razón de estos delitos siempre suele ser más sencilla y gira en torno al dinero. Empresa y organismos públicos son el blanco preferido de los ciberdelincuentes y el SEPE es uno más. Este programa malicioso cifra los archivos y deja ordenadores inutilizados con la idea de obtener dinero a cambio de devolver el funcionamiento normal al sistema. En el caso del SEPE, el ciberataque solo ha afectado a sus archivos compartidos y dejó inoperativa su web.

Aunque desde el organismo aseguran que no ha habido robo de datos, Luis Corrons, “Security Evangelist” de Avast, afirma que esto es difícil de saber y el modus operandi antes de cifrar los archivos es robarlos. El SEPE también ha negado que se haya pedido un rescate, aunque Corrons lo cuestiona. “Si vas a atacar algo porque solo quieres hacer daño a un país es más llamativo ‘hackear’ la web del Gobierno”, explica. Por ello, no se descarta la posibilidad de que sí les hayan pedido un rescate pero no hayan querido hacerlo público. Corrons explica que la empresa Travelex pagó 2,3 millones de dólares, la Universidad de California en San Francisco pagó 1,14 millones y el condado de Oregón 300.000 dólares, entre otros casos.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sigue investigando dónde se pudo producir la brecha de seguridad. Luis Corrons considera que “lo más probable es que hayan comprometido a algún empleado del SEPE a través de un email y le hayan robado las credenciales”. Además, advierte de que si algún empleado en régimen de teletrabajo se conectó al sistema con su ordenador personal el riesgo de ciberataque es aún mayor. La gravedad de lo ocurrido apunta a que los atacantes estuvieron dentro del sistema del SEPE una temporada antes de lanzar el virus. La falta de detección temprana hace que volver a la normalidad pueda llevar varias semanas. En este sentido, el SEPE no figura en la lista de centros certificados por el Centro Criptológico Nacional para el Esquema Nacional de Seguridad.