Pacto de Toledo

Escrivá recomienda que el índice de revalorización de las pensiones se revise cada cinco años

El Pacto de Toledo y los agentes sociales tendrá la potestad de recomendar si se mantiene ligado al IPC o se recomienda algún cambio

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (d), junto a la diputada socialista Magdalena Valerio (i), y presidenta del Pacto de Toledo, hoy, en la comisión celebrada en el Congreso de los Diputados de Madrid
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (d), junto a la diputada socialista Magdalena Valerio (i), y presidenta del Pacto de Toledo, hoy, en la comisión celebrada en el Congreso de los Diputados de MadridMariscalEFE

“Si a ustedes les parece bien voy a proponer que el índice de revalorización de las pensiones se revise por parte del Pacto de Toledo cada cinco años”. Esa fue la primera propuesta que realizó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la comisión de seguimiento del citado Pacto de Toledo. El ministro compareció desde las 17.00 horas a petición propia en respuesta a la petición que realizó la comisión para dar cuenta de las negociaciones que el ministro mantiene con los agentes sociales y también con las autoridades europeas para la reforma del sistema de pensiones.

Esta reforma es uno de los elementos en los que el Gobierno ha acordado con la Comisión Europea realizar reformas, en el marco de la llegada de fondos comunitarios para afrontar la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

Escrivá ha reconocido estar “a punto de cerrar” un acuerdo con estas organizaciones para decidir la fórmula de revalorización de las pensiones, que se hará “en relación al IPC”, con la opción de ajustar en los tres años siguientes si la inflación es negativa. Esta nueva fórmula dejará atrás el sistema de revalorización impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, el conocido sistema del 0,25% que, en caso de déficit del sistema, limitaba así la subida de pensiones. “Esta será una fórmula más sencilla, transparente y comprensible”, defendió.

La propuesta de Escrivá establece que las pensiones subirán anualmente con la inflación media de diciembre, en vez de en función de la estimación prevista de los precios como hasta ahora. En el caso de que la inflación media sea negativa –como ha pasado en 2020–, las pensiones no bajarían, pero tampoco tendrán incremento, y la diferencia entre ambas cifras se compensaría en los tres años siguientes con una revalorización más moderada. Para que quede claro: si la inflación media en 2020 se situó en el -0,3%, esas tres décimas se restarían durante los tres años siguientes. Con estas premisas, el objetivo de Escrivá es que cuando un trabajador finalice su carrera laboral disponga el resto de su vida de pensionista de la misma capacidad adquisitiva, ya que su prestación se incrementará al mismo nivel que lo hagan los precios cada año.

Pero este incremento anual no será definitivo ni inquebrantable, ya que el titular de Seguridad Social ha propuesto que tenga una vigencia de cinco años, y que una vez que transcurra este periodo sea revisado por el Pacto de Toledo y los agentes sociales, que serán los que determinen su recomendación para que se mantenga o se produzca algún cambio.

El Ministerio que dirige Escrivá también anunció que se acercará la edad media a la que se accede a la jubilación (64,5 años) a la edad legal (65,8 años), para lo que contempla elevar los desincentivos en el acceso al retiro anticipado voluntario y crear un nuevo modelo que premie la demora en el retiro.

En cuanto a las prejubilaciones, Escrivá siguió en sus trece y sigue con su plan adelante, con el que pretende que se cumpla en el 99% de ellas el coeficiente de reducción de la pensión del 8% por cada año de menos trabajado, que ya está establecido así en la actual legislación, pero que no se aplica en todos los casos. El ministro quiere acabar con este sistema, que entiende es «muy injusto», pero en vez de igualar las reducciones por abajo –al 2%– lo hará por arriba –al 8%– y de forma generalizada, es decir, que penalizará al máximo. Y aquí se incluyen también las carreras de cotización de más de 40 años, a las que se sigue sin dar una solución a su jubilación anticipada.