La Guardia Civil registra la sede central de Abengoa por posible falseamiento de sus cuentas entre 2014 y 2016

La multinacional sevillana Abengoa se despertaba este martes con un registro de sus instalaciones ordenado por la Audiencia Nacional, que investiga la posible alteración de las cuentas de la compañía entre 2014 y 2016. Una veintena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) procedentes de Madrid entraron en torno a las 9.00 horas a la sede central del campus de Palmas Altas con un objetivo claro: el departamento de contabilidad de Abenewco 1, donde se encuentran los departamentos que asesoran y dan soporte al resto de empresas del grupo, según ha explicado la presidenta del comité de empresa, Noelia Sánchez, a las puertas de la citada sede.

Fuentes de la Guardia Civil han aclarado a LA RAZÓN que el operativo desplegado corresponde a una investigación abierta a la compañía sevillana en febrero de 2017 por el juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, sobre la que pesa el secreto de sumario. El juez Ismael Moreno investiga el supuesto falseamiento de las cuentas de la multinacional española en varios ejercicios. Esta es solo una de las causas judiciales abiertas contra Abengoa y sus filiales, que partió de una denuncia presentada en 2016 por la Plataforma de perjudicados de Abengoa (compuesta por accionistas minoritarios) afectados por la gestión del entonces presidente, Felipe Benjumea. La querella contra Abengoa y Deloitte se amplió en febrero de 2020 para incluir un presunto delito de estafa de inversores a la causa principal.

La querella que dio origen a este procedimiento se admitió en febrero de 2017, según informó en su día el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), contra el expresidente de la compañía Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega. En ella, el juez investiga “si las óptimas cifras que reflejaban los estados financieros de Abengoa y su idílica situación patrimonial y financiera difundida por sus administradores con anterioridad a su colapso financiero (que en noviembre de 2015 les llevó a presentar la solicitud de pre-concurso) eran o no contrarias a la realidad financiera y económica de la compañía”. Según el CGPJ detalló, “en su informe previo sobre la admisión de la querella, la Fiscalía consideró que existen indicios bastantes como para considerar la posible alteración contable de las cuentas correspondientes a, al menos, los ejercicios 2014 a 2016 de las cuentas anuales de Abengoa, SA y determinadas sociedades dependientes”, como son Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía.

También la auditora Deloitte figura como investigada en la causa de la Audiencia Nacional. La consultora fue multada en el año 2018 por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la comisión de dos infracciones graves en la auditoría de las cuentas de Abengoa. Su mala praxis supuso a la empresa auditora sendas multas por importe de 1,2 millones y de 246.000 euros, en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas anuales consolidadas de “Abengoa, S.A., y sociedades dependientes” y de las cuentas anuales individuales de “Abengoa, S.A.”, correspondientes al ejercicio 2014, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, la sanción incluía la prohibición de realizar auditorías a Abengoa o a su red de empresas.

Según fuentes sindicales, los trabajadores fueron sorprendidos al inicio de la jornada por el despliegue de agentes, que permanecieron varias horas en el interior del edificio sin que trascendiera nada relevante sobre la investigación. La propia representante sindical ha explicado que la Guardia Civil indicó a sus compañeros del departamento de contabilidad que se retiraran de sus puestos de trabajo y no tocaran ordenadores ni móviles, además de pedirles que dejaran escrito en un papel sobre sus equipos de la empresa sus datos personales, DNI y teléfono. Después, fueron informados de que podían abandonar el edificio, pero debían regresar a sus puestos de trabajo a las dos de la tarde, sin más instrucciones.

En cuanto a la duración de la actuación, no supieron concretar cuánto podría alargarse el registro, que mantiene en vilo a los más de mil empleados de las distintas filiales de Abengoa. Sobre las once de la mañana dos agentes de la UCO, vestidos de paisano, han abandonado las instalaciones, para volver a entrar minutos después portando una maleta negra.

Ante esta situación anómala, los representantes de los trabajadores han aclarado que todavía no habían recibido ninguna explicación por parte de la dirección de la empresa. Muchos de los empleados han pasado la mañana dando vueltas alrededor del complejo de edificios, desconcertados y haciendo tiempo hasta que les permitieran regresar a su trabajo. Según han aclarado a LA RAZÓN, la única información que han recibido por parte de la Guardia Civil es que debían permanecer fuera de las instalaciones hasta la hora indicada, sin que hayan sabido concretarles cuánto tiempo se prolongará un registro que ocupa ya toda la mañana. Sí han confirmado que los agentes no se habían llevado ningún ordenador, por lo que barajan la posibilidad de que estuvieran realizando copias de los discos duros, además de consultar “in situ” la información que contienen.

Abengoa se encuentra en concurso de acreedores y solicitó a mediados de marzo un rescate a la SEPI por valor de 249 millones de euros de los 10.000 millones con los que está dotado este fondo de rescate de empresas estratégicas que levantó el Gobierno, informa Efe.

La multinacional arrastra desde hace años una situación complicada y había tratado de condicionar su viabilidad a la aportación de 20 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, que no ha llegado a materializarse bajo el argumento de que era jurídicamente inviable.