Sánchez necesita acabar con el modelo fiscal que triunfa en Madrid

El modelo fiscal de la Comunidad de Madrid incomoda a Pedro Sánchez porque pone de manifiesto que existen alternativas al infierno fiscal hacia el que nos quiere conducir. La comisión de expertos para la reforma del sistema tributario que fue constituida esta semana tiene el mandato que acercar a España a los niveles de recaudación de la Eurozona, lo que supondría un fuerte aumento de los impuestos que recaen sobre el consumo, sobre los parados, sobre los autónomos y sobre los asalariados.

Y es que la presión fiscal de España se ubica por debajo de la media de la Eurozona esencialmente porque consumidores y trabajadores pagan proporcionalmente menos en nuestro país que en nuestros vecinos europeos: de ahí que el único camino para equipararnos con Europa sea perjudicar fiscalmente al conjunto de la población. Sánchez lo sabe y, por tanto, también es consciente de que para justificar un sablazo tributario de tal magnitud durante los próximos años va a ser necesario argumentar propagandísticamente que no existe alternativa a ese sablazo: que si queremos conservar el Estado de Bienestar resulta menester multiplicar todos los impuestos existentes.

Pero, claro, para que este argumento posea un poso de verosimilitud es necesario, a su vez, haber erradicado todas las alternativas existentes dentro de España que nos muestren que ese argumento es erróneo: por ejemplo, hay que acabar con el modelo fiscal característico de la Comunidad de Madrid.

A la postre, la presión fiscal en Madrid no es que sea inferior a la de la Eurozona, sino que es inferior a la de España. Es más, la propuesta fiscal de Díaz Ayuso pretende ahondar en esa reducción de la presión fiscal, por ejemplo disminuyendo todos los tramos del IRPF o bonificando el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Y, sin embargo, la calidad de los servicios públicos madrileños resulta más que suficiente para cubrir las exigencias de su ciudadanía –no es que no quieran una mayor calidad, obviamente, pero sí que juzgan la calidad actual lo suficientemente aceptable como para seguir encomendando la formación de gobierno a aquellos partidos que se niegan a subir impuestos para aumentar los recursos de tales servicios públicos–. O dicho de otra forma, no es cierto que el mix impuestos-gasto vigente en Madrid sea inviable y que, en consecuencia, una fortísima subida de impuestos sea inevitable.

Por eso, Sánchez necesita con urgencia una armonización –al alza, cómo no– de los distintos impuestos cedidos a las autonomías: para que ninguna región se desmarque del resto ofertando a sus ciudadanos tributos más bajos merced a una mayor eficiencia en la prestación de sus servicios públicos. Por eso, el otro gran objetivo de la comisión de expertos en la reforma del sistema tributario es armonizar al alza el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones dentro del país. Por eso, las promesas de Ángel Gabilondo de que no subirá impuestos en lo que reste de la presente legislatura son promesas probablemente vacías y sin ningún recorrido. Quizá no los vaya a subir él, pero se los subirá Sánchez sin que él oponga auténtica resistencia.

Por ello, en la próxima legislatura, los madrileños deberían plantarle cara a los planes recentralizadores del PSOE sanchista, para defender con uñas y dientes el modelo que ha contribuido a conducirles a las cotas actuales de bienestar.