TCI, uno de los principales accionistas de las autopistas italianas, pide a Draghi que considere la oferta de ACS

La venta de las autopistas italianas se decidirá no sólo en los despachos de las compañías involucradas en el proceso sino también en los del Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano. Bien lo saben todos y así está quedando claro en las últimas semanas, una vez que el proceso para que Atlantia se desprenda del 88,06% que posee en Autostrade per l’Italia (ASPI) es ya imparable. El último movimiento mirando al Palacio Chigi lo ha hecho el fondo de inversión TCI, propietario de un 10% de Atlantia. TCI ha remitido una carta difundida por la prensa italiana al primer ministro de este país, Mario Draghi, y a los ministros de Economía, Daniele Franco, e Infraestructuras, Enrico Giovannini, con fecha 12 de abril en la que pide que el Gobierno permita a Atlantia tomarse su tiempo para evaluar “de forma independiente y libre de cualquier interferencia política”la manifestación de interés del grupo español de infraestructura ACS, de Florentino Pérez.

A principios de abril, la compañía española remitió una carta a Atlantia, su socio italiano en la concesionaria de autopistas Abertis, en la que manifestaba su interés por hacerse con los activos de ASPI y valoraría a la compañía por 10.000 millones de euros. Sin embargo, el consejo de administración de Atlantia convocó el pasado viernes una junta general de accionistas para el próximo 28 de mayo con el propósito de examinar la oferta presentada por el Gobierno italiano, a través del banco Cassa Depositi e Prestiti (CDP) y junto a los fondos Blackstone y Macquarie y que rondaría los 9.000 millones de euros. Una convocatoria en la que no se hizo ninguna referencia a la oferta lanzada de forma paralela por ACS.

Injerencia

En la misiva, el consejero delegado de TCI, Christopher Hohn, recuerda precisamente que la lanzada por ACS es más alta que la del Ejecutivo italiano y que puede llegar a acercarse incluso a los 11.000 millones de euros en que los analistas valoran ASPI. Por este motivo, considera que Atlantia tiene que poder estudiar todas las opciones sin presiones por parte del Estado, pues esto sería una “flagrante violación del principio de libre circulación de capitales”.

A pesar del mayor importe que ofrece la compañía española por la mayor red de autopistas de Italia, con 3.000 kilómetros, en Roma hay cierto recelo a que la compañía no siga bajo control nacional. El ministro de Infraestructuras Giovannini ha advertido recientemente de que el Gobierno podría ejercer, si lo creyera conveniente, el llamado “golden power” o acción de oro, es decir, la facultad del Estado de intervenir en operaciones de mercado sobre empresas italianas consideradas “estratégicas” contra intromisiones extranjeras hostiles. ACS, en cualquier caso, siempre ha manifestado que la operación sólo se ejecutaría con el visto bueno del Gobierno italiano. De hecho, el grupo español se ha mostrado abierto a negociar una oferta conjunta con el Ejecutivo de Draghi y los dos fondos con los que ha presentado su oferta, opción que allanaría la operación.

En Italia se ha especulado en los últimos días con la posibilidad de que en la puja por ASPI puedan entrar ahora otros dos interesados: la firma de inversiones estadounidense Apollo y el grupo italiano Toto Holding, que ya mostraron su interés en octubre pasado pero que se retiraron del proceso por la lentitud en las negociaciones entre Atlantia y CDP. Ambos estarían dispuestos a presentar una oferta por el 88,06% que tiene Atlantia en la concesionaria o proponer unirse al consorcio con CDP, jugando la baza de que la mayor concesionaria italiana gestiona una red de carreteras considerada estratégica y no puede acabar en manos extranjeras